Malvinas: Argentina amplió la ofensiva contra petroleras

El Gobierno argentino profundizó este martes su ofensiva administrativa contra las actividades petroleras desarrolladas en torno a las Islas Malvinas sin autorización nacional y abrió procedimientos sancionatorios contra otros 15 sujetos, entre personas y empresas. Con esta nueva tanda, ya son 60 los actores investigados bajo la Ley 26.659 por su presunta participación directa o indirecta en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

La medida amplía los 45 procedimientos anunciados el pasado 4 de septiembre y forma parte de una estrategia que el Ejecutivo vinculó expresamente con el avance de proyectos hidrocarburíferos en los espacios marítimos próximos a Malvinas.

Según informó oficialmente la Presidencia, la nueva identificación alcanza tanto a personas humanas como jurídicas presuntamente involucradas en esas actividades y el Gobierno adelantó que continuará rastreando a otros actores para abrir nuevos sumarios.

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Uno de los elementos centrales de la nueva estrategia es que el alcance de los procedimientos excede a las compañías encargadas directamente de explorar o extraer hidrocarburos. En la primera tanda de 45 casos, el Gobierno aclaró que también avanzaría contra accionistas de esas empresas y firmas que les prestaran servicios necesarios para desarrollar las operaciones. Eso está previsto en la propia Ley 26.659.

La normativa prohíbe no solo realizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, sino también participar directa o indirectamente en empresas que las desarrollen o prestarles servicios comerciales, financieros, logísticos, técnicos, de consultoría o asesoramiento.

De esa manera, el esquema permite extender las actuaciones administrativas a buena parte de la cadena empresarial vinculada con cada proyecto.

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La apertura de un procedimiento no implica todavía que los 60 actores hayan sido declarados responsables. La normativa exige primero la realización de un sumario administrativo y les otorga la posibilidad de presentar sus descargos.

En caso de determinarse una infracción, las sanciones pueden incluir inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para desarrollar actividades en la Argentina. Si los infractores tuvieran concesiones hidrocarburíferas en territorio nacional, estas también pueden revertir al Estado nacional o a las provincias correspondientes.

Además, la Ley 26.915incorporó sanciones penales para determinadas conductas vinculadas con la exploración y extracción de hidrocarburos sin autorización, con penas que pueden incluir prisión, multas e inhabilitaciones.

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El Gobierno modificó además recientemente el mecanismo administrativo utilizado para estas investigaciones. A través del Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, estableció un procedimiento específico para las presuntas violaciones a la Ley 26.659.

Una vez notificado, el investigado dispone de diez días hábiles administrativos para presentar su descargo y ofrecer pruebas. Luego, la autoridad de aplicación cuenta con otro plazo de diez días hábiles para resolver, salvo que deba abrirse una etapa probatoria.

El Ejecutivo justificó la modificación en la necesidad de dar mayor "celeridad, eficacia y coordinación" a las actuaciones relacionadas con la explotación de recursos naturales en los espacios marítimos en disputa.

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El endurecimiento de la estrategia argentina se produjo después de que el Gobierno señalara específicamente el avance del proyecto Sea Lion, un desarrollo petrolero ubicado al norte de las Islas Malvinas. El 3 de septiembre, la Casa Rosada anunció la reglamentación del régimen sancionatorio y el envío de un proyecto de ley al Congreso en respuesta al avance de esa iniciativa hacia una etapa de explotación sin autorización argentina.

Desde entonces se sucedieron tres movimientos en pocos días: la reglamentación del procedimiento administrativo, la apertura de los primeros 45 expedientes y ahora la incorporación de otros 15.

La Casa Rosada sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en esos espacios marítimos violan la legislación argentina y resultan incompatibles con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a Argentina y Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente la disputa de soberanía.

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Argentina ya aplicó anteriormente este régimen. Desde la sanción de la Ley 26.659, el Estado declaró ilegales las actividades de diez compañías que operaron en la plataforma continental sin autorización nacional y llegó a imponer inhabilitaciones de hasta veinte años.

En 2013, por ejemplo, la empresa Falkland Oil and Gas Limited fue inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en la Argentina por realizar exploración hidrocarburífera cerca de las Malvinas sin autorización nacional. La diferencia ahora está en la escala.

La nueva ofensiva no se limita a identificar a la compañía que explota un yacimiento, sino que busca reconstruir toda la red empresarial y financiera que hace posible esas operaciones.

Con los 15 procedimientos anunciados este martes, el número de investigados llegó a 60 y el Gobierno anticipó que la lista podría seguir creciendo.

(Fuente: NA)

Fuente: Primera Edición

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