La venta de títulos apócrifos se extiende por todo el país a través de redes sociales

Con precios que rondan los $80.000 a $190.000, plataformas digitales ofrecen certificaciones falsas de todos los niveles educativos.

El escándalo por la presunta "asociación ilícita" en el IES "Clara J. Armstrong", donde se investiga la emisión de más de 100 títulos falsos, puso en evidencia un problema que trasciende lo local y se expande a lo largo de todo el territorio argentino. Lejos de ser un hecho aislado, la falsificación y comercialización de títulos se convirtió en un negocio ilegal que opera a plena luz del día en plataformas digitales.

En distintos sitios web y perfiles de redes sociales, se publicita abiertamente la gestión de documentación educativa de todos los niveles. Desde certificados de estudios secundarios, pasando por títulos terciarios, hasta diplomas universitarios e incluso de posgrado, son ofrecidos bajo la promesa de ser "oficiales" y con "validez nacional". Las ofertas capturan la atención del usuario con gráficos institucionales, sellos oficiales y leyes educativas nacionales, generando una falsa apariencia de legalidad. Según lo publicitado, los valores para adquirir una certificación apócrifa oscilan entre los $80.000 y los $190.000 pesos, dependiendo del nivel educativo solicitado y el grado de complejidad del documento que se desea falsificar.

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Sin embargo, el mayor riesgo no radica solo en la oferta, sino en el modus operandi de la estafa. Los vendedores entregan el producto final en formato PDF, una modalidad que les permite deslindarse rápidamente de la transacción y evadir cualquier control físico. Para generar confianza en el comprador, los falsificadores aseguran que el certificado figura en los sistemas de consulta oficiales. Esto se logra mediante páginas web truchas que simulan ser plataformas gubernamentales de verificación de títulos, o a través de bases de datos manipuladas, haciendo creer al interesado que posee un documento legítimo.

Advierten que, quien adquiere un certificado de estas características no solo está incurriendo en un delito penal por falsificación de documento público, sino que también queda expuesto a ser estafado económicamente, ya que tras el pago, en algunos casos el vendedor suele cortar todo tipo de contacto.

Fuente: El Ancasti

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