Ley Malvinas: dictamen con ajustes para EE.UU. y dudas por libertad de expresión

El dictamen de la Ley Malvinas se firmó en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, pero dejó una grieta que todavía no se cierra: el capítulo sobre desinformación y libertad de expresión.

El oficialismo logró avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional tras introducir modificaciones en las sanciones a empresas extranjeras. El ajuste llegó después de la exigencia de Washington, puesta sobre la mesa por Christopher Landau y Juan Pablo Segura, dos funcionarios norteamericanos que estuvieron en el país la semana pasada.

La discusión quedó fragmentada en las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. El bloque libertario sumó 60 firmas para el dictamen, con apoyo de aliados de PRO y UCR, mientras otros espacios remitieron cuatro dictámenes distintos.

Entre los firmantes del partido amarillo se destacaron Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza. También hicieron lo propio legisladores de Provincias Unidas y Argentina Federal, quienes acompañaron en disidencia.

Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 38 firmas y volvió a rechazar los apartados ajenos a la causa Malvinas. Desde la bancada que conduce Germán Martínez cuestionaron en duros términos las concesiones del título I, que delimitan el alcance de las sanciones contra empresas extranjeras.

Al tomar la palabra, Martínez fue uno de los más críticos con la administración mileista y apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo, presentado como uno de los ideólogos del texto a través de María Ibárzabal Murphy. En su discurso, lo insultó y consideró los últimos cambios un "capricho" de Caputo.

Las modificaciones incorporadas por el Ejecutivo limitan el alcance de las sanciones a proveedores y accionistas que sean personas humanas, según fuentes oficialistas. Fue la diputada Silvana Giudici la que llevó adelante esas concesiones, tras dos semanas de intercambiar borradores con los aliados.

Giudici, ex PRO, actuó como nexo entre el Ejecutivo y el Congreso, bajo la atenta mirada de Martín Menem. El viernes pasado encabezó una reunión con Caputo e Ibárzabal Murphy para terminar de ajustar el texto destinado a atender los reclamos norteamericanos.

La presión llegó después de que Landau expresara la preocupación de Washington por la "laxitud" de las sanciones previstas contra las petroleras que operan en las islas. Ese reclamo terminó de marcar el rumbo de los retoques finales al proyecto, considerado prioritario por la Casa Rosada.

En Provincias Unidas, el espacio que conduce Gisela Scaglia quedó dividido en tres posturas. Sergio Capozzi respaldó la iniciativa oficialista; José Núñez y Pablo Farías lo hicieron en disidencia; Carlos Gutiérrez, Pablo Juliano y Esteban Paulón presentaron un dictamen de minoría.

Los distintos espacios cuestionaron la falta de precisiones en el título XII, referido a la injerencia extranjera. En su versión original, establecía penas de hasta 12 años de prisión para quienes, "actuando por cuenta de un agente extranjero, procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación masivas".

El capítulo sigue siendo el punto más espinoso: algunos aliados y opositores advierten que puede atentar contra la libertad de expresión. Con el dictamen ya firmado, la discusión continúa en la Cámara de Diputados, donde los distintos bloques ya dejaron en claro sus diferencias.