La usura es ilegítima

El desarrollo de la discusión en torno al sobreendeudamiento de las familias en el marco del deterioro del poder adquisitivo terminó descubriendo un fenómeno perverso: el otorgamiento de créditos con requisitos mínimos a través de fintechs y billeteras virtuales, pero a tasas desmesuradas. No sería extraño que algunos de estos usureros a cielo abierto pretendan seguir con la depredación aprovechando las presiones para que el Estado intervenga y resuelva el problema.

Presentada como panacea de "inclusión financiera", la proliferación de plataformas digitales de crédito dio una escala gigantesca a los fraudes que antes se perpetraban en forma presencial en financieras y casas de ventas de electrodomésticos. El cebo es de hecho el mismo: acceso inmediato al dinero, trámites sencillos, exigencias mínimas; el elemento novedoso es el incremento del alcance y el poder de penetración de la virtualidad. Se desplegó así un esquema de financiamiento sobre una sociedad ayuna de educación financiera y condicionada por la inflación sistémica que ahora exhibe su carácter predatorio: tasas de interés que alcanzan Costos Financieros Totales (CFT) superiores en muchos casos al 600%, 1.000% e incluso al 1.400% anual.

Los niveles de morosidad en ese universo alcanzan el 33% y son dos veces y media superiores a los registrados en los bancos, lo único que faltaría es que el Estado les resuelva el problema so pretexto de solidaridad con quienes son menos endeudados que víctimas. El 70% de los créditos en mora ha sido tomado con estas firmas.

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Inyectar recursos públicos o utilizar la capacidad prestable de la banca estatal para cancelar estas deudas a libro cerrado entraña el peligro sistémico e inequitativo de asegurarle la liquidez a entidades que operaron con una absoluta e irresponsable avaricia crediticia.

Resulta indispensable establecer una distinción entre deudas legítimas e ilegítimas.

Un acreedor legítimo es el que evalúa de manera transparente la capacidad de pago del tomador, aplica tasas alineadas con el costo real del dinero y asume un riesgo comercial compartido. Si el crédito es concebido desde su origen como una trampa contractual, donde las condiciones desmedidas fijadas tornan imposible el cumplimiento formal a largo plazo y convierten a la morosidad no en un accidente, sino en una consecuencia predecible y calculada dentro del propio modelo de negocios, la deuda es ilegítima.

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En el universo de las fintechs y prestadoras no financieras, el cálculo detrás de estas tasas desproporcionadas no busca la sustentabilidad del deudor, sino la amortización acelerada del capital prestado. Debido a los abrumadores montos cobrados en las primeras cuotas en concepto de intereses, comisiones y gastos administrativos, es muy probable que una porción mayoritaria de los deudores declarados en "mora" ya haya abonado con creces el capital original otorgado, sumado a un margen de beneficio desmedido. La usura ya ha embuchado suculentas ganancias mucho antes de que el usuario cayera en la imposibilidad formal de seguir pagando.

Lo que figura en las planillas de morosidad como "cartera irregular" o "saldo exigible" no es, en la enorme mayoría de los casos, dinero real no devuelto, sino una masa monstruosa de intereses sobre intereses, punitorios y recargos inflados artificialmente.

Pretender que el Estado o la banca aparezcan y se conviertan en "pagadores de última instancia" para cancelar esos saldos implicaría convalidar un despojo y garantizarle el cobro completo a un actor que ya extrajo rentabilidades extraordinarias.

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Aparte, se eliminaría cualquier incentivo a la prudencia crediticia. Las plataformas continuarán prestando a mansalva a sabiendas de que, si la cuota no se paga, la tasa usuraria cobrada previamente ya cubrió holgadamente el capital el saldo restante terminará siendo saldado mediante el auxilio financiero del erario público.

Fuente: El Ancasti

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