Llaryora habló del caso de abuso en Río Seco: dijo que "es un hecho tremendo" y pidió que la Justicia vaya "a fondo"

En medio de la conmoción por la causa en la que se investigan hechos de grooming y abuso a adolescentes en Villa de María de Río Seco, que tiene 11 detenidos –entre ellos un exasesor de un legislador justicialista–, el gobernador Martín Llaryora se refirió al caso, lo calificó como "un hecho tremendo" y reclamó que la Justicia investigue "a fondo".

"Córdoba garantiza la independencia del Poder Judicial. Es un poder independiente y tiene que ir a fondo, como va en todos los casos, para que se haga Justicia", dijo el mandatario provincial al ser consultado por el medio Diario Primer Informe durante una visita realizada el lunes en San José de la Dormida, en el norte provincial.

Entre los 11 detenidos a los que se investiga por abuso contra al menos tres adolescentes se encuentra José Villarreal, quien hasta estos días era asesor de Ramón Ernesto Flores, legislador departamental del peronismo por Río Seco.

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Consultado sobre los controles para el ingreso de asesores a la Legislatura de Córdoba, el gobernador Llaryora evitó explayarse sobre el tema y marcó distancia respecto del funcionamiento del Poder Legislativo, que está encabezado por la vicegobernadora Myrian Prunotto.

Ante la pregunta sobre cómo se realizan esos controles en la Unicameral, respondió: "Eso ya no me corresponde a mí".

La Voz consultó a la Legislatura sobre si la vicegobernadora se referiría al caso. Desde el cuerpo legislativo explicaron que la Secretaría Administrativa trabaja en un nuevo pedido de antecedentes que deberán cumplir los asistentes de los legisladores.

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También este medio consultó cuándo se actualizará el listado de asistentes legislativos publicado en mayo de 2026. Desde la Legislatura indicaron que están "trabajando" y que podrían sumarse nuevas exigencias para el personal contratado.

Según la última nómina oficial, los 70 legisladores cuentan con un total de 1.055 asistentes, uno menos ya tras al apartamiento de Villarreal, tal como informó el oficialismo. Según el legislador Flores y el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, el asistente fue desafectado luego de que se conociera la denuncia por abuso infantil.

Sobre ese total de contratados, existe un promedio de cinco asistentes por legislador, mientras que el resto del personal se distribuye entre bloques, comisiones y distintas direcciones de la Unicameral.

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Hasta la semana pasada, los asesores debían presentar el certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia. Sin embargo, luego de que estallara el caso y se conociera que Flores tenía entre sus asesores a uno de los detenidos, la Secretaría Administrativa de la Legislatura comunicó nuevas exigencias.

La semana pasada, jefes de bloques y distintas áreas de la Legislatura recibieron una comunicación de la Secretaría Administrativa en la que se informó sobre el inicio de un proceso de actualización y verificación de legajos personales para todo el universo de asesores y funcionarios legislativos.

La principal novedad fue que, además del certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, se exigirá el certificado de antecedentes expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba, con plazo de entrega.

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Aunque esta situación volvió tensar el clima en los pasillos legislativos. Unos pocos legisladores pidieron más exigencias en los ingreso de los asesores.

El bloque de la Unión Cívica Radical presentó un pedido de informe sobre la situación de Villarreal, pero otros opositores apuntaron directamente a las exigencias de ingreso. El legislador del PRO Oscar Agost Carreño reclamó mayores controles sobre los antecedentes de quienes ingresan como asistentes.

"Con el escándalo del exasesor del peronismo detenido por una causa aberrante y la sorpresiva decisión del oficialismo de pedir certificados a los asesores para decir: 'Estamos haciendo algo', nos obliga a retomar la presión para tratar nuestro proyecto que busca cambiar el sistema de antecedentes penales de la Provincia para utilizar el sistema nacional como oficial y tener garantía de que las imputaciones, las elevaciones a juicio y las condenas surjan de un único registro", expresó Agost Carreño.

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El legislador agregó que el objetivo es que esa información también pueda ser controlada de manera on line, "sin depender de papelitos que emite la propia Policía provincial".

"Esto ayudaría a detectar a tiempo los Kraisman, los Barrelier, los Villarreal, que están en las capas geológicas del Estado y tienen antecedentes penales de gravedad", sostuvo Agost Carreño al recordar el caso de la "empleada fantasma" en enero de 2025, y la detención del exbecario en mayo pasado.

También el legislador de Encuentro Vecinal Gerardo Grosso pidió mayores exigencias y recordó un proyecto presentado por su bloque para que todos los lunes se publique una actualización de la nómina de asistentes.

"Hay que exigir todo lo necesario para conocer que el asesor que ingrese sea una persona de bien. En ese sentido, nuestro bloque, por medio del legislador Agrelo, en 2023 ya presentó un proyecto que obligaba a publicar semanalmente, cada lunes, las altas y bajas de personal en la página oficial, pero que fue rechazado por el oficialismo y algunos aliados circunstanciales", señaló Grosso.

También se preguntó por qué no hay más voces que reclamen lo mismo. "Será porque muchos no quieren soltar la caja y la clientela política que representan esos cargos. Los mecanismos están, pero fallan los controles y finalmente no hay una Justicia imparcial cuando se trata de estas cuestiones políticas".

Fuente: La Voz

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