La trastienda del acuerdo con Vicuña: el secreto de cómo San Juan "afiló el lápiz" para quedarse con más fondos mineros

El anuncio realizado por cadena provincial sobre el histórico entendimiento entre el Gobierno de San Juan y la empresa minera Vicuña -la firma integrada por gigantes mundiales como BHP y Lundin- sacudió el escenario económico.  El anticipo de 250 millones de dólares en fondos frescos para obras públicas, sin que se haya extraído aún un solo gramo de cobre, no tiene precedentes reales en la historia reciente, salvo por un lejano y modesto aporte de 50.000 dólares que realizó Barrick Gold en la década de los 90.

Sin embargo, detrás de las fotos oficiales y los discursos de "pactos de confianza", se esconde una negociación de un año y medio de tironeos detrás de bambalinas, que pasó por ferias internacionales, oficinas reservadas en Buenos Aires, Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York.

Tiempo de San Juan accedió a fuentes calificadas que vivieron de cerca la negociación que dio pistas de la verdadera ingeniería política y financiera con la que San Juan logró "afilar el lápiz" frente a las mineras.

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El RIGI: el gran protagonista

El gran interrogante en el sector era cómo la provincia logró doblegar la resistencia de dos de las corporaciones más grandes del planeta. La clave, según revelan las fuentes, estuvo en aprovechar de manera brillante la letra chica del flamante Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Vicuña ostenta un mega proyecto con un RIGI aprobado que contempla una inversión inicial de 9.700 millones de dólares, pero que en total con el desarrollo del proyecto completo ascenderá a unos 18.000 millones. Con semejantes números, las mineras se sentían blindadas bajo la estabilidad fiscal nacional.

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Las fuentes aseguran que la provincia les puso los números sobre la mesa demostrando que con las garantías de seguridad jurídica y el RIGI ya en el bolsillo, Vicuña tenía muchísimo más para ganar que para perder si accedían a las exigencias locales de regalías y fideicomiso, además de un aporte extra no reembolsable.  "San Juan mantuvo y potenció su fuerza negociadora a partir de la sanción del Rigi", confesó un negociador clave.

La enorme diferencia de regalías

Por ley nacional, las provincias argentinas cobran sus regalías del 3% tomando como base el valor del mineral en "boca de mina".  Este cálculo tradicional permite a las empresas descontar una enorme cantidad de costos operativos y de producción antes de liquidar el impuesto, lo que termina licuando el ingreso real de las provincias.

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San Juan, durante la gestión giojista, logró una victoria jurídica clave con la minería del oro, que fue cobrar ese porcentaje del 3% pero sobre la facturación. El desafío para Orrego fue convencer a la minera de aceptar continuar con ese mismo esquema.

En la mesa de negociación, Orrego y su equipo logró que Vicuña aceptara liquidar el 3% de regalías directamente sobre el valor bruto de facturación, y no sobre boca de mina. Y lo que a simple vista parece un tecnicismo sutil, tiene una diferencia en los números finales enorme.

Al cobrar sobre la facturación bruta (sin descuentos de costos de producción), ese 3% nominal equivale en la práctica a obtener entre un 4,3% y un 4,5% real en boca de mina.

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De esa forma San Juan logró saltarse el techo que limita al resto de las provincias mineras del país para garantizarse un flujo de fondos drásticamente superior cuando la mina entre a producir cobre en el año 2030, según planea.

El "pataleo" por el fideicomiso del 1,5%

Uno de los puntos más álgidos de la trastienda fue el aporte para el fideicomiso de infraestructura pública. Por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada en 2022 bajo la gestión anterior para el proyecto Josemaria, a la minera se le exigía un aporte adicional del 1,5% sobre la facturación bruta para integrar un fideicomiso destinado a hacer obras. Eso también proviene de la gestión giojista.

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Pero Lundin en aquel momento rechazó de plano este esquema desde el primer día y "pataleó" enérgicamente en las mesas de trabajo. Las fuentes indicaron que la compañía había ofrecido hacer aportes fijos anuales menores. "Allí es donde entró a tallar la muñeca política y la persuasión durante 18 meses para que el 1,5% se siguiera respetando bajo la misma lógica que ya viene pagando la minería del oro en San Juan", indicaron las fuentes.

Agregaron que se le hizo ver a la minera que con los beneficios obtenidos por el Rigi tenía mucho más para ganar incluso aceptando las exigencias sanjuaninas. El resultado de esa pulseada fue un éxito para las arcas provinciales: la empresa acepta el aporte del 1,5% de las ventas brutas, con la única concesión de que empezará a pagarse a partir del sexto año de operaciones comerciales. A cambio, el Gobierno se comprometió formalmente a no imponerles ninguna otra tasa o contribución análoga en el futuro.

Obras y un millonario desembolso no reembolsable

Además de las regalías y fideicomiso en la etapa de producción, el gobierno logró un desembolso de 250 millones de dólares que ingresará a un fideicomiso provincial de manera fija, no reembolsable y no compensable, previéndose que el pago se inicie en diciembre próximo. La plata tendrá un destino exclusivo: se usará únicamente para obras viales, hídricas y de saneamiento clave para el desarrollo productivo y turístico de toda la provincia.

¿Pero cómo se obtuvo ese desembolso millonario? Las fuentes informaron que fue un traje a medida debido a la magnitud excepcional de Vicuña, un yacimiento de cobre de escala mundial.

En la mesa de negociación el equipo sanjuanino argumentó que la enorme logística que demandará alterará por completo la vida en la provincia: el flujo de mercadería por nombrar solo un aspecto será enorme y en general se espera un impacto en el actual estilo de vida de San Juan.

Las fuentes aclararon que no está previsto que este desembolso millonario anticipado se convierta en una regla general u obligatoria para todas las mineras que vengan a futuro. Habrá que ver.

Por fuera de este dinero, Vicuña financiará con recursos propios obras de infraestructura vitales para el proyecto que también beneficiarán a la provincia, como el Corredor Norte, el camino entre Angualasto en Iglesia y el yacimiento; y la inversión de unos 800 millones de dólares en la línea eléctrica de alta tensión de 500 kV, que ya recibió el visto bueno del ENREGE.

Con la mira puesta en obtener el primer concentrado de cobre para el año 2030, finalmente la gestión orreguista logró destrabar el conflicto administrativo que la empresa arrastraba desde 2022 por la DIA, pero, sobre todo, cerró una negociación que tendrá un beneficio directo y contundente para San Juan.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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