Los repartidores recurren a préstamos de las propias apps de delivery y ya deben casi $1 millón en promedio

Inclusión financiera precarizada y debate laboral

Las líneas de crédito se destinan a la compra o reparación de vehículos para quienes están excluidos del sistema bancario, pero los sindicatos alertan por tasas de hasta el 700% anual y la necesidad de extender las jornadas laborales para saldar las deudas

Las plataformas de delivery consolidaron una nueva unidad de negocios en el país al convertirse en las principales prestamistas de su propia base de trabajadores. Este fenómeno, que experimentó un incremento exponencial del 122%, fue el eje de un reciente informe elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el cual expone cómo la falta de acceso al crédito bancario tradicional empuja a los repartidores a financiarse a través de las mismas aplicaciones para las que prestan servicios, alcanzando una deuda promedio de 900.000 pesos por trabajador hacia finales de la temporada pasada.

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El engranaje de este sistema financiero paralelo está diseñado para sostener la operatividad de los repartidores que carecen de historial crediticio en entidades formales. Los préstamos otorgados por las compañías apuntan de manera casi exclusiva a gastos de capital de trabajo, tales como la adquisición, mantenimiento o reparación urgente de las bicicletas y motocicletas utilizadas para las entregas diarias.

De acuerdo con los datos técnicos relevados por la máxima autoridad monetaria, firmas líderes del sector como PedidosYa llegaron a otorgar un volumen de 57.000 créditos, movilizando una masa total de 84 millones de dólares. Los esquemas comerciales de las aplicaciones estipulan líneas de financiamiento a seis meses de plazo, con la condición de que las cuotas mensuales a descontar no superen el 30% de los ingresos totales generados por el repartidor dentro de la plataforma.

A pesar de presentarse como una herramienta de inclusión financiera y apoyo corporativo, la modalidad despertó duras críticas y denuncias por parte de los espacios de representación sindical, que advierten sobre un proceso de "endeudamiento estructural" que profundiza la precarización laboral.

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"Tenemos situaciones de compañeros que extienden su jornada laboral para devolver los préstamos", alertó Belén D'Ambrosio, secretaria general del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa).

Los representantes gremiales denunciaron que las tasas de interés aplicadas por las empresas en estos microcréditos son usurarias, llegando a registrar picos de hasta el 700% anual. Esta situación, combinada con la caída del poder adquisitivo, fuerza a los repartidores a prolongar sus turnos diarios para cubrir los costos de subsistencia. "Trabajamos entre 10 y 12 horas solo para gastos fijos. La situación es la de una dependencia muy grande hacia las empresas, estos préstamos deberían estar regulados por el Estado", concluyó D'Ambrosio, abriendo el debate sobre la necesidad de encuadrar jurídicamente una práctica que, para el BCRA, redefine los límites de la relación entre las corporaciones tecnológicas y sus colaboradores independientes.

Fuente: El Esquiú

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