La Unicameral respaldó los acuerdos financieros con la Nación por más de $ 400 mil millones

En la Legislatura provincial, el oficialismo consiguió avanzar este miércoles en la sesión con dos proyectos clave para el Gobierno de Martín Llaryora, como los avales para los 400 mil millones de pesos recibidos de Nación y el pago de un endeudamiento en el marco del Consenso Fiscal 2017.

La UCR aacompañó con cuestionamientos, junto con el Frente Cívico, mientras que otros sectores opositores rechazaron o se abstuvieron y reclamaron explicaciones sobre la situación fiscal de Córdoba y el destino de los recursos.

Se trataron para esto los expedientes Nº 47284/L/26 y Nº 47285/L/26 enviados por el Poder Ejecutivo para formalizar los acuerdos firmados con la Nación. Uno que autoriza el anticipo financiero por $ 400 mil millones (que ya fue recibido por Provincia), con una tasa del 15%, y el segundo que faculta al Ejecutivo al acuerdo por otros $ 15 mil millones a cuenta de una deuda derivada del Consenso Fiscal de 2017.

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El debate dividió a la oposición. Mientras el bloque de la UCR (a excepción de Carlos Briner) y del Frente Cívico decidieron acompañar, aunque con fuertes cuestionamientos sobre el destino de los fondos, otras bancadas rechazaron las iniciativas o se abstuvieron. El principal interrogante planteado fue ''por qué una Provincia que sostiene tener superávit necesita recurrir a asistencia financiera de la Nación'.

La encargada de abrir la discusión por el oficialismo fue la legisladora justicialista Victoria Busso, quien explicó que ambas iniciativas forman parte de la relación financiera entre Córdoba y el Gobierno nacional.

Según señaló, el primer proyecto busca autorizar el convenio para el desembolso de un anticipo de $ 400 mil millones, mientras que el segundo permite avanzar sobre fondos correspondientes a acreencias que Córdoba mantiene con la Nación.

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Busso sostuvo que ambos acuerdos reflejan "las dos caras de una gestión responsable: administrar con equilibrio y, al mismo tiempo, reclamar los recursos que le corresponden a la Provincia'.

"Hay que garantizar que cada peso que es de Córdoba vuelva a Córdoba", afirmó. Y defendió la estrategia de Llaryora al señalar que "se puede dialogar con el Gobierno nacional sin subordinación".

Desde la oposición, el radical Mauricio Jaimes anticipó el acompañamiento de la UCR a la asistencia financiera, aunque reclamó que los recursos también lleguen a municipios y comunas.

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"Hablan de federalismo, pero viven en un mundo paralelo. Córdoba fue un ejemplo de federalismo, pero eso se cayó", cuestionó.

Jaimes pidió que la distribución no dependa de afinidades políticas y advirtió sobre un supuesto esquema de "premios y castigos" hacia las administraciones locales.

"Los recursos tienen que llegar a todos los pueblos por igual", sostuvo. También reclamó controles sobre el destino del dinero y afirmó que muchos intendentes "no se animan a hablar por miedo a represalias".

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El legislador del PRO Oscar Agost Carreño explicó que su bancada decidió abstenerse porque, según afirmó, no contaba con todos los elementos solicitados para evaluar la operación.

Carreño cuestionó que Córdoba exhiba un resultado fiscal positivo y, al mismo tiempo, solicite asistencia a la Nación.

"Celebran superávit y al mismo tiempo pedimos plata. Esto muestra una urgencia financiera que no nos están contando", señaló.

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Además, cuestionó las condiciones del adelanto y planteó que podría terminar siendo "un doble mal negocio" para Córdoba, al pagar intereses por recursos vinculados a fondos de la propia Provincia.

Sobre las acreencias derivadas del Consenso Fiscal, sostuvo que Córdoba debe cobrar lo que le corresponde, pero cuestionó las condiciones financieras del acuerdo.

El radical disidente Dante Rossi apuntó primero contra los recortes de recursos de la Nación a las provincias y consideró que, en ese contexto, no correspondía rechazar el ingreso de los $ 400 mil millones.

"Cuando aparecen los $ 400 mil millones no podemos oponernos si venimos reclamando auxilio", afirmó.

Rossi aclaró, sin embargo, que la discusión debe concentrarse ahora en el uso de esos recursos. En ese sentido, reclamó que una parte sea coparticipada con los municipios y propuso destinar fondos a aliviar el costo del transporte urbano.

"Esperamos que esos fondos se coparticipen en un 20% a los municipios", señaló, y sugirió que la Provincia vuelva a subsidiar parte del boleto para trasladar el beneficio directamente a los cordobeses.

Desde Encuentro Vecinal, Gerado Grosso centró su intervención en las razones que llevaron al Ejecutivo provincial a solicitar semejante volumen de recursos. "Queremos saber qué situación financiera concreta llevó a la Provincia a pedir este monto", planteó.

Para Grosso, antes de aprobar un respaldo de esa magnitud el Gobierno debería explicar con mayor precisión cuál es el estado de las cuentas provinciales y qué destino tendrán los fondos.

La legisladora del Frente de Izquierda Noelia Agüero adelantó su rechazo y volvió a cuestionar el mecanismo legislativo utilizado para validar acuerdos impulsados por el Ejecutivo. "Nunca seremos parte de una escribanía de lujo", afirmó.

Agüero sostuvo, además, que su espacio no acompañará convenios financieros con la administración de Milei, a la que cuestionó duramente durante su intervención.

También rechazó los proyectos el liberal Gregorio Hernández Maqueda, quien caracterizó el anticipo como un "rescate" financiero.

"No podemos aprobar un rescate que es pan para hoy y hambre para mañana, de funcionarios que no están dispuestos a cambiar", sostuvo.

El legislador volvió además sobre las discusiones por el endeudamiento provincial y cuestionó la distancia entre el discurso oficial sobre el superávit y la necesidad de recurrir a fondos nacionales. "¿Qué pasó? ¿Estamos holgados o vamos a la Nación a pedir un rescate?", se preguntó.

El legislador de La Libertad Avanza Agustín Spaccesi también cuestionó el convenio por los $ 400 mil millones. "La Provincia recibe $ 400 mil millones, los tiene que devolver y compromete coparticipación. Esto es un empréstito, por más que digan lo que quieran", afirmó.

Su planteo se concentró en la naturaleza de la operación y en las obligaciones futuras que implicará para las finanzas provinciales.

A su turno, el legislador radical Oscar Saliba, en cambio, anticipó su acompañamiento, aunque reclamó que tanto los recursos provenientes del Consenso Fiscal como parte del anticipo financiero sean distribuidos entre municipios y comunas. "Esperemos que llegue, porque es plata del Estado, no es plata del gobernador", expresó.

Saliba pidió al Ejecutivo que explique cómo se utilizarán los $ 400 mil millones y reclamó información sobre una eventual incorporación de esos recursos al Fondo Federal. "Queremos saber cómo lo van a hacer y cómo van a usar el dinero", sostuvo.

También cuestionó la tasa del 15% acordada para el anticipo: "Es una locura, eso no es una buena negociación".

Y volvió sobre una de las principales contradicciones marcadas por la oposición durante toda la sesión: "Digan si tienen superávit o si hay estrés fiscal".

El cierre por el oficialismo quedó a cargo de la vicepresidenta de la Legislatura, Julieta Rinaldi, quien defendió la situación fiscal de Córdoba y rechazó que la asistencia implique una crisis en las cuentas públicas.

"Sí hay superávit y sí hay muchas obras en ejecución", afirmó.

Rinaldi sostuvo que la aprobación de los convenios constituye "un acto de responsabilidad fiscal" y permitirá a Córdoba continuar reclamando los fondos que considera adeudados por la Nación.

"Es cobrar lo que se nos debe y financiarnos con reglas claras", resumió.

El debate dejó así planteadas dos miradas sobre los acuerdos con la Nación. Para el Gobierno provincial, representan una combinación de financiamiento y recuperación de recursos que pertenecen a Córdoba. Para buena parte de la oposición, en cambio, la llegada de más de $ 400 mil millones expone interrogantes sobre el verdadero estado de las cuentas provinciales.

Fuente: La Voz

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