Ley de Desarrollo Local: la minería sumará una matriz para medir empleo, proveedores e impacto social

La herramienta reunirá información de los proyectos mineros para evaluar su aporte al empleo, las empresas locales y las comunidades de San Juan.

La minería medirá su impacto en el empleo y las comunidades

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La Ley de Desarrollo Local que impulsa el Ministerio de Minería de San Juan incorporará una matriz socioeconómica destinada a relevar y monitorear el impacto que genera la actividad en la provincia. La herramienta permitirá medir de forma objetiva y permanente el aporte de la minería al desarrollo económico y social.

La creación de este sistema representa una iniciativa inédita para la gestión minera local, ya que establecerá por primera vez un mecanismo integral para ordenar información sobre empleo, contratación de proveedores y desarrollo comunitario.

Los datos serán transformados en indicadores que permitirán conocer con mayor precisión cuánto aporta la actividad al crecimiento de los departamentos donde se encuentran los diferentes proyectos mineros.

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La iniciativa forma parte del proceso de digitalización que lleva adelante la cartera minera y apunta a centralizar en una única plataforma la información proveniente de las empresas. El objetivo es dejar atrás los análisis aislados para construir una visión integral de la minería y de sus efectos sobre el territorio.

Según la fundamentación técnica elaborada por el Ministerio, el módulo fue concebido para convertir datos dispersos en una herramienta estratégica de gestión pública. La intención es que la actividad no sea evaluada solamente a partir de sus indicadores productivos, sino también por su incidencia en la sostenibilidad, la equidad y el desarrollo socioeconómico provincial.

Desde el organismo consideran que disponer de información actualizada facilitará la toma de decisiones y permitirá ajustar las políticas públicas de acuerdo con la evolución de los indicadores.

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Entre los beneficios previstos se encuentra la posibilidad de identificar comunidades o zonas que no estén captando de manera suficiente las oportunidades generadas por la minería, detectar aspectos que necesiten mejoras y comparar resultados entre distintos proyectos para replicar experiencias exitosas.

El desafío consiste en que el Estado provincial asuma un papel más activo en la generación de valor social derivado de la actividad minera. Bajo esa mirada, la información sobre empleo, proveedores y comunidades dejará de ser únicamente un registro estadístico para convertirse en una herramienta de planificación.

Para sostener el sistema se proyecta la participación de un equipo interdisciplinario, con funciones vinculadas al análisis del impacto económico, la auditoría de datos, la infraestructura tecnológica, el marco regulatorio y el seguimiento de indicadores sociales.

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La propuesta trabajará sobre tres ejes. El primero será el sector privado, mediante el seguimiento de los datos aportados por las empresas mineras. El segundo corresponderá al sector público, a través de la coordinación de programas estatales en los departamentos vinculados con la actividad.

El tercer eje estará enfocado en las comunidades, mediante acciones periódicas de participación y relevamiento de sus necesidades. De esta manera, se buscará que la información obtenida permita conocer con mayor claridad cómo se distribuyen los beneficios y qué demandas permanecen pendientes.

La meta final es construir una base de información que permita anticipar necesidades, planificar intervenciones y acompañar el crecimiento de las regiones mineras mediante criterios objetivos.

Fuente: Diario de Cuyo

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