Leal se negó a declarar y evitó hablar de los 2,4 millones de dólares secuestrados
El ex titular de ARSAT llegó desde la cárcel de Ezeiza al juzgado de San Isidro en un camión del Servicio Penitenciario. Presentó un escrito donde cuestionó la investigación del fiscal Domínguez y negó su participació…

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EL DIARIO digital
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El ex presidente de ARSAT, Facundo Leal, fue indagado este lunes en el marco de la causa federal que investiga el presunto pago de retornos y coimas dentro de la empresa estatal de telecomunicaciones. Leal, quien ocupó cargos de máxima relevancia tanto en la gestión de Alberto Fernández como en la de Javier Milei, optó por no responder preguntas y se limitó a presentar un descargo por escrito que omitió cualquier referencia a los 2,4 millones de dólares en efectivo hallados en sus propiedades.
El ex funcionario arribó al juzgado federal de San Isidro bajo un fuerte operativo de traslado desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde se encuentra detenido por otra causa penal vinculada al hallazgo de estupefacientes en sus domicilios durante los allanamientos de mayo pasado. Tras la lectura de los cargos y bajo el patrocinio del abogado Marcelo Rocchetti, Leal solo habló para revalidar sus datos filiatorios antes de acogerse a su derecho de no declarar.
En la pieza procesal entregada al juez federal Lino Mirabelli, la defensa de Leal apuntó contra el diseño de la instrucción penal llevada adelante por el fiscal Fernando Domínguez. El ex directivo de ARSAT argumentó que la fiscalía continúa produciendo medidas de prueba de manera constante, lo que —según su postura— afecta su derecho constitucional a la defensa en juicio. Asimismo, desligó su responsabilidad administrativa al asegurar que, por las funciones jerárquicas que desempeñaba en la firma estatal, no tuvo participación ni injerencia en la contratación bajo sospecha.
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La maniobra bajo la lupa
La hipótesis judicial sostiene que ex directivos de ARSAT recibieron dádivas por parte de la firma Argentina Logistic Services (ALS) —proveedora del organismo desde 2014— para garantizarle la adjudicación directa y fraccionada del depósito de materiales del "Proyecto Shelter-2". Las alarmas de la justicia se encendieron luego de que en enero de 2024 se denunciara la intrusión en 17 contenedores y el robo de cables de fibra óptica en un predio que carecía de medidas básicas de seguridad, como cámaras de vigilancia.
La pesquisa judicial determinó que ALS habría accedido al contrato mediante una "simulación de competencia", presentando ofertas de tres empresas que formalmente competían entre sí, pero que compartían directivos y estructuras operativas.
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El expediente penal contra Leal corre en paralelo a otras dos derivaciones complejas:
Enriquecimiento ilícito: El origen de los 2,4 millones de dólares hallados en sus viviendas de Capital Federal y Mendoza no forma parte de esta indagatoria y se tramita en un expediente independiente.
Narcomenudeo: En los mismos procedimientos de mayo, las fuerzas de seguridad secuestraron una importante cantidad de drogas sintéticas (MDMA, ketamina, cristal y cocaína). Por este hecho, el juez Daniel Rafecas lo procesó por tenencia con fines de comercialización, mientras la defensa solicita la prisión domiciliaria alegando un cuadro de adicción severa.
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Bajo la misma estrategia
Durante la jornada de este lunes también compareció ante el juzgado de San Isidro Gerardo Boschin, ex subgerente de compras de ARSAT. Boschin, quien también cuenta con la asistencia técnica del abogado Rocchetti, replicó de manera idéntica la estrategia de Leal: se negó a responder el interrogatorio del fiscal y adjuntó un escrito con fuertes críticas al avance de la investigación.
La acusación contra Boschin y contra el ex gerente Pablo Pagani se sostiene principalmente en el contenido de los teléfonos celulares secuestrados por la justicia, donde se detectaron chats y comunicaciones que, según los investigadores, exponen de forma directa la logística del pago de los sobornos.
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Tras completarse las últimas declaraciones indagatorias programadas para esta semana, el juez Mirabelli dispondrá del plazo ordenatorio de diez días hábiles para resolver la situación procesal de la totalidad de los imputados, definiendo si dicta los procesamientos, sobreseimientos o la falta de mérito.
Fuente: El Diario de La Pampa
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