Licitaciones de limpieza en el Estado: la propuesta del gremio para evitar que se pague salarios y el aguinaldo con demoras

Para evitar incumplimientos en normativas laborales relacionadas principalmente al aguinaldo y salarios, desde el Sindicato de Empleados de Comercio proponen que en las licitaciones de limpieza del Estado se agreguen puntos para evitar maniobras de ajuste sobre los haberes de los trabajadores. Esto se debe a que la entidad viene registrando demoras en el pago del Sueldo Anual Complementario y la remuneración por parte de numerosas firmas de ese rubro.

En muchas dependencias del Estado provincial, el servicio de limpieza se encuentra tercerizado y a cargo de empresas privadas contratadas por el Gobierno. Sin embargo, no todas cumplen las normativas laborales e incluso depositan los haberes con varios días de atraso. "El problema es que debería exigirles solvencia económica de 60 días, es decir, dos sueldos. Acreditar esos dos pagos en forma bancaria para que, cuando los empleados tengan que cobrar, no estén esperando a que el Estado transfiera los fondos. En esa espera de 60 a 90 días, el que siempre termina perdiendo es el trabajador", expresó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, a Tiempo de San Juan.

Por otra parte, Moral manifestó que para bajar costos en la licitación, las empresas terminan obligando a los empleados a trabajar jornadas completas de 8 horas, pero declarando y pagando solo 4 horas. A esto se suman las demoras en el pago de los aguinaldos, ya que hasta el momento muchas firmas aún no cumplen con el depósito del SAC a sus trabajadores. Esta problemática ha generado audiencias de conciliación y medidas directas por parte del sindicato.

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Frente a este escenario, el Sindicato de Empleados de Comercio ha pedido que en los pliegos de licitación estén incorporados puntos específicos sobre el cumplimiento de derechos laborales y evitar que los empleados sean la variable de ajuste. Moral aclaró que en ocasiones estos están estipulados en los papeles, pero siempre en el achicamiento del presupuesto para disminuir costos termina siendo perjudicado el personal.

La primera de ellas es la incorporación obligatoria de una garantía de solvencia económica por 60 días. Mediante este mecanismo, las empresas postulantes deberán acreditar de forma imprescindible una capacidad financiera equivalente a dos meses de sueldos bancarizados. Este fondo de reserva busca asegurar que las firmas adjudicatarias abonen los salarios y aguinaldos en tiempo y forma, sin depender de la acreditación previa de los fondos provinciales.

Sumado a la previsión financiera, el gremio reclama la implementación de una estructura de costos real basada en cuatro puntos fundamentales dentro de los pliegos de condiciones. El objetivo central de esta pauta es transparentar los valores contractuales desde el inicio y asegurar que la adjudicación sea genuinamente viable. Con este esquema, se busca blindar la operación comercial de la prestación y evitar que la competitividad de las ofertas se sostenga mediante la precarización o el ajuste sobre las condiciones de trabajo del personal.

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El primer pilar de esta estructura exige el cumplimiento estricto del sueldo del empleado según el convenio colectivo de trabajo correspondiente a la actividad. A este rubro se le suma, de manera ineludible, el pago de todas las cargas sociales y aportes obligatorios, cubriendo de forma oportuna aspectos esenciales como la obra social y los seguros de vida del personal. De esta manera, el pliego contempla desde su concepción básica el costo laboral integral que la empresa deberá afrontar mes a mes.

Finalmente, la propuesta sindical contempla la cobertura de los insumos operativos y la ganancia empresarial de forma diferenciada. Por un lado, se exige incluir explícitamente los costos de materiales e insumos de trabajo, tales como elementos de limpieza y detergentes necesarios para prestar el servicio. Por el otro, se reconoce la necesidad de un margen de beneficio genuino para el adjudicatario, dejando sentado que la rentabilidad de las empresas debe provenir de una gestión eficiente y no del recorte de los derechos adquiridos por los trabajadores.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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