Lavacoches: la UCR pide que prohiban la actividad en Santa Rosa

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En el marco de la Décima Primera Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Santa Rosa, celebrada el pasado jueves 13 de agosto de 2026, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto de comunicación que busca dar una respuesta definitiva a una problemática de larga data en la capital pampeana: la actividad de los lavacoches y cuidadores de vehículos en la vía pública.

Además de los incidentes puntuales denunciados por los vecino, hace unas semanas un grupo de lavacoches ocupó un local en la calle Yrigoyen. También en le estacionamiento de Estrellas Amarillas hubo un hecho violento, y peleas en la zona de Faerac en Alberdi y Roque Saez Peña y otros sectores del centro santarroseño.

La iniciativa, impulsada por los ediles Romina Paci, María Luján Mazzucco y Diego Camargo, pone el foco en lo que denominan una "apropiación del espacio público" y solicita al Departamento Ejecutivo Municipal medidas urgentes para terminar con estas prácticas informales, proponiendo a la vez un camino de inserción laboral para los involucrados.

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Un diagnóstico de conflicto y derroche

En los fundamentos del proyecto, los concejales radicales realizan un crudo diagnóstico de la situación actual en las calles santarroseñas. Advierten que la práctica, lejos de ser un fenómeno aislado, se ha extendido con "distintos matices" y ha escalado en niveles de conflictividad.

Según el proyecto, la exigencia de un "cobro compulsivo a los automovilistas" y la "insistencia desmedida" para el lavado de vehículos generan roces constantes con los vecinos, que en ocasiones han derivado en episodios de "violencia física" reflejados en los medios locales.

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Uno de los puntos más críticos señalados por la UCR es el impacto ambiental y el incumplimiento de las normas básicas de convivencia. El bloque destaca que la actividad de los denominados "trapitos" transgrede la Ordenanza N.º 1816/96, ya que consideran que la misma implica un "derroche de agua potable" al realizarse fuera de los horarios permitidos y sin los controles adecuados.

El pedido puntual al Ejecutivo

El proyecto de comunicación es taxativo en sus requerimientos. El bloque de la UCR apela al ejercicio del "poder de policía" que posee el Departamento Ejecutivo, basándose en el artículo 67 de la Ley 1597, para regularizar el uso del espacio público y garantizar que los ciudadanos puedan circular y estacionar sin condicionamientos.

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En la parte dispositiva del proyecto, los concejales detallan su pedido principal: "El Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo solicitando gestione la implementación de medidas tendientes a la erradicación de las prácticas informales de lavado y/o vigilancia de autos en las calles de la ciudad de Santa Rosa, desarrolladas por personas ajenas al Municipio".

Asimismo, el pedido enfatiza que estas acciones deben ejecutarse sobre aquellas actividades que se realicen "mediante la exigencia de pago de dinero", dejando en claro que el objetivo es eliminar la obligatoriedad de facto que imponen algunos cuidacoches en zonas de estacionamiento medido o áreas de alta afluencia.

Reinserción laboral como alternativa

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Conscientes de la vulnerabilidad social que suele rodear a quienes desempeñan estas tareas, el bloque radical no se limita únicamente a la prohibición o erradicación. El proyecto incluye un componente de política social, instando a la gestión del intendente Luciano di Nápoli a buscar soluciones de fondo.

En este sentido, el texto aprobado solicita que la erradicación se realice "buscando alternativas para que quienes se dediquen a ello puedan insertarse laboralmente". Con esto, la oposición busca que el municipio asuma un rol activo en la capacitación y reconversión de los trabajadores informales, evitando que la medida sea puramente punitiva y apunte a una solución integral de la problemática social subyacente.

Hacia un espacio público regulado

La presentación de este proyecto por parte de la UCR se suma a otros reclamos del bloque por el ordenamiento urbano, como la reparación de parques infantiles o la instalación de videovigilancia para controlar microbasurales. Para los concejales, el caso de los lavacoches es un ejemplo de cómo la ausencia del Estado en el control de las ordenanzas vigentes debilita la confianza de la sociedad en las instituciones y perjudica la convivencia diaria.

Ahora el Ejecutivo Municipal deberá evaluar la viabilidad de estas medidas y proponer un plan de acción que equilibre la necesidad de recuperar el orden en las calles con la implementación de programas de empleo efectivos para los sectores más desprotegidos de la ciudad.

Fuente: El Diario de La Pampa

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