La visita del Papa: el discurso y el expediente

Por: María Fernanda de la Quintana

Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Máster en Bioética Internacional. Especializada en Bioética y Derechos Humanos en América Latina (UBA). Formada en Geopolítica (CLACSO).

Por: María Fernanda de la Quintana

Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Máster en Bioética Internacional. Especializada en Bioética y Derechos Humanos en América Latina (UBA). Formada en Geopolítica (CLACSO).

El lunes 9 de noviembre, León XIV entró al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown. Adentro viven más de cuatrocientas personas con discapacidad. Lo recibió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Ante los residentes, el Papa dijo que «sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición», y que «el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales».

Los medicamentos e insumos que el Estado nacional debía entregarles entre marzo y junio de 2026 no llegaron. Esa falta tiene expediente: un juez federal de Lomas de Zamora ordenó embargar las cuentas del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones por 828 millones de pesos.

El Cottolengo figuró en la agenda porque el Papa pidió ir. Eligió una institución que cuida a quienes nadie más cuida, en el lugar exacto donde el Estado debía estar y faltó. La visita convirtió a Claypole en un contraejemplo vivo del modelo.

La noche anterior, en el Palacio Libertad, el Papa habló durante veinticinco minutos ante Javier Milei, gobernadores, legisladores y el cuerpo diplomático. Días antes, según fuentes eclesiásticas citadas por Perfil, la Casa Rosada había pedido conocer el texto por adelantado. El Episcopado se negó.

El pedido revela la operación. El Gobierno quiere la foto con el Papa y teme el mensaje. Antes de llegar a la presidencia, Milei había llamado a Francisco «representante del maligno en la Tierra». Ahora recibe a su sucesor con honores de Estado.

Ese mismo lunes, el Presidente estuvo en la misa de Palermo con su gabinete, ante una multitud. En Claypole, en la casa donde su Ministerio de Salud debe los remedios, al Papa lo había recibido el gobernador.

El mensaje va más allá de la gestión. En septiembre de 2025, en Paraguay, el presidente Milei dijo: "No hay nada más injusto y aberrante que la justicia social". En 2023, como candidato, ante el Consejo de las Américas, la había definido como "un robo".

La justicia social es el principio central de este pontificado, y el Papa lo dejó claro desde el comienzo. Al explicar por qué eligió llamarse León, dijo: «la principal es porque León XIII, con la histórica Encíclica Rerum novarum, afrontó la cuestión social».

Lo que en el Vaticano se llama cuestión social, en la Argentina tiene nombre propio: justicia social. El Catecismo de la Iglesia Católica le dedica un artículo entero con ese título. Medida con la doctrina que este Papa eligió como nombre, la frase del Presidente es una herejía política: llama aberración al principio sobre el que la Iglesia construyó su enseñanza social.

"La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía."

En mayo, una decisión administrativa firmada por Manuel Adorni y Luis Caputo recortó partidas de educación y de salud, incluidas las del programa de lucha contra el cáncer. El INDEC midió el resultado: en el primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó a casi un tercio de las personas y creció respecto del semestre anterior. Con el superávit como meta de todas las decisiones, la persona quedó al servicio de la economía: exactamente el orden que el Papa pidió invertir.
En la UCA, ante empresarios y sindicalistas, León XIV fue más lejos. No se quedó en los números: dijo que privar a una persona del trabajo "es herir gravemente su dignidad". Puso al mercado y al Estado en el mismo plano: ambos deben operar "subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades".

También llamó al sindicato "una institución indispensable" cuando defiende a los que no tienen voz y resiste la "mercantilización de la fuerza de trabajo". Y rescató las tres T de Francisco, tierra, techo y trabajo, como "exigencias de la justicia social". En un país que discute el rol del Estado y el lugar de los gremios, el Papa tomó posición.

"Pienso de manera particular […] en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad."

La respuesta oficial es que, desde el DNU de 2024, los haberes se actualizan todos los meses según la inflación. Sobre el papel, nadie pierde contra los precios.

Pero el bono desmiente esa respuesta: el refuerzo que cobran quienes perciben la mínima está congelado desde marzo de 2024. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina midió el efecto: casi la mitad de los hogares con personas mayores no alcanza a cubrir sus necesidades, el peor registro desde 2017. Más de un tercio de esos hogares postergó la consulta médica o la compra de remedios por falta de dinero.
La indexación cubre la parte del haber que el Gobierno decidió cuidar; el congelamiento, en cambio, recae sobre quienes cobran menos.

"La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar."

En los correos enviados a la Agencia Nacional de Discapacidad, que forman parte de la causa, el Cottolengo advirtió que la falta de entregas interrumpía tratamientos y ponía en riesgo la vida de los residentes. El Ministerio de Salud respondió que faltaban facturas. En octubre, pagó otra deuda con la institución. La justificación oficial es clara: el Estado paga cuando la documentación está en regla.
El argumento no resiste el expediente. El pago de octubre saldó un período anterior, y el embargo cubre los remedios de marzo a junio. El abogado de la institución, Pablo Díaz, explicó que el sistema funcionaba por pedido, auditoría y entrega: las facturas corresponden a los reintegros, y este circuito nunca las pidió.

El gobierno vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, la suspendió por decreto y la reglamentó, en parte, recién después de un fallo que ordenó aplicarla. Aun así, los remedios de Claypole faltaron.

Ese patrón tiene nombre: austeridad punitiva. La meta del superávit se cumple suspendiendo los cuidados más elementales, y el ajuste cae con precisión sobre quienes menos pueden esperar: los jubilados de la mínima, los pacientes oncológicos, las personas con discapacidad.

"La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones."

En febrero de 2026, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en la causa por presuntas coimas en la compra de medicamentos. El Gobierno responde que lo removió en agosto de 2025, cuando se difundieron los audios. Según Chequeado, Spagnuolo fue una de las cuatro personas que más veces visitaron a Milei en la quinta de Olivos. La agencia que dirigía es la misma a la que el Cottolengo le escribió para reclamar los remedios que no llegaban.

"Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños. Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación."

El recorte de mayo se conoció horas antes de la cuarta Marcha Federal Universitaria. Golpeó programas de la Secretaría de Educación y suspendió obras en universidades nacionales. La Ley de Financiamiento Universitario siguió el mismo camino que la de discapacidad: veto, insistencia del Congreso y una batalla judicial.

El Gobierno alegó ante la Corte que la ley causaba un grave e irreparable perjuicio al Estado. En junio, la Corte Suprema rechazó su recurso y dejó firme la cautelar que obliga a pagar salarios y becas. En octubre, la quinta marcha fue dispersada con gases frente al Congreso y terminó con detenidos. El mismo Estado que recorta la universidad gasea a quienes salen a defenderla.

"Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas, procurando que el aprovechamiento de estos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en sus territorios."

El Gobierno ya tenía su respuesta por escrito. La Ley Bases, creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El régimen garantiza a los inversores estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria durante treinta años y habilita que sus litigios se resuelvan en tribunales arbitrales internacionales.

El argumento oficial es la inversión. En mayo, YPF presentó LLL Oil, en Vaca Muerta, como la mayor inversión anunciada dentro del RIGI, y aclaró que el gas asociado irá al mercado local. El crudo, en cambio, se exportará en su totalidad.

Decide el inversor, cobra el exportador y el territorio pone el agua, el subsuelo y los riesgos. Las comunidades que nombró el Papa entran en ese reparto del lado de los que ponen.

"Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad."

Dos leyes superaron el veto con la insistencia del Congreso y dos fallos ordenaron cumplirlas. El modelo eligió a quién cumplirle primero: a los inversores del RIGI les garantizó reglas fijas por ley durante tres décadas, y a los residentes de Claypole, a los estudiantes y a los jubilados les mandó la cuenta.
El discurso duró veinticinco minutos. La estabilidad que el RIGI garantiza dura treinta años.
León XIV cerró con una imagen: ninguna generación empieza la patria desde cero; la recibe y después la entrega. Esta generación ya dejó firmada una parte de lo que va a entregar: el petróleo, el agua y los minerales, comprometidos en reglas que se litigan fuera del país. La otra parte está en un expediente de Lomas de Zamora, donde el Estado figura como deudor de la casa que el Papa eligió visitar.