Malvinas al Congreso: Gobierno presentó el proyecto "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional", qué dice el texto

El Poder Ejecutivo giró a los legisladores la iniciativa que impone drásticas penas contra la explotación ilegal en las islas. El texto también crea un poderoso Consejo de Seguridad Nacional.

Por Naira Torres Bel17 de septiembre de 20263 min de lectura

Malvinas al Congreso: Gobierno presentó el proyecto "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional", qué dice el texto · Foto: Río Negro

Por Naira Torres Bel

El gobierno de Javier Milei pasó a la acción en su disputa geopolítica por el Atlántico Sur y envió formalmente al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa busca frenar la logística de las empresas extranjeras que operen en lasIslas Malvinas tras el repudio oficial al proyecto petrolero británico Sea Lion.

Con las firmas del Presidente; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), el Ejecutivo propone derogar la normativa vigente desde 2011 para aplicar un esquema de sanciones mucho más elevadas.

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El objetivo ya no es solo castigar la extracción de crudo, sino penalizar a cualquier compañía que aproveche recursos naturales argentinos, renovables o no, sin la autorización de Gobierno.

La nueva escala penal diseñada por la Casa Rosada busca paralizar financieramente a las empresas que operen en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Plataforma Continental Argentina.

Según el texto al que accedió Diario RÍO NEGRO, el esquema de castigos establece: penas de 12 a 20 años de cárcel para quienes exploren o exploten hidrocarburos, la condena sube a un rango de 15 a 20 años si se comprueba la extracción, transporte o almacenamiento; sanciones económicas fijadas entre los 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, trepando hasta la cifra récord de 3 millones de barriles para la industria hidrocarburífera; quienes entreguen bienes o servicios (logística, barcos, tecnología) sabiendo su destino final enfrentarán penas de 5 a 7 años de prisión; las sociedades infractoras sufrirán la revocación de sus permisos, pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de operar o contratar con el Estado argentino por hasta 30 años.

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Para evitar un colapso caótico, la ley abre una ventana de salida. Crea un Régimen de Desistimiento y Regularización para que las empresas abandonen las prácticas ilegales, paguen multas o comprometan inversiones en territorio legal argentino a cambio de extinguir la acción penal.

El segundo pilar del proyecto enviado al Parlamento es una reestructuración profunda de la inteligencia y la defensa nacional. El Gobierno propone crear el Sistema de Seguridad Nacional, unificando las áreas diplomática, económica, cibernética y militar.

El órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, presidido directamente por Javier Milei. Esta mesa chica tendrá un poder de fuego inédito: ante riesgos graves, podrá bloquear fondos extranjeros, suspender operaciones cambiarias e incluso elevar los derechos de exportación e importación hasta un 75% para el Estado extranjero que ataque la integridad territorial.

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Según confirmó este medi, el texto que ya está en manos de los legisladores define protocolos estrictos para el uso de la fuerza contra aeronaves y buques hostiles. Para impedir la continuidad de un vuelo irregular, se requerirá una orden expresa del Presidente o del ministro de Defensa. En el mar, se habilitan disparos de advertencia y la inutilización de embarcaciones.

El hundimiento de un buque hostil solo podrá ordenarse como una «medida militar excepcional» con autorización presidencial previa. El texto prohíbe taxativamente hundir un barco civil como método de sanción.

Finalmente, la iniciativa modifica la Ley de Defensa Nacional para permitir que las Fuerzas Armadas protejan infraestructuras críticas. En el plano político, prohíbe que extranjeros sin residencia permanente financien campañas electorales e incorpora duras penas para las operaciones de inteligencia y las campañas masivas de desinformación destinadas a alterar las elecciones en el país.

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Fuente: Río Negro