Ley de emergencia yerbatera: fijar un precio mínimo y darle al Estado provincial herramientas de regulación

La crisis que atraviesa la producción primaria yerbatera volvió a ocupar el centro de la agenda en Misiones con la presentación de un proyecto de ley destinado a declarar la emergencia para la continuidad de la producción primaria yerbatera. La iniciativa busca establecer herramientas de protección para productores y tareferos frente al deterioro de los ingresos del sector.

El asesor jurídico de los yerbateros misioneros, Federico Padolski, explicó que el proyecto parte de una situación y crisis que considera estructural: la pérdida de herramientas institucionales para equilibrar la relación entre quienes producen la materia prima y las grandes industrias compradoras que, desde el DNU 70/2023, han tenido una posición dominante abusiva.

Según planteó, los pequeños productores enfrentan una posición de debilidad frente a una industria concentrada, a lo que llamó un "mercado oligopsónico", es decir, con pocos compradores frente a una gran cantidad de productores.

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En diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, el letrado explicó que esta situación genera una relación desigual entre miles de productores y un grupo reducido de grandes empresas con capacidad para incidir sobre el precio. Este escenario deja al productor "a merced de que las grandes empresas son las que terminan fijando el precio", advirtió.

En este punto aparece uno de los principales fundamentos para reclamar nuevamente la intervención estatal. Padolski sostuvo que cuando el Estado resigna su capacidad de regulación sobre un mercado imperfecto, ese espacio no queda vacío, sino que termina siendo ocupado por quienes cuentan con mayor poder económico. "Cuando el Estado relega la facultad de regulación, su soberanía regulatoria, ¿quién pasa a regular ese mercado imperfecto? ¿Quién tiene el poder de hacerlo? Quien tiene la posición dominante", afirmó.

Y fue más allá al advertir que, desde la mirada de los productores, actualmente existe un abuso de esa posición dominante, por lo que consideran necesaria la intervención del Estado provincial para equilibrar la relación entre los distintos actores de la cadena.

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Uno de los principales puntos de la propuesta es la autorización al Poder Ejecutivo provincial para establecer un precio mínimo obligatorio para la hoja verde. De acuerdo con el texto del proyecto, ese valor deberá contemplar los costos de una producción eficiente, las obligaciones laborales, previsionales y fiscales, además de garantizar un margen de rentabilidad para los productores.

Padolski aclaró que el proyecto no establece de manera directa un precio mínimo determinado para la hoja verde, sino que busca otorgar al Ejecutivo provincial herramientas para intervenir ante una situación, que consideran, "excepcional y transitoria", explicó.

Aquí, aclaró que no se busca que el Gobierno provincial determine unilateralmente el precio. El fin es asegurar un piso jurídico indispensable para evitar la desaparición de miles de familiares productoras yerbateras de Misiones.

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La iniciativa también apunta a que el Poder Ejecutivo pueda ejercer facultades de regulación y convocar a los distintos actores de la cadena a instancias de negociación y concertación.

En ese sentido, el abogado marcó una diferencia entre las mesas de diálogo realizadas hasta ahora y el esquema que propone el proyecto: "Una cosa es llamar a una concertación con esa facultad, que llamar a esa concertación sin esa facultad".

El proyecto busca generar, justamente, un contrapeso frente a esa posición dominante.

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El proyecto también incorpora la situación de los tareferos, el sector más sufrido de la cadena. En este caso, Padolski explicó que el objetivo es garantizar el cumplimiento del valor establecido en las paritarias para el trabajo de cosecha. "Lo que tiende a garantizar es justamente el precio de su trabajo: el precio de lo que corresponde pagarle por kilo de hoja verde", explicó.

De esta manera, el mecanismo funcionaría como un piso de referencia y no como un techo, permitiendo posteriormente negociar valores superiores.

Asimismo, la medida permitiría que compradores y productores negocien valores superiores, pero impediría que las operaciones se concreten por debajo del piso determinado por la Provincia.

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Por otra parte, el proyecto establece inicialmente una vigencia de un año, con la posibilidad de extenderla por otro año más.

Uno de los ejes de la argumentación de los productores está puesto en las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023, que, según Padolski, alteró el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) "dejando a la producción primaria misionera sin ningún tipo de tutela", sostuvo.

En ese marco, el abogado recordó que actualmente impulsa judicialmente un planteo de inconstitucionalidad contra el decreto, aunque aclaró que el proyecto provincial busca generar una herramienta transitoria mientras esa discusión continúa en los tribunales. "Mientras se resuelve todo eso, ¿cómo continúa la protección que estaba establecida en esa ley original?", planteó.

Para los impulsores del proyecto, la caída del valor de la materia prima no puede explicarse únicamente por una supuesta sobreoferta. Padolski aseguró que los análisis realizados sobre distintos indicadores del negocio no muestran alteraciones significativas en variables como el ingreso de materia prima, las ventas en góndola o los stocks.

Incluso señaló que durante el primer cuatrimestre se habría registrado una caída, de un tercio, en el ingreso de materia prima a los secaderos.

Según su interpretación, si el problema fuera exclusivamente una cuestión de sobreoferta, una menor entrada de materia prima debería generar presión alcista sobre el precio, algo que, sostuvo, no estaría ocurriendo.

La presentación del proyecto estaba prevista para este miércoles a las 10, con una reunión entre los impulsores de la iniciativa, productores y legisladores que buscarán avanzar con su tratamiento en la Cámara de Representantes de Misiones.

Fuente: Primera Edición

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