Ley de Inviolavilidad Privada: Celeste Giménez anticipó su rechazo y alertó por el impacto que podría tener en San Juan

El Senado de la Nación tratará este jueves la Ley de Inviolavilidad Privada, un paquete de medidas que busca, entre otras cosas, flexibilizar y desregular la compra de tierras por parte de capitales extranjeros. En este contexto, la senadora por San Juan, Celeste Giménez, adelantó su voto negativo y advirtió las consecuencias negativas que podría tener la aprobación de la modificación de la Ley de Tierras Rurales. Según indicó a Tiempo de San Juan, la provincia es una de las más comprometidas del país, con más del 10% del territorio en manos extranjeras.

La ley 26.737, más conocida como Ley de Tierras Rurales, aprobada en diciembre del 2011, establece límites a la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras. Entre sus principales disposiciones, fija que los extranjeros no pueden superar el 15% de la superficie rural del país, de cada provincia o municipio; limita la cantidad de tierras que puede concentrar una misma nacionalidad y un mismo propietario; restringe la compra de predios ubicados en zonas consideradas estratégicas, como aquellas cercanas a importantes cuerpos de agua.

En ese contexto, Giménez advirtió que más del 10% de la superficie de San Juan está en manos de propietarios extranjeros. Incluso, señaló que hay departamentos donde esa proporción es considerablemente mayor: Iglesia encabeza la lista, con el 25% de su territorio en manos de extranjeros, seguido por San Martín, donde la cifra alcanza el 20%.

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"En esto radica la diferencia entre ambos modelos de país. El nuestro, el propuesto por Néstor y Cristina, y el de este gobierno. Para nosotros el Estado debe conducir las riendas de la industria, para Milei es el mercado", planteó. En este sentido, la senadora planteó: "Es por esto que hay un ataque sistemático al CONICET, a las universidades, a los parques nacionales, a todos los que puedan frenar esto".

Respecto a su tratamiento, Giménez contó que el Gobierno presentó una nuevo cambio en el despacho de la modificación de la Ley de Tierras. En vez de eliminar los límites de compras extranjeras, los subieron del 15% al 25%. Esta vez solo le pone un tope a los limites provinciales, no departamentales, lo que significa que, si quisieran comprar todo un paso fronterizo en Iglesia, lo podrían hacer en el caso que no se supere el límite de 25%.

La senadora explicó que este cambio podría sumar voluntades de los legisladores "dialoguistas" para el tratamiento de la modificación el jueves 6 de agosto, por lo que la aprobación de la ley es muy probable. "Es el peor proyecto de ley que han presentado", sentenció.

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La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional reúne una serie de modificaciones a distintas leyes vinculadas con la propiedad privada, el acceso a la tierra y las facultades del Estado. El proyecto propone cambios en cuatro ejes principales: los desalojos de inmuebles usurpados, la Ley de Tierras Rurales, el régimen de expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.

En materia de desalojos, la propuesta crea un procedimiento judicial sumarísimo para acelerar la restitución de inmuebles ocupados de manera ilegal. Además, habilita a los jueces a ordenar la devolución anticipada de la propiedad durante las primeras etapas del proceso y establece el uso obligatorio de domicilios electrónicos para agilizar las notificaciones y reducir los tiempos de los trámites judiciales.

Otro de los puntos centrales es la modificación de la Ley de Tierras Rurales. Si bien el proyecto original planteaba eliminar por completo las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, durante el debate en el Senado se acordó una versión intermedia. El nuevo texto eleva el límite global de extranjerización de las tierras rurales a entre el 20% y el 25% de la superficie provincial y elimina los topes por departamento. Al mismo tiempo, mantiene la intervención del Estado nacional en zonas de frontera y otras áreas consideradas estratégicas para la seguridad.

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La iniciativa también reforma el régimen de expropiaciones. En este aspecto, busca restringir las facultades del Estado para declarar bienes de utilidad pública, incorporando mayores requisitos para avanzar con una expropiación. Además, establece que las indemnizaciones deberán calcularse sobre valores de mercado e introduce límites para el reconocimiento del lucro cesante.

Por último, el proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta reduce los plazos durante los cuales los terrenos rurales afectados por incendios accidentales no pueden venderse ni cambiar su uso productivo. Sin embargo, tras las negociaciones parlamentarias, se mantuvieron las restricciones vigentes para los bosques nativos, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria sobre áreas protegidas.

Fuente: Tiempo de San Juan

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