Luis Petri arremetió contra la jueza que suspendió la baja de imputabilidad y afirmó que es "falso" que el Estado no pueda aplicarla

Por Redacción

El diputado de La Libertad Avanza Luis Petri rechazó la inhabilitación por 60 días ordenada por la jueza Marta Pascual y afirmó que el Estado nacional y las provincias se encuentran en condiciones de aplicar el nuevo régimen penal juvenil.

En declaraciones a Infobae, el exministro de Defensa cuestionó el fallo judicial. «Es falso lo que dice la jueza y es falso que no esté en condiciones el Estado para dar cumplimiento con la ley», manifestó.

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Pascual suspendió la ley a partir de un habeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Argumentaron que hay una falta de infraestructura, riesgo de hacinamiento y ausencia de programas adecuados de contención y reinserción.

Durante la entrevista, el exfuncionario nacional aseguró que la sanción del esquema legal saldó una deuda institucional de varias décadas. Según su análisis, la normativa previa fracasaba ante hechos graves como homicidios, violaciones y robos armados.

El dirigente enfatizó que las jurisdicciones subnacionales no parten de cero para adaptar los establecimientos. En ese sentido sostuvo que las provincias cuentan con recintos específicos para alojar a menores de edad que cometen infracciones penales.

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Al ser consultado sobre el presupuesto de infraestructura, precisó que la partida asignada alcanza los $23.739 millones de pesos. Los fondos incluyen partidas por $3.000 millones provenientes de la cartera de Justicia y aportes de la Defensoría General de la Nación.

En relación a la escala de castigos, el dirigente libertario remarcó los criterios de graduación fijados en el texto normativo. Sobre este aspecto remarcó que «la prisión es la última ratio» para el abordaje de los delitos.

El exministro explicó que la ley prevé nueve sanciones reparadoras o restaurativas antes de disponer la privación de la libertad. El esquema contempla el tratamiento de adicciones, el regreso a las aulas y la formación en oficios dentro de las unidades.

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A su vez marcó diferencias entre distritos según los recursos de cada gobernación. En esa línea indicó: «Hay provincias que están lógicamente más preparadas, que cuentan con los establecimientos que hicieron los deberes, y hay provincias que no hicieron los deberes».

Respecto del plano preventivo, el exintegrante del Gabinete sostuvo que la primera señal de alerta institucional surge con la deserción escolar. No obstante, instó a evitar posturas que vinculen de manera directa la condición de pobreza con el delito.

El debate por la aplicación de la ley continúa bajo revisión en los tribunales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Las distintas jurisdicciones evalúan sus adecuaciones administrativas mientras rige la medida cautelar.

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El diputado de La Libertad Avanza Luis Petri rechazó la inhabilitación por 60 días ordenada por la jueza Marta Pascual y afirmó que el Estado nacional y las provincias se encuentran en condiciones de aplicar el nuevo régimen penal juvenil.

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Fuente: Río Negro

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