Ley de Tierras: la oposición impulsará una sesión para voltear el DNU 70 y el Gobierno busca un salvoconducto

Por Carolina Ramos

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, los integrantes de la Corte Suprema.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras revivió un tema que estaba dormido en el Congreso: el "mega DNU 70", la piedra basal de la gestión de Javier Milei. La oposición pedirá una sesión especial en la Cámara de Diputados para voltear el decreto y busca el apoyo de gobernadores dialoguistas. Del otro lado, La Libertad Avanza evalúa un salvoconducto para dejar el decreto a salvo.

Con los votos de sus tres jueces (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), el máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación de la Ley de Tierras a partir de una acción de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata.

El Gobierno había apelado a ese planteo y la Corte se pronunció este martes, aunque no falló sobre la cuestión de fondo: en sus argumentos, consideró que el CECIM no tenía legitimación suficiente para promover esa demanda. Los magistrados sostuvieron que la soberanía nacional no configura un "bien colectivo", sino un elemento constitutivo del propio Estado.

Como consecuencia, el artículo 157 del DNU 70 recobró vigencia y quedó derogada la Ley de Tierras. Por ende, hoy no hay límites para la compra de tierras por parte de extranjeros. La norma que el Gobierno borró de un plumazo establecía una restricción general del 15% de la superficie nacional y el equivalente en provincias y municipios, entre otros límites.

El fallo judicial fue un gesto invaluable para un gobierno que, al no poder derogar la ley por las trabas judiciales, había intentado modificarla dentro de una ley más amplia denominada "inviolabilidad de la propiedad privada". Hace dos meses, el capítulo de extranjerización de tierras chocó con el rechazo popular y de gobernadores aliados, y La Libertad Avanza tuvo que retirarlo.

Con el rechazo popular todavía fresco, diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda empezaron a buscar consensos para convocar a una sesión y anular el DNU 70. Así lo confirmó el jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez, tras una reunión con integrantes del CECIM La Plata.

El decreto ya fue votado en contra por el Senado en marzo de 2024, pero para tumbarlo definitivamente resta el paso por Diputados. Hasta el momento, la oposición no pudo conformar mayoría para hacerlo por dos grandes razones: la falta de apoyo de gobernadores dialoguistas y el formato "ómnibus" del decreto, que derogó y modificó centenares de normas, no solo la de Tierras.

El problema es que la ley que regula el trámite de los DNU (que la oposición intentó modificar) no permite abordar los decretos en partes: el Congreso debe definirse por su validez o invalidez "a todo o nada". La "trampa" del Gobierno fue incluir en el mismo DNU temas tan diversos como la derogación de la Ley de Alquileres y la desregulación de la medicina prepaga, entre muchos otros.

La oposición está en una encrucijada. Sus referentes quieren convocar lo más pronto posible (se habla del 14 o 15 como posibles fechas) para aprovechar que el tema está candente y hasta unificarlo con el reclamo por el presupuesto universitario. Sin embargo, ir al recinto sin los números garantizados puede ser un arma de doble filo porque, si La Libertad Avanza llega a juntar los votos para ratificar el DNU, quedará vigente.

El resultado dependerá de los gobernadores que, hasta el momento, se mantuvieron al margen de la definición sobre el DNU: el cordobés Martín Llaryora es uno de ellos. Pero el oficialismo no quiere correr riesgos y ya trabaja en una estrategia para evitarles a los mandatarios la incómoda tarea de dar quórum y rechazar todo el DNU.

En su "operativo blindaje", el bloque libertario analiza introducir restricciones "mínimas" a la compra de tierras, con la idea de contentar a los gobernadores y dejar el decreto a salvo. Podrían agregarse artículos a la casi olvidada Ley de Inviolabilidad Privada (que aprobó el Senado y está pendiente en Diputados) o bien en la "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional" que envió Milei por la causa Malvinas.

El proyecto de Malvinas comenzó a debatirse este miércoles en una reunión caliente de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal de Diputados, con la presencia de funcionarios de segunda línea. El debate se salió de control en varias oportunidades en medio de cruces entre diputados kirchneristas y libertarios.

"¡Tienen a la Corte comprada!", les gritó Juan Grabois en uno de los momentos más tensos, donde intercambió insultos con un diputado oficialista, Jairo Guzmán. En otra escena de tensión, la kirchnerista Romina Propato blandió ante los oficialistas una bandera del CECIM La Plata, que promovió la inconstitucionalidad del DNU.

Los excombatientes se reunieron con diputados de Unión por la Patria y dieron su apoyo a la derogación del decreto. Defenestraron el fallo de la Corte y alentaron a movilizar tal como sucedió contra la sentencia del "2×1" en 2017. "No necesitamos la legitimación de ningún trío de privilegiados. Nosotros estamos legitimados por la historia y por nuestro pueblo", retrucó el excombatiente Gustavo Pirich.

El responsable jurídico del CECIM, Gerónimo Guerrero Iraola, dijo que "Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti han puesto un cartel de venta a la República Argentina, y esto es inadmisible en nuestros más de 200 años de historia". El abogado denunció que el DNU "es una tragedia nacional y el puntapié inicial de un plan sistemático de entrega de la soberanía, por eso es central que caiga".

Corresponsalía Buenos Aires

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El fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras revivió un tema que estaba dormido en el Congreso: el "mega DNU 70", la piedra basal de la gestión de Javier Milei. La oposición pedirá una sesión especial en la Cámara de Diputados para voltear el decreto y busca el apoyo de gobernadores dialoguistas. Del otro lado, La Libertad Avanza evalúa un salvoconducto para dejar el decreto a salvo.

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