La verdad después de 50 años: la historia de Bernarda Vera, la chilena que todos creían ejecutada en la dictadura

La mujer hoy tiene 80 años y su hija se enteró este lunes que estaba viva. Ahora diputados exigen que restituyan el dinero que el Estado pagó a su familia.

Bernarda Vera figuró durante más de 50 años como desaparecida durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

Este lunes una increíble historia salió a la luz y confirmó que una mujer que creían había muerto durante la dictadura militar en Chile, estaba viva. La mujer, ahora de 80 años, fue hallada viviendo en Argentina. Y un estudio genético confirmó su identidad. La dramática historia de Bernarda Vera impactó a todos.

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Luego de largas cinco décadas, la historia de Bernarda Vera Contardo dio un giro inesperado. Una prueba genética de ADN ordenada por la Justicia chilena confirmó que la mujer, que figuraba entre las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet está viva y reside en Argentina.

El hallazgo reabrió un caso emblemático sobre las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar y generó un fuerte debate en Chile por las reparaciones económicas que el Estado otorgó a su familia al creer que había sido ejecutada.

La hija de Bernarda hoy tiene 58 años, y se enteró oficialmente este lunes de que su madre está viva: ella creció con la información oficial que constató el Informe Rettig, dado a conocer en 1991.

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Aunque tuvo unas primeras señales de que podía estar con vida, no las creyó, hasta comienzos de enero de 2025, cuando fue contactada por el Plan Nacional de Búsqueda, una iniciativa estatal que empujó el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), que investiga las trayectorias de las 1.469 personas que permanecen desaparecidas desde la dictadura.

En esta instancia, una de sus investigadoras, la periodista Pascale Bonnefoy, halló incongruencias en los relatos de la época y dio cuenta de que la exmirista podría, de acuerdo a varias fuentes, haber salido clandestinamente hacia Argentina. Esa fue la base para la prueba de ADN en el marco de una diligencia clave que realizó en sus pesquisas que están bajo reserva.

Los padres de Bernarda fallecieron sin saber que estaba con vida, como lo constató este lunes el juez chileno Álvaro Mesa más de cinco décadas después.

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Durante la Unidad Popular, que lideró el expresidente socialista Salvador Allende, Bernarda Vera trabajaba como profesora en una escuela pública en Puerto Fuy, dentro del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, en la Región de Los Ríos, en el sur de Chile, junto a decenas de miristas.

El Informe Rettig constató que la mayoría del grupo del que formaba parte Vera, que entonces usaba el nombre político Anita, fue ejecutado y hecho desaparecer en Liquiñe, en la zona de la precordillera de Los Andes.

La mujer había sido enjuiciada en un consejo de guerra y era público que varias patrullas militares la buscaban.

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Según señala el Informe Rettig, "es posible presumir que también fue detenida con este grupo Bernarda Rosalba Vera Contardo". De acuerdo con lo relatado por otros testigos, ella se encontraba oculta en algún lugar del Complejo Maderero, ya que era intensamente buscada por las autoridades militares.

Sus familiares habían sido informados de que había sido condenada a muerte en rebeldía en el proceso que se habría instruido por el asalto al Retén Neltume, en el cual se le acusaba de haber participado.

El documento oficial también consignó hace 35 años que la profesora "fue detenida el día 10 de octubre de 1973 en Trafún en la casa de unos trabajadores del Complejo, por efectivos militares. Se presume que fue ejecutada en el Puente Villarrica sobre el río Toltén, junto a los otros detenidos de Liquiñe. Desde el momento de su detención permanece desaparecida".

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En 2009, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior presentó una querella por la desaparición de Bernarda Vera. Esa causa la investigó la ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Emma Díaz Yévenes, quien se jubiló en 2017.

En el proceso declaró la hija de Vera, donde relató que desde 1973 nunca más tuvo contacto con su madre, y que la información que tenía era la oficial.

Riesco recuerda que, durante ese proceso judicial, que la hija de Vera solo tenía la información de la Comisión de Verdad y la que le fue entregada por sus abuelos, quienes la criaron. "Sabía lo que habían dicho algunos amigos de su mamá, pero todos eran testigos de oídas y no había nadie que haya visto una detención", asegura.

Guerrilla Tucumán.

El abogado se enteró este lunes que Vera está con vida. "No sé cuál será el sufrimiento que habrá tenido para no haber visto a su hija. A lo mejor reflexionó que estaba mejor con sus papás; o tenía miedo de que la capturaran. Debe ser una persona muy dañada. Su familia ha sufrido mucho y eso es parte del drama de la dictadura. A Bernarda Vera le mataron a su pareja y a todos sus amigos".

En la indagatoria que realizó Pascale Bonnefoy, la periodista especializada en Investigación y Derechos Humanos que fue parte de Área de Búsqueda y Trayectorias del Plan Nacional de Búsqueda, varias personas de la zona donde estuvo la profesora, en la región de Los Ríos, le manifestaron que logró escapar tras el golpe de Estado. Y que, en adelante, inició un periplo en la clandestinidad.

Logró diversos testimonios de personas que dijeron haber estado con Bernarda Vera en Chile, Argentina y Suecia, después de octubre de 1973. Incluso hay testimonios que señalan que, tras huir a Argentina, participó en la guerrilla del PRT-ERP en Tucumán, y que entre 1977 y 1978 viajó desde a Brasil a Suecia como refugiada política y que en 1984 obtuvo la nacionalidad sueca.

En 2025, Bernarda Vera fue registrada por las cámaras de Chilevisión en Mar del Plata. Actualmente tiene 80 años.

El resultado del examen se conoció este lunes por el Poder Judicial, y fue tomado con las muestras de los familiares de Vera disponibles en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal (SML).

Tras confirmarse que Bernarda estaba viva, los diputados Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayu de la UDI, pidieron al Gobierno de José Antonio Kast que emprenda acciones para que se restituyan los fondos que el Estado ha pagado a la familia de Vera por la ley de reparación. Esto, pese a que nunca supieron que la profesora estaba con vida, ya que el último contacto con ella fue hace 53 años.

Las reparaciones a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura fueron establecidas por una ley que se dictó tras el Informe de la Comisión Rettig. En el caso de Vera, su madre recibió en vida una pensión, y su hija percibe otra.

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Fuente: LM Neuquén

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