Los siete sindicalistas sanjuaninos que se vieron envueltos en escándalos judiciales

El caso de Walter Ferreri volvió a dejar a un sindicalista sanjuanino en medio de un escándalo judicial. Es que el secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis fue denunciado por una joven por un presunto abuso sexual simple y aunque la novedad llamó la atención, no es la primera vez que un dirigente de su jerarquía y alto perfil resulta denunciado en la justicia penal.

En los archivos de Tiempo de San Juan, aparecen otros sindicalistas de la provincia que, en distintos momentos y por diferentes motivos, quedaron involucrados en causas judiciales. Si bien no todos resultaron condenados, como en los casos más graves que sucedieron no hace mucho, cada hecho que protagonizaron en Tribunales representó un revuelo mediático difícil de olvidar.

Uno de los casos más resonantes es el de Mario Matic, exdirigente de La Bancaria. En 2022 comenzaron a acumularse denuncias por presuntos abusos sexuales. En mayo de aquel año, Matic había quedado imputado por dos nuevas denuncias que se sumaban a una acusación inicial. Por su puesto que la novedad levantó polvareda.

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En ese momento eran tres las presuntas víctimas. Meses después, en enero de 2023, apareció una cuarta denuncia, esta vez de otra menor, por lo que el expediente llegó a involucrar cuatro presuntas víctimas y cuatro hechos denunciados.

Matic terminó condenado por los hechos que llegaron a juicio, convirtiéndose en uno de los casos más graves registrados entre dirigentes gremiales de la provincia.

El secretario general de ATSA, Alfredo Duarte, también terminó frente a la Justicia penal. El conflicto se inició en Angaco, donde una familia denunció al dirigente luego de un episodio registrado en video en el que se lo observa arrojando piedras contra una camioneta y profiriendo amenazas.

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La denuncia posteriormente fue ampliada por situaciones de hostigamiento y amenazas telefónicas. La causa avanzó hasta que, en julio de 2026, Duarte reconoció su responsabilidad mediante un juicio abreviado. Fue condenado a dos meses de prisión de cumplimiento condicional por el delito de daño.

El expediente que probablemente tenga la mayor cantidad de denunciantes entre los casos relevados es el que involucró a Hipólito Roberto Vega, secretario general de la Unión Obrera Textil de San Juan. El dirigente quedó involucrado en la investigación por la fallida construcción del Barrio Gremio Textil II, una causa por presuntas estafas relacionadas con viviendas.

La magnitud del expediente fue creciendo con el paso del tiempo. Las denuncias contra Vega y los empresarios vinculados al proyecto pasaron de 70 a 151 y posteriormente llegaron a 176 denuncias por presuntas estafas.

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Por esa causa, Vega fue imputado por estafas reiteradas y quedó detenido con prisión preventiva junto a empresarios relacionados con la construcción. Hasta el momento, la investigación sigue en curso y todo hace pensar que podría llegar a juicio, por lo que su situación es compleja.

Otro caso que involucra a un dirigente gremial es el de Valentín Montaña, el secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria del Vidrio y Afines. Fue denunciado por la empresa Cattorini Hnos. luego de un paro general realizado el 9 de abril de 2025. La firma sostuvo que Montaña había apagado una máquina de producción y que esa acción había provocado pérdidas estimadas en 17,5 millones de pesos.

La denuncia llegó a la Justicia penal y Montaña fue imputado por el delito previsto en el artículo 174 inciso 6° del Código Penal. Con el avance del proceso, mientras otro trabajador involucrado obtuvo una suspensión de juicio a prueba, Montaña quedó como el único acusado del delito.

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Lo curioso es que quien llegó a un acuerdo con la fiscalía, también tenía vínculos sindicales, pues se trataba del delegado Néstor Fabio Mercado. Hasta el momento, se desconoce si ese proceso se resolvió y no trascendió o si aún espera por el juicio oral y público, siempre pudiéndose celebrar -también- un juicio abreviado.

El secretario general del SUOEM, Antonino D'Amico, también aparece en el historial de dirigentes gremiales denunciados judicialmente. En diciembre de 2024, seis trabajadoras municipales de Angaco lo denunciaron por calumnias e injurias.

El conflicto surgió luego de un episodio ocurrido dentro del municipio, donde el sindicalista ingresó con un altavoz y realizó expresiones contra las empleadas. La situación llegó a los tribunales y la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento contra el dirigente.

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A diferencia de otros casos de esta lista, D'Amico no fue imputado y no se abrió una causa en su contra; lo que no significa que el hecho que lo dejó en la mira generó polémica en su ámbito.

El antecedente más antiguo de los siete corresponde a Marcelo Iván Mena Muñoz, secretario general de ASIJEMIN. Entre 2014 y 2015, cinco integrantes de la comisión directiva del sindicato presentaron una denuncia penal ante la Justicia contra Mena. Lo acusaron de una supuesta administración infiel de fondos del gremio y de falsificación de documentos y firmas.

La presentación incluía acusaciones vinculadas a presuntos gastos personales realizados con dinero sindical, reparaciones de vehículos y otras supuestas irregularidades administrativas. Sin embargo, nunca se conoció si el juzgado de instrucción que intervino indagó al respecto o, simplemente, desestimó o archivó la denuncia.

Nuevamente, no hubo causa, pero el escándalo resultó mayúsculo por las sospechas en torno al gremio minero.

Si bien la investigación todavía está en una etapa inicial, Walter Ferrreri, el representante de los conductores de taxis quedó imputado por abuso sexual simple, luego de que una joven lo denunciara pública y penalmente. La mujer no sólo dijo estar cansada de los constantes acosos del dirigente que acude al mismo gimnasio, sino que mostró un video para probar sus dichos.

En las imágenes, se lo observa a Ferreri acercarse de forma intimidante. Sin embargo, quien guardó silencio en Tribunales, sostuvo previamente a través de sus redes que el acercamiento había sido accidental, negó haberla tocado y atribuyó el episodio a su discapacidad visual.

No obstante el expediente actual no es el único antecedente judicial del dirigente. Ferreri ya había sido condenado por la Justicia Federal en 2022 a dos años de prisión de ejecución condicional por defraudación en perjuicio de la Administración Pública, en una causa vinculada a las denominadas "licencias fantasmas". La sentencia fue producto de un juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad.

Fuente: Tiempo de San Juan

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