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Lapadula quiere saber qué pasó con los fondos del Puerto | Diario del Fin del Mundo

Tomando como antecedente el amparo impulsado por el Diario del Fin del Mundo, a partir del cual la Justicia Federal requirió a organismos nacionales información sobre el manejo de los recursos del Puerto de Ushuaia, el legislador Matías Lapadula presentó un pedido de informes para conocer qué controles ejerció la Provincia sobre los ingresos, gastos, cuentas bancarias y transferencias de la terminal durante la intervención nacional.

Por Redacción3 min de lectura
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Lapadula quiere saber qué pasó con los fondos del Puerto | Diario del Fin del Mundo
Lapadula quiere saber qué pasó con los fondos del Puerto | Diario del Fin del Mundo · Foto: El Diario del Fin del Mundo

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l legislador Matías Lapadula presentó ayer un pedido de informes para conocer qué medidas adoptó el Gobierno de Tierra del Fuego para controlar y resguardar los recursos económicos generados por el Puerto de Ushuaia desde el inicio de la intervención dispuesta por el Estado Nacional.

El proyecto está dirigido al Poder Ejecutivo provincial y, en particular, a la Dirección Provincial de Puertos, Fiscalía de Estado y otros organismos competentes. Busca determinar si la Provincia requirió información sobre la recaudación de la terminal, el destino de los fondos, los movimientos bancarios y eventuales transferencias hacia organismos nacionales.

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La iniciativa tiene como antecedente directo la reciente resolución del Juzgado Federal de Ushuaia. Tras un dilatado trámite, el juez Federico Calvete declaró admisible una acción de amparo originada en un pedido de acceso a la información pública realizado por el Diario del Fin del Mundo y requirió a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y a la Administración General de Puertos (AGP) documentación sobre la administración de los recursos del Puerto durante la intervención.

El requerimiento judicial comprende ingresos y gastos, contrataciones, cuentas bancarias, transferencias, gastos operativos y expedientes administrativos. Se busca establecer cuánto dinero ingresó, dónde fue depositado y cuál fue el destino de las transferencias realizadas hacia cuentas vinculadas con la AGP.

En sus fundamentos, Lapadula aclara que la resolución judicial no supone hasta el momento la existencia de irregularidades, sino que apunta a obtener la documentación necesaria antes de arribar a conclusiones.

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El proyecto pone el foco en qué hizo la Provincia, más allá de las acciones judiciales contra la intervención nacional, para controlar específicamente la administración económica y financiera de la terminal. Señala que el Puerto continuó prestando servicios, recibiendo embarcaciones y generando ingresos durante todo ese período.

El pedido del Diario del Fin del Mundo

Los fundamentos recuerdan que el Diario del Fin del Mundo presentó el 25 de marzo de 2026 un pedido de acceso a la información pública ante la ANPyN para conocer ingresos, facturación, cuentas, gastos, contrataciones, saldos y movimientos bancarios. Ante la insuficiencia de la respuesta obtenida, el planteo llegó a la Justicia Federal.

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Ahora Lapadula pretende establecer si la Provincia conoce el monto total recaudado desde el 22 de enero de 2026, cuáles fueron las cuentas utilizadas para depositar tasas, tarifas y otros ingresos y si existieron transferencias hacia la AGP u otros organismos nacionales. En ese caso, reclama conocer montos, fechas, cuentas de origen y destino y el fundamento jurídico de los movimientos.

También pide saber si la Dirección Provincial de Puertos mantiene acceso a la información contable, bancaria y financiera; cuánto estima que debería haber generado la terminal; y qué contrataciones de bienes, servicios y obras se realizaron con esos recursos.

La iniciativa busca además determinar si la Provincia, Puertos o Fiscalía de Estado reclamaron rendiciones de cuentas, extractos bancarios, contratos, órdenes de pago y comprobantes de transferencias, y si iniciaron acciones específicas para obtener esa documentación.

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Lapadula también pregunta si el Ejecutivo buscará acceder a la información que ANPyN y AGP deberán presentar ante el Juzgado Federal y si prevé utilizarla en las causas promovidas contra la intervención.

Otro punto apunta a preservar un eventual reclamo patrimonial de Tierra del Fuego en caso de determinarse que existieron fondos, bienes o recursos administrados, transferidos o utilizados sin sustento jurídico suficiente.

El proyecto recién tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria, cuya fecha aún no fue definida. Si resulta aprobado, el Ejecutivo deberá responder con la documentación respaldatoria correspondiente dentro de los diez días hábiles de recibido el requerimiento.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo

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