Los límites interprovinciales no se modifican por voluntad unilateral
La reciente decisión de la Legislatura de La Rioja de reabrir la controversia sobre los límites territoriales con San Juan ha generado repercusiones políticas y mediáticas que, si bien merecen atención, deben ser analizadas con serenidad y apego a las normas que rigen nuestro sistema federal. Más allá de las posiciones e intereses que cada provincia pueda defender legítimamente, existe un principio fundamental que no puede ser ignorado: los límites interprovinciales no pueden ser modificados por decisiones unilaterales de una jurisdicción.
Desde la Fiscalía de Estado de San Juan se ha transmitido un mensaje de tranquilidad institucional al señalar que la provincia cuenta con fundamentos legales sólidos para sostener la validez de los límites vigentes y que, hasta el momento, no existe ninguna notificación formal relacionada con una eventual demanda o acción judicial. Este dato no es menor, ya que permite distinguir entre una iniciativa de carácter político y una controversia jurídica con efectos concretos.
La legislación argentina es clara en esta materia. La determinación o modificación de límites provinciales constituye una atribución exclusiva del Congreso de la Nación y requiere acuerdos institucionales que exceden ampliamente la voluntad de una sola provincia. Por esa razón, la ley aprobada por la Legislatura riojana carece de facultades para alterar por sí misma la situación territorial actual. Se trata de una expresión política respetable dentro del ámbito provincial, pero sin capacidad jurídica para producir cambios efectivos sobre los límites reconocidos por la legislación nacional.
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La posición de San Juan no sólo se apoya en criterios legales vigentes, sino también en antecedentes históricos y técnicos que fortalecen su postura. Uno de los argumentos frecuentemente esgrimidos por La Rioja apunta contra la Ley 18.004, sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Sin embargo, suele omitirse un aspecto central: dicha norma fue posteriormente ratificada por el sistema democrático y su vigencia quedó reafirmada mediante la Ley 26.939, sancionada en 2014 por el Congreso Nacional.
A ello se suman los trabajos técnicos de georreferenciación realizados entre 2005 y 2006 por especialistas de ambas provincias junto con el Instituto Geográfico Nacional, que constituyen un respaldo adicional para la delimitación actualmente reconocida.
No es la primera vez que La Rioja intenta avanzar sobre este tema. Existen antecedentes legislativos y judiciales que no prosperaron. La última iniciativa de características similares, impulsada en 2010, no encontró respaldo en el Congreso, mientras que planteos presentados ante la Corte Suprema tampoco avanzaron debido a que el máximo tribunal entendió que la cuestión corresponde al ámbito legislativo nacional.
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En este contexto, resulta conveniente evitar interpretaciones alarmistas. Si eventualmente existiera una presentación formal, el proceso sería necesariamente largo y complejo. Mientras tanto, la realidad jurídica permanece inalterable. La defensa de los intereses provinciales es legítima, pero también lo es el respeto por las instituciones y por las normas que garantizan la convivencia federal. En ese terreno, San Juan cuenta hoy con argumentos sólidos para sostener la validez de sus límites y la tranquilidad de sus habitantes.
Fuente: Diario de Cuyo
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