Las claves del proyecto de ley para el endeudamiento familiar en San Juan
El Gobierno provincial analiza establecer un límite del 25% o el 30% del sueldo para el pago de deudas de empleados públicos que cobran en el Banco San Juan.

Con casi ocho de cada diez sanjuaninos endeudados, según relevamientos de la Defensoría del Pueblo, el Gobierno provincial trabaja en un proyecto de ley para limitar los descuentos por deudas sobre los salarios de los empleados públicos que cobran a través del Banco San Juan. La iniciativa contempla fijar un tope del 25% o el 30% de los ingresos, sin contar los descuentos previsionales. En una primera etapa alcanzaría a quienes operan con la entidad bancaria provincial, aunque la intención es invitar al resto de los bancos a sumarse. Todavía no hay fecha para enviar el proyecto a la Cámara de Diputados.
La propuesta aparece en medio de un escenario de endeudamiento extendido entre los hogares sanjuaninos. Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo detectó que el 76,8% de los consultados tenía deudas. Otro sondeo realizado por el organismo junto con Amas de Casa del País ubicó el porcentaje en una franja de entre el 74% y el 75,25%.
Con esos números como telón de fondo, el Ejecutivo busca intervenir sobre una de las vías por las que las deudas afectan directamente los ingresos: los descuentos que se realizan sobre los salarios. La intención es establecer un límite para evitar que una porción demasiado alta del sueldo quede comprometida en el pago de obligaciones financieras.
Una de las principales definiciones que todavía debe cerrar el Gobierno es el porcentaje del tope. Por ahora, las alternativas en análisis son el 25% o el 30% del salario, sin incluir los descuentos previsionales. También resta conocer cómo se instrumentará la medida y qué mecanismos se utilizarán para garantizar su cumplimiento.
En principio, el proyecto estaría dirigido a los empleados públicos que cobran sus haberes a través del Banco San Juan. Sin embargo, la intención oficial es convocar a otras entidades bancarias para que adhieran a la iniciativa y ampliar su alcance. Esa posibilidad será clave para determinar hasta dónde llegará la regulación. Por el momento, no hay una fecha definida para la presentación formal del proyecto ante la Cámara de Diputados de San Juan, por lo que todavía resta conocer el texto definitivo y sus condiciones de aplicación.
La discusión provincial se desarrolla mientras la Cámara de Diputados de la Nación avanza con distintas propuestas para atender el endeudamiento familiar y la morosidad. El 29 de septiembre, el oficialismo nacional consiguió un dictamen de mayoría en las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, con el respaldo del PRO y la UCR.
La iniciativa de La Libertad Avanza apunta a reforzar la educación financiera, mejorar la información que reciben los consumidores y establecer mecanismos de doble verificación al momento de otorgar créditos. La oposición, en cambio, no logró unificar todas sus propuestas en un único dictamen, aunque presentó alternativas que incluyen una declaración de emergencia por sobreendeudamiento durante 180 días.
Ese proyecto opositor contempla un régimen de refinanciación para determinadas deudas de consumo con entidades financieras y billeteras virtuales, además de establecer que las cuotas de las obligaciones reestructuradas no superen el 30% de los ingresos de las personas alcanzadas.
Fuente: Tiempo de San Juan
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