Las fuerzas federales podrán monitorear publicaciones de menores ante amenazas

Las fuerzas policiales y de seguridad federales podrán continuar el monitoreo preventivo de publicaciones realizadas por niñas, niños y adolescentes en redes sociales y otras fuentes digitales abiertas cuando detecten amenazas de ataques en establecimientos educativos o riesgos graves para la vida y la integridad de las personas.

La modificación fue establecida por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 725/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Alejandra Monteoliva.

La norma amplía las excepciones previstas para las tareas preventivas realizadas por las fuerzas federales en sitios web de acceso público. Hasta ahora, cuando el personal advertía que estaba analizando publicaciones realizadas por un menor, debía suspender la actividad y comunicarlo a la autoridad responsable.

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A partir del nuevo régimen, esa suspensión no será obligatoria cuando se presenten determinados escenarios de riesgo. La medida entró en vigencia desde su publicación.

La resolución establece cinco situaciones excepcionales en las que el personal policial podrá mantener la tarea preventiva aun cuando las publicaciones analizadas correspondan a una persona menor de edad.

La primera excepción se aplicará cuando exista riesgo para la vida del propio menor. También se podrá continuar la intervención si aparecen indicios de que se encuentra desamparado, fugado o fue sustraído de su entorno.

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Otro supuesto contempla la detección de señales vinculadas con conductas autolesivas o suicidas. En estos casos, la norma aclara que no será necesario acreditar que el daño sea inminente para mantener el seguimiento preventivo.

Las fuerzas también podrán actuar cuando el menor sea presunta víctima de un delito que se esté cometiendo en tiempo real a través de internet y la interrupción del monitoreo pueda impedir la prevención del hecho o la identificación de su autor.

La quinta excepción, incorporada especialmente ante los casos registrados en establecimientos educativos, habilita la continuidad de la tarea cuando existan indicios fundados de riesgo para la vida o la integridad física de otros menores.

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Este supuesto incluye expresamente la amenaza, planificación o preparación de actos de violencia masiva en escuelas u otros espacios de concurrencia pública, independientemente de que el menor aparezca como posible víctima o presunto autor.

La resolución no autoriza a las fuerzas federales a ingresar libremente en cuentas privadas, interceptar conversaciones personales ni acceder a mensajes protegidos.

La modificación se aplica a las labores preventivas desarrolladas en sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas, dentro del marco establecido por la Resolución 428/2024.

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La regla general continúa prohibiendo el tratamiento sin autorización judicial de datos sensibles y de publicaciones realizadas por niñas, niños y adolescentes. La continuidad del monitoreo solamente será admitida cuando se configure alguno de los cinco supuestos excepcionales incorporados.

En cada intervención, el personal deberá dejar una constancia detallada en el libro de registro sobre las circunstancias concretas que justificaron la decisión de continuar con la tarea. También tendrá que informar inmediatamente a la autoridad responsable.

El Ministerio de Seguridad fundamentó la modificación en el aumento de casos vinculados con amenazas de violencia masiva contra establecimientos educativos difundidas mediante plataformas digitales y redes sociales.

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Según los considerandos de la resolución, la normativa anterior resultaba insuficiente para responder de manera rápida ante situaciones graves e inminentes que no admitían la suspensión automática de las tareas preventivas por el solo hecho de estar involucrado un menor.

El Gobierno sostuvo que la ampliación busca mejorar la detección temprana de posibles conductas delictivas y brindar herramientas operativas a las fuerzas federales, sin eliminar las garantías previstas para proteger los datos y la privacidad de niñas, niños y adolescentes.

La medida se inscribe en el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027 y en el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen.

Fuente: Primera Edición

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