Malvinas sacude la inversión minera en Argentina: qué riesgo abren las nuevas sanciones de Milei

En la noche del jueves el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional un paquete de medidas y sanciones para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las islas Malvinas, un territorio cuya soberanía es reclamada por Argentina a Inglaterra. Y este viernes el canciller Pablo Quirno en declaraciones a Radio Mitre, entre otras cosas; advirtió que las empresas que operen en las islas sin autorización tendrán que elegir entre esa actividad o su participación en proyectos estratégicos del país, como Vaca Muerta.

Ante ese escenario cobra mayor relevancia el análisis que Miguel Martín, editor de Minería & Desarrollo, publicó sobre el impacto que podrían tener las nuevas sanciones anunciadas por Milei en las inversiones mineras. Martin señala que, si bien la minería "no es el objetivo declarado, puede ingresar en el radio de efecto de las sanciones si alguno de sus actores aparece vinculado directa o indirectamente con actividades no autorizadas en las Islas Malvinas".

Agrega que el blanco inmediato es Sea Lion, situado al norte del archipiélago y controlado por Navitas Petroleum (65%) y Rockhopper Exploration (35%). Ambas aprobaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025. Rockhopper prevé la primera producción para comienzos de 2028; la fase inicial dispone de US$1.000 millones de deuda senior y, desde agosto, de una colocación adicional cercana a US$180 millones.

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Pero el Gobierno sostiene que explotar hidrocarburos en la plataforma continental disputada, sin autorización argentina constituye una apropiación ilegal de recursos. "Geopolíticamente, entiende que la producción generaría ingresos e infraestructura capaces de consolidar la presencia británica y estimular nuevos desarrollos", indicó en su análisis. Y agregó que por eso Milei anunció un decreto para acelerar los procedimientos y una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para endurecer las consecuencias económicas y judiciales.

Cabe agregar en este punto algo que la columna no dice: que el DNU que anunció el Jefe de Estado para introducir mayor celeridad en el proceso sancionatorio de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en territorios disputados, ya fue firmado y publicado en el Boletín Oficial. Y además que el texto agrega expresamente una cláusula para los proyectos del régimen RIGI: quienes ingresen al esquema de incentivos deberán presentar una declaración jurada de que no violan ni violarán esa norma.

Martin en cambio sí detalla que en base a la Ley 26.659, estas prohibiciones no se limitan al operador sino también a la participación directa o indirecta y los servicios financieros, comerciales, logísticos, técnicos o de consultoría destinados a actividades no autorizadas.

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Añade que prevé inhabilitaciones de cinco a veinte años, pérdida de beneficios fiscales y restricciones para contratar con el Estado.

El impacto en la minería

El editor de Minería y Desarrollo indicó que la ley contiene disposiciones relevantes para la minería: ante una condena penal, contempla la extinción de permisos o concesiones hidrocarburíferas o mineras otorgadas al autor y la caducidad de beneficios fiscales. También alcanza a directores, gerentes o representantes que hayan intervenido.

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"Esto no produce una sanción automática por pertenecer a un mismo grupo, pero obliga a estudiar cómo se probará cada vínculo y cada intervención", destacó y dio algunos ejemplos.

Canaccord Genuity Limited y Peel Hunt colocaron la emisión de US$180 millones de Rockhopper. Meses antes, Canaccord Genuity Corp., del mismo grupo financiero, asesoró a Lithium South en la venta por US$65 millones de Hombre Muerto Norte a POSCO. Esto no permite concluir que POSCO o el proyecto estén alcanzados; demuestra que una red global puede intervenir en Sea Lion y en la minería argentina.

Cabe aclarar que el proyecto Posco, conocido oficialmente como Sal de Oro, es una importante iniciativa minera de extracción y producción de litio desarrollada por la empresa surcoreana POSCO en el Salar del Hombre Muerto, entre las provincias de Salta y Catamarca.

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Los directorios toman nota

Martín opinó que, frente a estos anuncios, los boards suelen encargar a equipos legales y consultoras una revisión preventiva: propiedad beneficiaria, participaciones cruzadas, directores comunes, financiamiento, asesores y proveedores. Después determinan qué entidad realizó la conducta y si el riesgo puede trasladarse a otros negocios del grupo.

La mitigación puede incluir opiniones legales, cláusulas de terminación, reemplazo de contratistas y separación operativa. Una reorganización formal no bastará si subsiste participación o beneficio indirecto: la clave será la trazabilidad de decisiones, servicios y dinero.

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Y en proyectos adheridos al RIGI, el análisis será más delicado. El régimen concede treinta años de estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria al Vehículo de Proyecto Único. Esa estabilidad protege los incentivos frente a cambios normativos más gravosos, pero no equivale por sí sola a inmunidad frente a una sanción basada en otra ley.

El riesgo dependerá de si el supuesto infractor es el VPU, su controlante, un accionista o solamente un proveedor sustituible, siempre con debido proceso. Navitas y Rockhopper respondieron que sus licencias isleñas, respaldadas por el Reino Unido, siguen vigentes y que no esperan efectos materiales sobre el cronograma.

La respuesta confirma dos marcos incompatibles: la presión argentina dependerá de los activos, contratos y oportunidades que los participantes de Sea Lion tengan en el país.

Martin reiteró que, aunque Sea Lion es el objetivo inmediato, el impacto sobre la minería dependerá de cómo el decreto y la futura ley atribuyan responsabilidad a accionistas, directivos, financistas y proveedores.

"Hasta conocerlos, los proyectos mineros -especialmente bajo RIGI- enfrentan una contingencia que debe auditarse, no una sanción automática. El Gobierno deberá defender la soberanía sin extender incertidumbre a inversiones ajenas. Las mineras, por su parte, tendrán que documentar dónde termina una relación comercial global y dónde comienza una participación jurídicamente relevante en Sea Lion", indicó el editor.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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