Malvinas y Vaca Muerta: el Gobierno intimó a 180 empresas a elegir entre operar en las islas o en Argentina
En el marco de la reglamentación y reforma de la Ley 26.659, el canciller Pablo Quirno anunció que se notificó a empresas y a sus proveedoras de servicios. La Casa Rosada usará el potencial del no convencional de Neuquén como contrapeso y exigirá una declaración jurada para ingresar al RIGI.
Por Redacción
El canciller Pablo Quirno durante su exposición en la 47° Convención Anual del IAEF, donde advirtió a empresas petroleras en Malvinas sobre posibles sanciones. (Foto: gentileza)
El Gobierno nacional formalizó una advertencia directa a un universo de 180 empresas vinculadas con la industria de los hidrocarburos en las Islas Malvinas: deberán optar entre desistir de sus actividades bajo licencias británicas o quedar inhabilitadas para operar en el país. El planteo lo hizo el canciller Pablo Quirno durante su disertación en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, Misiones.
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Por ahora no hay sanciones aplicadas. Las compañías fueron notificadas la semana pasada y el Poder Ejecutivo dictó un decreto reglamentario para «darle celeridad a las sanciones», que además amplía su alcance. El universo no se limita a las petroleras: abarca, según detalló Quirno, a «las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera«.
La medida complementa los anuncios en materia de defensa y soberanía que brindó el presidente Javier Milei en cadena nacional. El decreto extiende el régimen de la Ley 26.659 no solo a las operadoras directas, sino también a su red de proveedores de servicios técnicos, financiamiento y aseguradoras. En paralelo, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para reformar la norma.
Quirno remarcó que el desarrollo de los recursos no convencionales en la cuenca neuquina modificó el tablero de negociación frente a las licencias que otorga Gran Bretaña. Recordó que «cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir», y sostuvo que hoy la política oficial busca «generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios«.
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En esa línea, el titular de la diplomacia argentina confirmó que el decreto reglamentario suma una exigencia directa sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI):
La ofensiva diplomática y comercial apunta a bloquear el avance de Sea Lion, el proyecto de explotación offshore situado en la Cuenca Malvinas Norte y controlado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%). La iniciativa contempla una inversión total de USD 1.800 millones y una producción estimada de 50.000 barriles diarios, con el inicio de las extracciones previsto para 2028. Tras los anuncios oficiales, las acciones de Rockhopper cayeron 6,3% en la Bolsa de Londres, mientras que los papeles de Navitas retrocedieron 2,3% en Tel Aviv.
Quirno vinculó esa baja con la estrategia oficial y la enmarcó en lo que definió como «una diplomacia ejecutiva y una diplomacia económica«, que —dijo— busca «tener un impacto en el valor de las acciones que quieren hacer ilegítimamente en Malvinas».
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El canciller también destacó la decisión de invertir en una Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego, como un enclave estratégico para el control del Mar Argentino y la conexión antártica. «Hoy nos compramos el espacio fiscal para tomar la decisión de poner recursos directamente en una base naval estratégica en Tierra del Fuego», afirmó, y proyectó que el proyecto reforzará «nuestra presencia en el Atlántico Sur».
En paralelo, Quirno se refirió a las conversaciones con Chile en torno a la asistencia logística regional en hidrocarburos y pesca, y señaló que la posición de Santiago resultó «primariamente» coincidente con el planteo argentino de que esos servicios no se presten.
Quirno enmarcó el conjunto de medidas como «una estrategia absolutamente integrada, coordinada, para que tenga el mayor impacto posible», y remarcó que la Cancillería mantiene conversaciones con el sector privado: «Contamos ya con el respaldo de varias cámaras empresariales». El proyecto de reforma de la Ley 26.659 deberá tratarse ahora en el Congreso.
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El Gobierno nacional formalizó una advertencia directa a un universo de 180 empresas vinculadas con la industria de los hidrocarburos en las Islas Malvinas: deberán optar entre desistir de sus actividades bajo licencias británicas o quedar inhabilitadas para operar en el país. El planteo lo hizo el canciller Pablo Quirno durante su disertación en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, Misiones.
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Fuente: Río Negro
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