La Subsecretaría de Trabajo de San Juan aún estudia sanciones para los gremios docentes según el presentismo escolar

"Nosotros lo primero que hicimos fue emitir una resolución aclarándole e intimándolos a que se encuentra vigente la ley de modernización laboral y que la misma establece que deben asegurar mediante un plan de acción la prestación de como mínimo el 75% de ese servicio que es meritado esencial público para todo el país. En virtud de eso se les comunicó y se les notificó esa resolución a los sindicatos que se habían presentado ante la Subsecretaría. Estamos analizando la situación en la provincia y esperando sobre todo los informes del Ministerio de Educación sobre cómo fue el acatamiento de la medida de fuerza", aseguró Franco Marchese, subsecretario de Trabajo de San Juan´, sobre las posibles sanciones por el paro docente de esta semana.

El funcionario fundamentó, en diálogo con Radio Estación Claridad, que la actual ley nacional de modernización laboral, conocida como reforma laboral, declara a la educación como un servicio esencial. Bajo este marco legal, los gremios tienen la obligación de garantizar un presentismo mínimo del 75% frente a cualquier jornada de paro. Marchese insistió en que esta normativa está plenamente vigente, ha sido ratificada por la justicia y los gobiernos provinciales no pueden desoír su aplicación ante una protesta.

La situación administrativa frente a estas posibles sanciones no es igual para todas las organizaciones. Los gremios UDAP y AMET realizaron la presentación formal ante la Subsecretaría de Trabajo informando su adhesión a la medida de fuerza nacional. Por el contrario, el gremio UDA no realizó ninguna presentación formal y emitió un comunicado previo donde manifestaba que no se sumaría al paro. Sin embargo, los relevamientos preliminares indicaron un alto acatamiento en las escuelas secundarias, donde UDA tiene mayor representación. Marchese advirtió que si se confirma que los afiliados de este último gremio pararon sin aviso previo de la entidad, la infracción sería más grave que en los otros casos.

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Sobre la situación de UDA, analizó que "habría que merituar la situación, todo depende de los informes y demás. O sea, esto no es dos más dos, acá hay que ver que la situación de cada uno en particular, bien decada sindicato. Si vemos que realmente ello tomaron medidas de fuerza siendo que no habían con anticipación presentado ante la Subsecretaría de Trabajo que lo iban a hacer y siendo que además habían sacado un comunicado diciendo que no iban al paro y finalmente después hicieron y, bueno, se analizará y se merituará su situación para ver las sanciones legales que corresponden".

Para avanzar con las sanciones económicas a los sindicatos, la provincia aguarda los informes detallados por escuela. Marchese aclaró que el relevamiento busca discriminar las inasistencias por el paro de aquellas justificadas por licencias médicas o razones familiares, con el fin de tener una cuenta fina del porcentaje de prestación efectiva. Una vez que se determine si se incumplió el piso del 75%, el Estado provincial quedará habilitado para emitir las resoluciones que establezcan multas económicas para los gremios involucrados.

Esta medida de fuerza en San Juan se dio en el marco de un paro nacional docente convocado en contra del plan económico y las políticas de la gestión de Javier Milei. A pesar de que los sindicatos locales habían llegado recientemente a acuerdos salariales con el gobierno provincial, decidieron trasladar el conflicto de naturaleza nacional al ámbito local. Desde la Subsecretaría de Trabajo ratificaron su competencia para intervenir y sancionar, argumentando que el servicio educativo es provincial, los trabajadores pertenecen a la jurisdicción y no hubo un llamado a conciliación obligatoria por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación que suspendiera las facultades locales.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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