Las confesiones del "Militar" Sosa cambian todo el escenario en el juicio por el crimen de Érika Antonella

Nadie más peligroso que quien nada tiene para perder. Esa es la situación de Felipe "El Militar" Sosa: camina hacia una segura condena por el femicidio de la joven Erika Antonella Alvarez, con quien mantenía una oscura relación sostenida en el consumo de estupefacientes. Pero en este proceso no sólo se definirá la condena del polémico empresario de la seguridad de los countries de Yerba Buena, sino también la de quienes —según el fiscal y la querella— colaboraron en el descarte del cuerpo y en el encubrimiento del brutal asesinato.

En un principio eran cuatro los investigados por el crimen: Sosa, su presunta pareja Justina Gordillo, Jorge Orlando "Chicho" Díaz (empleado de El Militar) y Nicolás Navarro Flores. Pero este último optó por un proceso abreviado y al pago de 100 millones de pesos para reducir a la mitad la condena. En este tipo de acuerdos se espera una admisión del crimen y una declaración voluntaria.

Las palabras de Sosa en la primera semana del proceso han hecho peligrar el acuerdo y toda la acusación del fiscal y de la querella. En su primera declaración aseguró que todo el proceso de descarte del cuerpo de la víctima lo hizo solo, dichos que automáticamente convertirían en falsa la declaración de Navarro Flores, con lo que podría caerse el acuerdo.

Este riesgo fue advertido por los defensores de Navarro Flores, los abogados Patricio Char y Candelaria Hernández, quienes tuvieron que salir a defender con dudosos argumentos el acuerdo. En una nota publicada por La Gaceta, los abogados del ya condenado cuestionaron las declaraciones de Sosa y sostuvieron que no afectan la situación procesal de su asistido, el único que ya recibió sentencia firme en la causa. Uno de los planteos centrales de la defensa fue que "hacerse cargo de lo que se hizo representa honrar a la familia de la víctima", en alusión a la decisión de Navarro Flores de reconocer su responsabilidad y ofrecer la reparación económica. Los letrados insistieron en que el testimonio espontáneo de Sosa durante el debate oral no altera la validez del juicio abreviado homologado en julio, ni la colaboración que su cliente prestó en la etapa de investigación.

El mismo escenario abre la posibilidad de un falso testimonio respecto de Justina Gordillo. En sus intervenciones, Sosa la desligó de prácticamente todos los delitos que se le imputan. Afirmó haber actuado solo en el descarte del cuerpo y negó que ella hubiera participado en las maniobras de ocultamiento. Además, al desmentir que Gordillo apareciera en un video íntimo mencionado por las hermanas de la víctima —situando el material en 2023 y con otra mujer—, el principal acusado contradijo de manera directa las versiones que buscaban acreditar un conocimiento y un vínculo previo entre la funcionaria judicial y Érika.

Si el tribunal terminara por sobreseer a Gordillo y Sosa asume toda la culpabilidad, se diluye la posibilidad de un acuerdo económico con la empleada judicial. A diferencia de lo ocurrido con Navarro Flores —donde la querella, la Fiscalía y la defensa arribaron a un convenio que incluyó los 100 millones de pesos—, la posición de Gordillo no cuenta hasta el momento con un acuerdo de reparación. Las declaraciones de Sosa, al desvincularla de manera reiterada, reducen el margen para que la parte querellante sostenga una negociación similar, ya que la base fáctica que se le atribuía (conocimiento del hecho, participación en el encubrimiento y eventual beneficio) queda seriamente cuestionada por el propio principal acusado.

Por último, el tema de las supuestas amenazas adquiere otra lectura cuando se analiza quiénes se beneficiarían con el silencio de Sosa. El abogado defensor del principal acusado, Marcelo Cosiansi, se retiró de una de las jornadas tras denunciar amenazas contra su persona y su familia, y dejó abierta la posibilidad de no continuar con el patrocinio. En paralelo, la defensa de Gordillo aportó capturas de publicaciones en redes que hacían referencia a la imputada, a sus hijos y a sus padres, solicitando medidas preventivas, aunque aclaró que no se trataba de intimidaciones directas. El juez Gonzalo Ortega ratificó que el tribunal no recibe presiones y que el fallo se basará exclusivamente en la prueba.

En este contexto, el silencio de Sosa —o una eventual retracción de sus declaraciones— favorecería principalmente a quienes ya construyeron su posición sobre la base de que existieron colaboradores en el descarte y el encubrimiento: la Fiscalía, la querella encabezada por Carlos Garmendia y quienes, como Navarro Flores, arribaron a acuerdos que dependen de la consistencia de esas versiones. Las confesiones del "Militar" invierten esa lógica: al asumir en soledad el descarte del cuerpo y desvincular a los demás, Sosa deja expuesta la fragilidad de la teoría del caso que sostenía la existencia de una red de encubrimiento.

Fuentes:

Redacción de El Federalista asistido por la IA.

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