Las Heras: Daniel Orozco y Janina Ortiz negocian penas menores y se declararán culpables por corrupción

Presentaron un pedido de juicio abreviado y propusieron condenas en suspenso. La Fiscalía deberá definir si acepta las condiciones.

La defensa propuso dos años para el exintendente y tres para la diputada suspendida. La decisión está ahora en manos de la Fiscalía. / Los Andes

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El exintendente de Las Heras Daniel Orozco y la diputada provincial suspendida Janina Ortiz presentaron un pedido de juicio abreviado para reconocer los hechos y ser declarados culpables en las causas que enfrentan en la Justicia. La defensa busca acordar penas de prisión en suspenso, aunque la propuesta deberá atravesar una negociación con el Ministerio Público Fiscal antes de poder ser homologada.

El planteo fue presentado por el abogado Raúl Burela ante el fiscal de Delitos Económicos Juan Ticheli y contempla una propuesta de dos años de prisión en suspenso para Orozco y tres años de cumplimiento condicional para Ortiz.

En el caso de la legisladora suspendida, el acuerdo pretendido comprende tanto la causa de las denominadas "cooperativas truchas" como el expediente por amenazas coactivas.

La presentación implica que ambos están dispuestos a admitir los hechos que les atribuye la acusación para intentar resolver su situación penal mediante un procedimiento abreviado y evitar el debate oral. Sin embargo, las penas propuestas por la defensa no están acordadas y deberán ser discutidas con la Fiscalía.

La diputada provincial suspendida, Janina Ortiz, en el Polo Judicial.

Según pudo saber Los Andes, existen objeciones dentro del Ministerio Público a las condiciones planteadas por la defensa. La definición deberá pasar ahora por instancias superiores de la Fiscalía antes de determinar si existe margen para alcanzar un acuerdo.

Además de la duración y modalidad de las penas, quedan por resolver otras consecuencias de una eventual condena, entre ellas las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y las multas que podrían corresponder.

Para que el procedimiento abreviado prospere será necesario que las partes alcancen un acuerdo y que posteriormente sea homologado judicialmente. Hasta que eso ocurra, la presentación de Burela constituye una propuesta de la defensa y no una condena firme.

El cambio en la estrategia judicial de Orozco y Ortiz se produjo después de que la jueza Dolores Ramón confirmara esta semana la elevación a juicio de los imputados en la causa de las cooperativas.

El expediente P-65.010/23 investiga contrataciones realizadas entre 2021 y 2023 por la Municipalidad de Las Heras con la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra durante la gestión de Orozco.

La investigación estuvo a cargo de Ticheli, quien pidió la elevación a juicio en julio de 2025. La acusación sostiene que mediante cuatro procedimientos administrativos —dos licitaciones públicas y dos contrataciones directas— salieron $35.511.386,14 del patrimonio municipal hacia una cuenta perteneciente a la cooperativa.

Orozco y Ortiz están acusados de peculado junto con el exsubsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart. La causa también comprende a otros imputados cuya situación no está alcanzada por la propuesta de juicio abreviado presentada por la defensa del exintendente y la diputada suspendida.

La resolución de Ramón había dejado habilitado el camino hacia el juicio. La presentación conocida ahora abre una vía diferente para Orozco y Ortiz: admitir los hechos y acordar una condena sin atravesar el debate oral.

El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, irá a juicio por peculado en la causa de cooperativas truchas.

La propuesta de tres años de prisión condicional para Ortiz tiene una diferencia respecto de la situación de Orozco: pretende abarcar las dos causas que actualmente la tienen encaminada a juicio.

Además del expediente de las cooperativas, la exsecretaria de Gobierno de Las Heras fue elevada a juicio por amenazas coactivas. Esa investigación tiene como origen la denuncia de dos empleadas municipales y hechos ocurridos durante la anterior gestión comunal.

La hipótesis fiscal sostiene que Ortiz habría presionado a una trabajadora municipal para que mantuviera un encuentro sexual con Oyhenart, lo hiciera hablar y grabara la conversación. Según la acusación, la orden habría sido transmitida mediante otra empleada y bajo la amenaza de que ambas perderían sus puestos de trabajo si no cumplían con el pedido.

En esa investigación también están imputadas las exfuncionarias municipales Patricia Rivero y Dana Carolina Murúa, madre e hija, por un episodio posterior vinculado con la entrega de la grabación.

Ramón también dispuso esta semana la elevación a juicio de Ortiz en ese expediente. La estrategia de su defensa apunta ahora a que el eventual juicio abreviado contemple conjuntamente su situación penal en las dos causas y permita alcanzar una pena de cumplimiento condicional.

La aceptación de las condiciones propuestas dependerá del Ministerio Público Fiscal. Si existe acuerdo, el procedimiento deberá completar las instancias judiciales correspondientes antes de que las penas puedan quedar establecidas.