Lucía Rubiño: entre el cerco informativo y un fallo inesperado para todos

Sin previo aviso y cual golpe a traición, como esos que duelen más por la sorpresa que por el propio impacto, así recibió la noticia de la sentencia la familia de Lucía Rubiño, la que condenó a dos años de prisión condicional al joven que la atropelló y mató. En medio de un crudo frío, bajo la garúa y con la incertidumbre que siempre reinó en el juicio contra el responsable, los padres y amigos de la víctima se enteraron de la definición que los dejó en shock.

Si bien estaba previsto que sólo se llevaran adelante los alegatos y en los siguientes días se dictara el fallo, la cuestión se resolvió inesperadamente este miércoles, cuando decenas de personas reclamaban justicia por la adolescente que protagonizó la tragedia el 15 de octubre de 2023. Y es que horas antes del dictamen, nadie sabía nada y ello resultó una consecuencia del secreto sumario que instauró el juez Jorge Toro, por tratarse de la Justicia de Menores.

"No tengo idea de lo que está pasando adentro, no sé para qué estamos acá, si son los alegatos o no, o cuándo va a ser la sentencia", respondía horas antes el padre de la chica de 16 años, Jorge Rubiño, en las afueras de Flagrancia, donde se desarrollaba el debate. Por más llamativo que resuene, ese desconocimiento fue una constante desde el día uno y, en el final, no podía darse la excepción.

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Tanta fue la falta de certeza desde el principio, que el padre confesó enterarse del arranque del debate a través de los diarios. Así lo reconoció el primer día del proceso, aquel 20 de mayo cuando se presentó en las puertas de la sede judicial para hacer llegar su pedido de justicia, acompañado sólo por su pareja. Desde entonces, navegó en un mar de dudas al igual que la opinión pública que conoció apenas destellos de lo que ocurría por escasas filtraciones.

Sustentado en la especialidad del Sistema Penal Juvenil, que no permite la participación de la parte querellante y el secreto sumario establecido por el juez, el caso penal más polémico de los últimos años en la provincia contó con una suerte de cerco informativo que le impidió a la familia y a los sanjuaninos, en general, saber qué sucedió aquella fatídica madrugada.

Fuentes judiciales, que conocen y mucho del proceso, se lamentaron que la discusión sobre lo que ocurrió nunca se dio en el plano público y apenas quedará registrada en las frías fojas de la causa que acaba de conocer la resolución. Y es que ni siquiera la causa que podría haber tenido mayor exposición, la que involucraba a Juan Pablo Echegaray, fue instruida.

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Con una investigación preliminar, se resolvió que el otro conductor no había tenido implicancia en el desgraciado hecho y, directamente, se desestimó la imputación. Y pese a que la querella -habilitada en esa instancia- se opuso a dicha resolución en varias oportunidades, el expediente judicial pende de un hilo y sólo podría ser rescatado por la Corte de Justicia, si entendiera que el accionar de Echegaray fue determinante.

Controversial desde el minuto cero, el siniestro vial con consecuencias mortales acaparó la atención de todos gracias a sus distintivos elementos, como las mencionadas picadas, la inútil intervención de la Policía en la previa, el hijo de un juez federal en la mira, el cuestionado comportamiento del responsable y los apellidos alrededor de la escena.

Durante meses, la causa despertó todo tipo de reacciones y las manifestaciones para pedir justicia fueron masivas. Sin embargo, el transcurso del tiempo hizo lo suyo y, al cabo de 2 años y 7 meses después de la tragedia, la mora judicial erosionó el recuerdo de la opinión popular y debilitó el reclamo. Por eso, las amigas de Lucía pedían aparecer en los medios para que su lucha fuera escuchada.

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No obstante, el contexto de silencio blindó el proceso que casualmente celebró todas sus audiencias en el edificio judicial que impide el acceso libre de la prensa. Todos esos elementos operaron para el desconcierto y la ignorancia de la familia, que fue la principal afectada, pero no la única pues los sanjuaninos tampoco supieron -y tal parece nunca sabrán- qué pasó y por qué para la autoridad judicial fue un hecho culposo y no un hecho doloso, el que imponía una pena más severa.

Fuente: Tiempo de San Juan

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