Las consecuencias de derogar la Ley de Tierras en Argentina: las advertencias de un especialista y el caso de Tucumán

Resumen para apurados

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar las restricciones a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros abrió un fuerte debate sobre la soberanía territorial, el acceso a los recursos naturales y el futuro de las tierras productivas en la Argentina. Para Pablo Volkind, historiador y coordinador del Observatorio de Tierras, los cambios propuestos no representan simplemente una flexibilización para atraer inversiones, sino que pueden generar consecuencias profundas en la distribución y el control del territorio.

En diálogo con LA GACETA, Volkind cuestionó algunos de los argumentos utilizados para defender la iniciativa y puso el foco en una característica que, según explicó, diferencia a la tierra de otros bienes: su carácter limitado.

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"La tierra es un bien limitado, es un bien que no se puede reproducir, o sea, es irreproducible", dijo. Y agregó que quien adquiere una superficie de tierra "es propietario de una parte del planeta", por lo que la cuestión no se reduce a una operación económica.

Para el especialista, la tierra también involucra "hábitat, territorio, identidad" y recursos naturales. Por eso, consideró que no resulta adecuado comparar la compra de propiedades o la instalación de fábricas con la adquisición de grandes extensiones de territorio.

Volkind señaló que actualmente alrededor del 5% de las tierras argentinas están en manos de capitales extranjeros, unas 13 millones de hectáreas, y recordó que el régimen vigente establece un límite del 15%.

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Uno de los principales cuestionamientos al proyecto, según explicó, está vinculado con la forma en que se establece el nuevo límite. Mientras la legislación actual contempla restricciones a nivel nacional, provincial y departamental, la iniciativa plantea un porcentaje promedio a escala provincial.

Para Volkind, esto podría generar una situación en la que determinadas zonas concentren una proporción muy elevada de tierras extranjerizadas sin superar el promedio permitido para toda la provincia.

El historiador puso como ejemplo a Tucumán. Según los datos que presentó, el departamento Cruz Alta registra actualmente un 16,4% de su territorio en manos extranjeras, mientras que el promedio provincial es del 4,4%.

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"Los capitales extranjeros no están interesados en comprar cualquier tierra. Están interesados en comprar las mejores tierras, las que tienen los recursos: mineros, tierras raras, litio, gas, petróleo, las mejores tierras productivas", afirmó.

En ese escenario, advirtió que un departamento podría concentrar una fuerte extranjerización mientras el promedio provincial continúa por debajo del límite establecido.

"Si en una provincia, por ejemplo, como podría suceder en Tucumán, Cruz Alta y tres o cuatro departamentos más se venden en un 100% al capital extranjero y el resto no se vende nada, el promedio de la provincia va a dar abajo de 25%", planteó.

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Volkind también cuestionó otros aspectos del proyecto. Según su análisis, la iniciativa elimina el límite de superficie que un capital extranjero puede adquirir en cada región del país y también modifica la restricción que impedía que más del 30% de las tierras extranjerizadas quedaran en manos de capitales de una misma nacionalidad.

"Al eliminar el límite podrían vender una superficie mucho mayor del 30% del total a los norteamericanos", sostuvo, y vinculó esa posibilidad con el actual alineamiento político del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos.

Otro punto que consideró especialmente sensible es el referido a las zonas de frontera. De acuerdo con su interpretación del proyecto, la posibilidad de adquirir tierras en esas áreas estratégicas quedaría abierta con autorización de los poderes ejecutivos provincial y nacional.

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Para Volkind, esto podría generar riesgos adicionales en sectores donde ya existen problemas vinculados con el tráfico de personas, armas y estupefacientes.

El especialista puso particular atención sobre las provincias del norte argentino. Explicó que existen departamentos que ya superaban el límite de extranjerización cuando se sancionó la legislación vigente y que, por esa razón, quedaron exceptuados de retroceder sobre ese porcentaje.

"En el NOA en total hay 13 que superan el 15% de tierra extranjerizada", señaló. Mencionó, entre otros casos, departamentos de Salta donde la proporción alcanza niveles mucho mayores.

Según su interpretación, esos territorios son especialmente atractivos para los inversores por su ubicación y por los recursos que concentran. En ese sentido, consideró que elevar el límite y llevarlo a una escala provincial permitiría avanzar sobre áreas donde actualmente la ley impide nuevas adquisiciones.

Para Volkind, la discusión también involucra el federalismo. Advirtió que transferir a las provincias mayores facultades para decidir sobre sus tierras puede generar una relación desigual frente a grandes grupos económicos internacionales.

"Una cosa es negociar estos grandes grupos económicos con estados nacionales y otra con estados provinciales que necesariamente son más acotados, tienen menos fuerza".

La posibilidad de una mayor concentración de tierras en manos extranjeras también genera, según Volkind, un debate sobre la soberanía argentina.

El historiador recordó distintos casos de grandes extensiones de territorio adquiridas por empresarios extranjeros y mencionó el caso del empresario británico Joe Lewis, propietario de amplias extensiones en la Patagonia.

"No son pequeños empresarios que vienen a invertir en la Argentina. Son potentísimos capitales que tienen atrás a sus estados de origen, que vienen a defender sus intereses acá", sostuvo.

Para Volkind, la discusión no pasa por rechazar la llegada de inmigrantes o inversiones extranjeras en sí mismas, sino por distinguir entre esos procesos y la adquisición de grandes extensiones de territorio por parte de grupos económicos con capacidad de influencia internacional.

"Una cosa es el inmigrante que viene a la Argentina como en 1900. Son potentísimos capitales extranjeros que operan y definen parte de la política en la propia Argentina", afirmó.

Otro de los puntos que genera preocupación para el especialista es la modificación de las restricciones sobre las tierras afectadas por incendios.

Volkind explicó que la legislación vigente establece que, cuando un bosque o una zona de monte se incendia, el uso de esa superficie no puede modificarse durante un determinado período. El objetivo, según señaló, es evitar que un incendio pueda convertirse en una vía para cambiar el destino de una superficie protegida y luego obtener un beneficio económico con ella.

"Eso hace que se intente evitar los incendios intencionales", sostuvo.

El proyecto, según su interpretación, permitiría que las tierras quemadas puedan destinarse posteriormente a otros usos. Para Volkind, esto podría generar un incentivo perverso.

"Imagínense ustedes lo que se puede abrir en términos de una carrera acelerada de incendio de nuestros bosques nativos", advirtió.

Fuente: La Gaceta

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