Ley de Tierras: el proyecto cambió y Neuquén mantendrá el control sobre su territorio
Los pasos que dio en el Congreso Nacional uno de los proyectos que genera amplio debate. Neuquén reafirma el dominio originario sobre sus recursos naturales y la administración de su territorio.
Los pasos que dio en el Congreso Nacional uno de los proyectos que genera amplio debate. Neuquén reafirma el dominio originario sobre sus recursos naturales y la administración de su territorio.
A pocos días del debate, previsto para el 6 de agosto en el Senado de la Nación, la modificación de la Ley de Tierras volvió a instalarse en el centro de la discusión política. Organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda, comunidades originarias y dirigentes sindicales anunciaron su oposición a lo largo y ancho del país. También en Neuquén.
El clima de tensión crece a medida que se acerca la sesión, aunque buena parte del debate público continúa apoyándose sobre el proyecto original y no sobre el texto que finalmente llegará al recinto.
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Ese dato no es menor. Durante el tratamiento parlamentario, la iniciativa sufrió modificaciones relevantes que alteraron algunos de los aspectos que habían generado mayor controversia cuando fue presentada. "El proyecto que debatirá el Senado ya no es exactamente el mismo que ingresó al Congreso y, para algunos especialistas, ese cambio también obliga a replantear el eje de la discusión", nos comenta uno de los periodistas acreditados en el Senado.
"En las últimas semanas, gran parte de los cuestionamientos se concentró en la posibilidad de una apertura irrestricta para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Esa interpretación dominó el debate político y las redes sociales, alimentando posiciones a favor y en contra", indicaron.
Sin embargo, el texto que obtuvo dictamen incorpora cambios que desplazan el foco hacia otro aspecto de mayor alcance institucional: la distribución de competencias entre el Estado nacional y las provincias.
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"La Ley de Tierras siempre fue una norma atravesada por dos discusiones. La primera, vinculada a la propiedad y a los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de personas o sociedades extranjeras. La segunda, menos visible para la opinión pública pero de enorme importancia institucional, relacionada con quién tiene la facultad de definir esas políticas: si debe existir un régimen uniforme administrado desde la Nación o si las provincias deben ejercer plenamente las competencias que les reconoce la Constitución", según reza uno de los borradores que durante los últimos días circuló entre los asesores de los senadores que están distantes de la disputa entre libertarios y kirchneristas . Es precisamente sobre este último punto donde aparecen las modificaciones más importantes.
El texto que llegará al Senado reconoce expresamente que "cada provincia conserva la potestad de establecer el régimen jurídico aplicable sobre las tierras ubicadas dentro de su territorio", indica el paper. "En términos políticos e institucionales, la reforma fortalece el principio federal al reconocer que las jurisdicciones provinciales continúan siendo las principales responsables de administrar una materia estrechamente vinculada con su organización territorial, productiva y ambiental", esta definición, para Neuquén, adquiere un significado especial.
La provincia sostiene desde hace años una posición firme respecto del dominio originario sobre sus recursos naturales y la administración de su territorio. Esa postura encuentra respaldo en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos existentes en su territorio, y también en la propia Constitución neuquina, que establece herramientas para ordenar, administrar y proteger sus bienes estratégicos.
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Por eso, distintas fuentes provinciales sostienen que "la eventual aprobación de la ley no implicará un cambio en la política que Neuquén viene desarrollando en materia de administración de tierras. La provincia conservará las facultades para establecer sus criterios, definir prioridades y ejercer los controles que considere necesarios dentro de su jurisdicción". Ese aspecto modifica sensiblemente la lectura política del proyecto.
"Mientras algunos sectores continúan interpretando la iniciativa únicamente desde la óptica de la apertura del mercado de tierras, otros consideran que el verdadero cambio pasa por el fortalecimiento de las competencias provinciales", señala el borrador esclarecedor que circula entre los asesores de la Cámara Alta.
Si la norma, una vez aprobada, refleja todo lo que los documentos previos indican; la discusión deja de centrarse exclusivamente en quién puede comprar tierras para trasladarse hacia quién tiene la autoridad para regular esa materia.
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Las modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo tampoco eliminan todos los resguardos previstos por la legislación vigente.
"El proyecto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros puedan adquirir tierras rurales y conserva controles específicos para empresas con participación estatal extranjera. Es decir, subsisten límites nacionales considerados estratégicos, aún cuando el nuevo texto reconoce un mayor margen de decisión para las provincias", señala el documento.
Al mismo tiempo, "la iniciativa incorpora modificaciones vinculadas con la protección de la propiedad privada". Entre ellas aparecen cambios relacionados con las expropiaciones, las indemnizaciones y las ocupaciones temporarias, con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad jurídica y reducir los niveles de incertidumbre para propietarios e inversores. Ese punto también forma parte del debate político.
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"Quienes respaldan la iniciativa sostienen que una mayor seguridad jurídica constituye una condición necesaria para promover inversiones, generar empleo y consolidar proyectos productivos de largo plazo. Quienes la cuestionan advierten, en cambio, que cualquier flexibilización sobre el régimen de tierras podría facilitar procesos de concentración o afectar intereses estratégicos vinculados con el territorio", indicó el cronista parlamentario. En Neuquén, esa discusión adquiere características propias.
La provincia concentra algunos de los recursos energéticos más importantes del país a partir del desarrollo de Vaca Muerta, posee extensas áreas productivas, regiones cordilleranas de alto valor ambiental y una creciente actividad turística. "Esa combinación convierte a la administración del territorio en una política de Estado que trasciende cualquier gobierno", indicó un ex ministro provincial.
No resulta casual, entonces, que el debate sobre la Ley de Tierras despierte especial atención en una provincia donde la discusión sobre los recursos naturales forma parte de la agenda pública desde hace décadas.
También explica por qué distintos sectores políticos y sociales siguen con atención el tratamiento parlamentario. Para algunos, el proyecto representa una oportunidad para fortalecer el federalismo y devolver mayor capacidad de decisión a las provincias. Para otros, persisten interrogantes sobre los efectos que la reforma podría tener en el mediano y largo plazo.
En definitiva, el Senado debatirá una iniciativa cuyo contenido evolucionó durante el tratamiento parlamentario. Las modificaciones introducidas cambiaron parte de la discusión y colocaron en primer plano un tema que atraviesa buena parte de la historia institucional argentina que impulsa Neuquén y mantiene viva desde hace años: el equilibrio entre las competencias del Estado nacional y la autonomía de las provincias. Ese parece ser hoy el verdadero corazón del debate.
Más allá de la posición que finalmente adopte cada senador, la discusión excede ampliamente la compraventa de tierras rurales. "También involucra el alcance del federalismo, la distribución constitucional de competencias, la protección de la propiedad privada, la seguridad jurídica y el modelo de desarrollo que cada provincia pretende construir sobre su propio territorio", agregó el colaborador de varios gobiernos provinciales.
En el caso de Neuquén, todo indica que las modificaciones incorporadas al proyecto preservan las herramientas institucionales con las que ya administra sus tierras y sus recursos naturales. Si esa interpretación termina consolidándose durante el debate legislativo, la eventual aprobación de la ley no significará un cambio de rumbo para la provincia, sino la ratificación de un principio que Neuquén viene defendiendo desde hace años: que las decisiones sobre su territorio deben seguir tomándose desde el propio territorio.
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Fuente: LM Neuquén
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