Lluvia de escrituraciones: el IPV busca normalizar títulos de hogares de cooperativas y mutuales en San Juan

El Gobierno de San Juan fijó este año la regularización dominial como una de las prioridades centrales de su gestión, con la meta ambiciosa de que cada familia sanjuanina acceda finalmente al título de propiedad de su hogar. Este compromiso busca resolver la situación de miles de viviendas que, aunque adjudicadas hace años, carecen de la documentación legal que garantice seguridad jurídica y previsibilidad a sus habitantes. En este marco, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) acaba de lanzar una licitación pública orientada específicamente a destrabar la situación de barrios ejecutados a través de entidades intermedias que presentan conflictos técnicos y legales de larga data.

La magnitud del desafío habitacional en San Juan se refleja en las cifras oficiales que maneja la gestión actual. Al inicio del mandato, se identificaron aproximadamente 12.000 viviendas adjudicadas por el IPV que no contaban con su respectiva escritura. Marcelo Orrego viene remarcando que el acceso a la casa propia y la obtención del título forman parte de una misma política de Estado destinada a brindar estabilidad y mejores condiciones de vida. Hasta el momento, el trabajo coordinado permitió normalizar la situación de 2.000 de estas unidades, avanzando en un proceso que el mandatario define como un "sueño cumplido" para los beneficiarios, como ocurrió recientemente con la entrega de 136 escrituras en diversos departamentos de la provincia.

Para abordar los casos más complejos, el IPV autorizó mediante resolución el llamado a la Licitación Pública N° 01/2026, la cual cuenta con un presupuesto oficial de 15.400.000 pesos. El objeto principal de esta contratación es la prestación de servicios profesionales especializados para la regularización institucional, contable, fiscal y legal de cooperativas, mutuales y asociaciones civiles que actuaron como promotoras en operatorias del instituto. El proceso de selección de las ofertas está programado para el próximo 7 de julio a las 10 horas en la oficina de Compras y Suministros del IPV, estableciéndose un plazo de ejecución de los servicios de siete meses a partir de la firma del contrato.

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El trabajo de consultoría técnica tendrá un impacto directo sobre un total de 1.697 viviendas distribuidas en 26 barrios de la provincia. Las tareas que deberán desarrollar los profesionales adjudicados incluyen desde el relevamiento documental y la regularización de libros sociales hasta la asistencia en asambleas y trámites ante organismos de control como la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y el Instituto Nacional de Economía Social (INAES). En casos de extrema complejidad, los consultores podrán incluso asumir el rol de liquidadores para viabilizar la transferencia de los inmuebles a favor del IPV y, posteriormente, a sus ocupantes definitivos.

El asesor letrado del Gobierno, Alejandro Ferrá, explicó (en una entrevista con La Picada Stream) que la problemática es extensa y requiere de diversas vías de solución, entre las que se destaca la prescripción administrativa para loteos municipales y la labor de la Unidad Ejecutora Provincial para la Regulación Dominial (UEPREDO) para los casos vinculados al IPV.

El objetivo final es subsanar las inconsistencias que impiden la escrituración, tales como mandatos de autoridades vencidos, estados contables pendientes de diez años o situaciones de disolución de las entidades originales. Según las autoridades, este despliegue técnico es indispensable para proteger el derecho humano a una vivienda digna y asegurar que el patrimonio familiar quede debidamente registrado.

Fuente: Tiempo de San Juan

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