Ley de Tierras: advierten por el aumento de los precios

La eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros podría modificar de manera profunda la estructura de la propiedad rural en Argentina. Especialistas advirtieron que el proyecto en debate en el Senado no solo facilitaría el ingreso de capitales extranjeros, sino que además impulsaría un aumento del precio de la tierra, dificultaría el acceso para pequeños productores y profundizaría un proceso de concentración que ya caracteriza al sector agropecuario.

Según el artículo de El Destape, el proceso de extranjerización ya golpea con fuerza a un corredor estratégico del país: la cuenca del río Paraná. Misiones, Corrientes y Entre Ríos —las tres provincias que se despliegan a lo largo de ese río, desde la Triple Frontera hasta el Delta— concentran algunos de los departamentos más comprometidos del país en materia de propiedad extranjera de la tierra.

El proyecto, denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" por el oficialismo, apunta a terminar de distorsionar el negocio del agro y entregar en bandeja el control de precio de los alimentos a las empresas extranjeras.

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Propiedad rural.

La estructura de la propiedad rural argentina ya exhibe elevados niveles de concentración. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, alrededor de 62 millones de hectáreas —equivalentes al 35% del territorio nacional— pertenecen a poco más de 1.200 grandes propietarios, que representan apenas el 0,1% del total de dueños privados.

En varias regiones esa concentración se encuentra fuertemente vinculada a grandes grupos económicos y capitales extranjeros. La Patagonia constituye uno de los casos más representativos, con enormes extensiones en manos de conglomerados internacionales y de grandes grupos empresarios, una situación que desde hace años genera cuestionamientos por el control de recursos estratégicos como bosques, lagos, ríos, glaciares y tierras productivas.

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Tope.

La iniciativa elimina el tope del 15% de tierras rurales que actualmente pueden quedar en manos extranjeras, así como los límites por nacionalidad y las restricciones de superficie por propietario. Para la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la reforma desplaza el foco de la regulación estatal y deja prácticamente sin controles a los grandes capitales privados internacionales.

La entidad sostiene que, al desaparecer esos límites, el Estado pierde una de sus principales herramientas para prevenir procesos de concentración de la propiedad y de apropiación de recursos naturales estratégicos. Además, el proyecto elimina el Consejo Interministerial de Tierras Rurales y se suma a otras iniciativas recientes —como el RIGI y el denominado Súper RIGI— que, según la organización, reducen la capacidad estatal para planificar políticas vinculadas al territorio.

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Uno de los especialistas consultados por el medio citado, el coordinador del Observatorio de Tierras de la UBA, Pablo Volkind, consideró que uno de de los principales efectos económico sería el "incremento del valor de la tierra". Según explicó, la eliminación del límite del 15% podría permitir que la participación extranjera creciera de manera sustancial y, en un contexto de tipo de cambio favorable para los inversores internacionales, aumentaría la demanda sobre campos argentinos.

Precios.

Ese escenario, sostuvo, presionaría al alza los precios de la tierra y complicaría aún más el "acceso para pequeños y medianos productores", además de profundizar las dificultades que enfrentan numerosas comunidades indígenas para conservar sus territorios.

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Como ejemplo mencionó el caso de Misiones, donde el 11% del territorio provincial ya pertenece a propietarios extranjeros y cinco departamentos superan el límite previsto por la legislación vigente. Allí, explicó, la expansión de la empresa chilena Arauco sobre plantaciones forestales desplazó parte de la producción yerbatera.

Los especialistas también advierten sobre un posible crecimiento de la compra especulativa de tierras. Volkind señaló que empresas extranjeras o vinculadas con capitales internacionales ya adquieren campos en provincias como Tierra del Fuego, Chaco y Formosa, muchas veces con el objetivo de valorizarlos y venderlos posteriormente a precios superiores.

En otros casos desarrollan actividades ganaderas durante algunos años antes de desprenderse de los inmuebles. Este fenómeno, indicó, genera "conflictos por el acceso a la tierra, incrementa los procesos de desalojos y afecta especialmente a comunidades rurales históricas".

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Además, el avance de emprendimientos mineros e hidrocarburíferos en zonas cordilleranas también repercute sobre recursos estratégicos como el agua.

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Fuente: La Arena

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