Las fuerzas del cielo no pagan la luz

Pasaron ya dos años y medio desde que Argentina consagró en las urnas a un candidato anarcocapitalista. Su llegada al poder fue el resultado de una alquimia explosiva: hartazgo social procesado con un refinado sentido de la oportunidad.

Durante años, el país habitó la llanura sofocante de una economía estancada e inflacionaria, contemplando una dirigencia de espaldas al pueblo y encerrada en sus luchas intestinas. La reingeniería de las redes y la expansión de la nueva derecha supieron encauzar la rabia dispersa para inaugurar un ensayo político que prometía, nada menos, que cambiar el permanente rumbo de colisión.

Javier Milei encarnó el quiebre montado en una estética asimétrica y una retórica enlatada contra el establishment. Ofreció algo que la política clásica había vuelto inaccesible: una hipótesis de futuro. Esa promesa, por difusa o drástica que fuera, funcionó como un imán.

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Fiel al impacto, la lógica que domina esta etapa de la historia, la plataforma inicial se articuló a fuerza de provocaciones: la liberalización de mercados tan insólitos como el de órganos, armas o drogas; el egocentrismo del tecnócrata que descalifica a quien no domina la planilla de cálculo; y una par de fetiches de enorme pregnancia popular: el dólar y la motosierra.

En la narrativa de campaña, se prometían bolsillos llenos de billetes verdes, mientras la motosierra cercenaría el volumen del Estado. Todo ello coronado por una cruzada sin tregua contra su enemigo constitutivo: la "casta", esa categoría elástica donde convergían políticos, periodistas ensobrados, empresarios prebendarios y burócratas.

En el centro de ese combo, la propuesta contenía la repetida vuelta de tuerca de todos los gobiernos. Como un Churchill insular leído a la criolla, Milei pedía sacrificios porque esta vez sí valía la pena. Desde las escalinatas del Congreso, de espaldas a los legisladores, planteó un ajuste de shock advirtiendo que la travesía golpearía la actividad, el empleo, los salarios y los índices de pobreza.

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El dolor se justificaba como la condición necesaria del rescate: el último trago amargo antes de la reconstrucción.

Hoy, a la vuelta de dos años y medio, el contraste entre la retórica y la praxis exige un balance. Cierta reticencia social a ponderar la voluntad política del Ejecutivo suele conducir a diagnósticos equivocados, pero la realidad impone sus propios matices.

La promesa de la dolarización quedó archivada en el cajón de las consignas electorales. Por el contrario, el peso experimentó un llamativo proceso de apreciación. El tipo de cambio volvió a operar como ancla nominal de los precios, manteniéndose en un esquema de relativa estabilidad.

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En cuanto a la motosierra, la ejecución fue rigurosa. La prioridad absoluta de la administración radicó en la eliminación del déficit fiscal a través de un recorte severo del gasto público, el congelamiento de la plantilla estatal y la erosión del poder adquisitivo en la administración central.

Salvo por la escala y la velocidad, el trazo grueso evoca experimentos del pasado: mientras las partidas destinadas a jubilaciones, salud, educación y desarrollo científico sufrieron contracciones severas, las áreas de inteligencia y el reconocimiento simbólico a las fuerzas de seguridad mantuvieron un lugar de preferencia.

En paralelo y, previsiblemente, la noción original de "casta" fue sufriendo una metamorfosis dialéctica. El concepto se amplió hasta alcanzar a trabajadores de la salud, hacedores culturales, científicos o prensa crítica.

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En contraste, los cuestionamientos a las metodologías de la política tradicional -las estructuras verticales, las negociaciones opacas, la relación con la Justicia- fueron perdiendo peso en el discurso oficial.

La retórica anticasta pasó a ser, en la práctica, la delimitación de una frontera: de un lado el proyecto oficial; del otro, cualquiera que objete la orientación de las reformas o reclame la continuidad de marcos de protección.

En el extremo opuesto, el esquema económico desplegó señales claras: desregulaciones de mercados con tendencia a la concentración, regímenes de blanqueo, incentivos fiscales para sectores extractivos y una flexibilización de los esquemas laborales.

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Si la primera etapa del experimento libertario logró reordenar las variables nominales y mostrar una planilla macroeconómica prolija, la microeconomía cotidiana expone un paisaje sensiblemente más áspero. La distancia entre el optimismo del equipo económico y la mesa de los hogares se mide en cifras concretas: hoy el 78% de los hogares percibe ingresos por debajo de niveles aceptables y dignos. Casi ocho de cada diez familias argentinas habitan hoy los casilleros que van desde la clase media baja hasta la indigencia.

La pirámide social dibuja un contorno afilado. En la cúspide, la clase alta abarca apenas al 5% de la población, con un piso de ingresos fijado en $7,5 millones mensuales. Un escalón más abajo, la clase media alta (C2) concentra al 17% de los hogares, requiriendo al menos $4 millones para sostener su estándar. La franja mayoritaria se comprime en la base: la clase media baja representa un 26% (desde $2,2 millones), mientras que el sector D1 -la clase baja no pobre- conforma el bloque más numeroso con el 31% de la sociedad, requiriendo $1,4 millones mensuales. En el extremo inferior, un 21% de los hogares permanece sumergido en la pobreza, intentando subsistir con ingresos promedio de $900.000.

Esta distribución asimétrica explica por qué el consumo masivo se mantiene helado, aun cuando los índices oficiales señalen la desaceleración de la inflación o amagos de recuperación salarial. Es justamente en ese 78% desplazado donde reside la mayor propensión a consumir: cada peso que ingresa a esos hogares se vuelca inmediatamente al mercado de bienes básicos. Sin embargo, la brecha de ingresos bloquea cualquier tracción significativa de la demanda.

El ajuste, además, adquirió una cualidad transversal. En los sectores de mayor poder adquisitivo, la conducta se reconfiguró en torno al control estricto de costos fijos: revisión de seguros y medicina prepaga, moderación en el uso de servicios y un repliegue en consumos recreativos como viajes, espectáculos y suscripciones digitales, en un contexto de evidente erosión de la capacidad de ahorro. En los segmentos medios, la prioridad absoluta viró hacia la cobertura de alimentos y servicios esenciales, relegando cualquier gasto no imprescindible; la búsqueda de promociones y descuentos dejó de ser una elección táctica para transformarse en un hábito permanente.

Para las familias ubicadas en la franja más vulnerable, la dinámica de supervivencia no admite margen de error. Ante la imposibilidad de absorber cualquier contingencia, la toma de deuda informal opera como el único recurso para tapar baches presupuestarios. En el estrato más postergado, la reestructuración del consumo derivó en una alteración directa de la dieta: la sustitución de la proteína vacuna por pollo, el reemplazo de verduras por harinas y la transición de la leche fluida a la leche en polvo, en un esquema donde comer menos se volvió una realidad silenciosa.

Esta fricción en la economía real comenzó a enviar ondas de choque hacia el ámbito financiero, resquebrajando la confianza ciega del mercado.

Aunque el Palacio de Hacienda insiste en la certeza de un triunfo holgado en las elecciones de 2027, los inversores empiezan a pedir mayores garantías. La interrupción en el sendero descendente del riesgo país obturó, al menos en el corto plazo, la posibilidad de un regreso fluido de la Argentina a los mercados internacionales de crédito.

Detrás del enfriamiento no opera únicamente una lectura técnica, sino la constatación de un desgaste en el humor social.

A poco más de un año de los comicios presidenciales, la efectividad del programa económico vuelve a ser el pivote sobre el que gira la viabilidad política del Gobierno. El esquema oficial apuesta sus fichas a una trilogía de factores: la consolidación de la baja inflacionaria para recomponer paulatinamente los ingresos, el resurgimiento del crédito privado y un proceso de remonetización que devuelva tracción a la actividad económica. En la tensión entre el rigor de los números financieros y la paciencia del bolsillo popular se juega el desenlace del experimento.

Mientras la macroeconomía intenta seducir a los mercados y las familias reordenan sus presupuestos, el tablero político vuelve a situar a los gobernadores en el centro del escenario legislativo. Tras haber sido actores clave para frenar iniciativas como las reformas al régimen de propiedad de la tierra para extranjeros -impulsadas desde el Ministerio de Desregulación-, las provincias decidieron marcarle la cancha a la Casa Rosada frente a lo que consideran un persistente incumplimiento de las promesas de la gestión económica.

El foco de fricción actual se concentra en el Senado, donde permanece congelado el proyecto de recorte al régimen de subsidios al gas por zonas frías. Aunque el oficialismo logró aprobar la media sanción en la Cámara de Diputados apelando al respaldo de los mandatarios provinciales considerados dialoguistas, la iniciativa no registra movimientos.

La causa del estancamiento radica en el incumplimiento de las contraprestaciones comprometidas por el Palacio de Hacienda: una reducción concreta en el costo de la energía eléctrica para las provincias de climas cálidos y la incorporación de las distribuidoras y transportistas provinciales al esquema de regularización de deudas con Cammesa.

El compromiso asumido durante el debate en la Cámara baja contemplaba exenciones impositivas sobre la tarifa eléctrica para Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chaco, Misiones y Santa Fe, jurisdicciones que verán reducidos los beneficios del esquema de zonas frías.

Sin embargo, ante la dilación en la formalización de estas medidas por parte de la Nación, los gobernadores optaron por frenar el trámite parlamentario, rechazando la postura oficial que pretende supeditar los beneficios a la sanción previa de la ley.

Esta falta de respuestas catalizó la reorganización del bloque regional. La cumbre del Norte Grande realizada en Posadas buscó institucionalizar por vía legislativa el concepto de "zona cálida". El reclamo apunta a establecer una tarifa eléctrica diferenciada para regiones caracterizadas por la electrodependencia estructural durante los meses de temperaturas extremas.

A este frente se suma la asimetría en la regularización del mercado eléctrico mayorista. Mientras el proyecto contempla mecanismos para que las distribuidoras y transportistas de jurisdicción federal cancelen sus pasivos mediante la compensación de créditos acumulados durante los años de congelamiento tarifario, las empresas provinciales y municipales quedaron marginadas de este tratamiento, debiendo asumir los saldos deudores sin asistencia de la Nación.

En este ajedrez federal, Misiones volvió a interponer una demanda histórica ante las autoridades nacionales: la necesidad de un tratamiento tarifario diferencial para la energía eléctrica que contemple la ausencia total de redes de gas natural en su territorio.

Este planteo fue uno de los ejes centrales sostenidos por el gobernador Hugo Passalacqua en la Asamblea del Norte Grande.

Como señalaron las autoridades locales, mientras otras jurisdicciones articulan su matriz energética e industrial sobre la base del gas de red, la totalidad del desarrollo productivo, la actividad comercial y el consumo domiciliario misionero dependen de la electricidad.

Esta condición de exclusión de la infraestructura gasífera nacional ubica a la provincia en una posición de vulnerabilidad relativa respecto a los costos de producción y la sustentabilidad del gasto en los hogares.

El reclamo por la redeterminación de las "zonas calientes" persigue un doble objetivo: mitigar el impacto del costo energético en los ingresos familiares en un contexto de retracción del consumo y preservar la competitividad de las industrias locales, evitando la destrucción de puestos de trabajo. Para Misiones, la energía a menor costo no constituye un privilegio, sino un insumo básico para sostener el proceso de desarrollo e integración regional.

Pese a las muestras de entendimiento formal expresadas por funcionarios nacionales respecto a la especificidad del diagnóstico, la postura del Ejecutivo provincial enfatiza la necesidad de pasar de la comprensión teórica a la ejecución de decisiones concretas.

En paralelo, la degradación de la infraestructura vial nacional -con especial énfasis en la ruta nacional 14- obligó a la provincia a gestionar líneas de financiamiento propio para asumir obras de conservación y terceras trochas que corresponden a la Nación, evidenciando los límites de un esquema fiscal de contención que delega responsabilidades primarias.

En el plano subnacional, el impacto de las políticas nacionales y la necesidad de gestionar la escasez aceleraron procesos de reconfiguración política e institucional. La reapertura de las sesiones ordinarias en la Cámara de Representantes de Misiones ofreció una postal nítida de esta nueva etapa: la consolidación de un esquema territorial enfocado en la gobernabilidad y en la defensa de los recursos locales.

La imagen de más de una treintena de intendentes reunidos en la explanada de la Legislatura provincial junto a los integrantes de Movimiento por lo que Viene -el nuevo bloque parlamentario de 17 diputados alineado con el gobernador Passalacqua- funcionó como una demostración de músculo político, eso mismo que muchos no quisieron ver allá por mayo, cuando decenas de alcaldes firmaron un crítico documento.

Esta articulación entre el Poder Ejecutivo, las bancadas legislativas y los jefes comunales busca estructurar una red de contención frente al escenario socioeconómico nacional, priorizando la planificación modular de obras y demandas municipales de cara a los ejercicios 2027 y 2028.

El ingreso formal del Presupuesto provincial para 2027, con un monto proyectado superior a los 5,2 billones de pesos y una concentración superior al 62% en inversión social y 14% en desarrollo económico, marca la cancha de la discusión legislativa para el segundo tramo del año. La conformación de Movimiento por lo que Viene como primera minoría en el recinto no solo reorganiza la correlación de fuerzas dentro de la Cámara, sino que anticipa la búsqueda de consensos transversales para la conducción del cuerpo y la distribución de responsabilidades parlamentarias.

Este reordenamiento territorial no agota su alcance en la escena provincial. La vocación de articular bloques integrados con representantes de otras provincias en el Congreso Nacional sugiere la emergencia de una agenda federal renovada. Ante la fragmentación del escenario político y las exigencias de un modelo centralizado en la austeridad, las provincias apuestan por consolidar frentes regionales capaces de negociar recursos, defender infraestructuras críticas y garantizar condiciones mínimas de desarrollo para sus comunidades.

Fuente: Primera Edición

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