Ley de sanciones por Malvinas: Milei plantea derribar aviones y hundir barcos hostiles

El Gobierno nacional contempla el derribo de aviones y el hundimiento de buques hostiles en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que acaba de serenviado por el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación. La iniciativa, que ya ingresó a la Cámara de Diputados, busca proteger los derechos soberanos del país y se organiza sobre tres ejes fundamentales. Estos tres pilares consisten en castigar a quienes exploten los recursos naturales de forma ilegítima, generar incentivos para que detengan esa conducta y brindar al Estado herramientas de protección ante amenazas externas.

La principal novedad del proyecto oficialista radica en la derogación del régimen establecido por la Ley 26.659 del año 2011, al que la gestión actual considera ineficiente, para reemplazarlo por un marco normativo más estricto. Entre sus medidas más fuertes, la propuesta amplía las sanciones a toda la explotación de recursos naturales, sumando la pesca ilegal a la actividad petrolera. El texto fija condenas de 12 a 20 años de prisión para la extracción ilegítima de hidrocarburos o recursos no renovables como la pesca, castiga con 12 a 15 años la exploración no autorizada y prevé entre 5 y 7 años de cárcel para quienes brinden servicios a estas operaciones. Asimismo, impone sanciones administrativas y económicas como la inhabilitación para operar en el país, la pérdida de exenciones impositivas y la rescisión de contratos estatales, lo que compromete a firmas relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion o presentes en Vaca Muerta y en el RIGI.

En materia de defensa y uso de la fuerza, el texto fija protocolos específicos para neutralizar riesgos en el territorio nacional. Para el espacio aéreo, faculta a las autoridades a realizar disparos intimidatorios contra aeronaves consideradas hostiles y autoriza el uso de la fuerza como último recurso con el aval del Presidente o del Ministro de Defensa. En el ámbito marítimo, ante buques hostiles se establecen advertencias, maniobras de interposición y disparos de advertencia o de inutilización, habilitando el hundimiento como medida final pero prohibiendo expresamente esta acción contra buques civiles. Adicionalmente, el proyecto crea el Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional conducido por el Presidente para coordinar áreas de inteligencia, economía, defensa y diplomacia. También incorpora penas de 5 a 12 años de prisión para quienes realicen campañas masivas de desinformación que busquen alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.

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Este proyecto se da en medio de la movida oficial para actualizar la defensa de la causa Malvinas, considerada por el Gobierno un compromiso nacional de todas las generaciones. La medida vuelve a implementar el esquema de derribo de aeronaves que se aplicó durante la gestión de Mauricio Macri y endurece la postura frente a empresas extranjeras que explotan ilegítimamente la zona sin contar con autorización argentina. Con esto se busca frenar negocios no autorizados en el Atlántico Sur que el régimen legal anterior de 2011 no logró contener.

El proceso se inició con la elaboración de la propuesta dentro del Poder Ejecutivo y su remisión formal mediante un comunicado de la Oficina del Presidente hacia la Cámara de Diputados. Ahora, el proyecto deberá ser debatido en las comisiones y en el recinto del Congreso de la Nación. Para esta etapa, Milei pidió a la dirigencia política que ponga una pausa a otras discusiones y le otorgue máxima prioridad y celeridad al tratamiento legislativo. De aprobarse la norma, el Ejecutivo avanzará en la estructuración del Consejo de Seguridad Nacional para diseñar e implementar la nueva Política de Seguridad Nacional.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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