Máximo Kirchner propuso cobrar un nuevo impuesto

Máximo Kirchner impulsa en el Congreso la creación de un nuevo tributo para gravar la salida de capitales del país, en momentos en que había adelantado la necesidad de reunir mayorías legislativas para "penalizar" este tipo de operaciones, a modo de un "tax exit" para quienes transfieren fondos al exterior.

Qué grava el nuevo impuesto

El proyecto crea el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), que alcanza las operaciones cursadas por el mercado de cambios, el Contado con Liquidación (CCL) y otras transferencias de divisas, valores negociables o activos virtuales hacia cuentas propias o de terceros radicadas fuera del país. Comprende tanto a personas físicas como a empresas, fideicomisos, trusts, fundaciones y otras estructuras, sean residentes o no.

También incluye operaciones con criptoactivos realizadas a través de exchanges, plataformas descentralizadas, billeteras, custodios, contratos inteligentes y transferencias entre particulares (P2P), en la medida en que impliquen la disponibilidad final de esos fondos en el exterior.

Alícuotas y excepciones

La tasa general prevista es del 3% sobre el monto de cada operación alcanzada. Ese porcentaje sube al 5% cuando el destino final del dinero es una jurisdicción de baja o nula tributación, o un país catalogado como no cooperante.

El texto contempla, sin embargo, un listado de excepciones: quedan afuera las importaciones de bienes y servicios registradas ante el BCRA y ARCA, ciertos pagos vinculados con salud, medicamentos y educación, y el financiamiento externo orientado a infraestructura, bienes de capital, inversión productiva o innovación tecnológica. También estarían exentas, bajo determinadas condiciones, las suscripciones primarias de títulos públicos y obligaciones negociables, y la repatriación de aportes de capital ya declarados.

Quiénes cobrarían el tributo

El esquema de recaudación funcionaría en el momento mismo de cada operación, con bancos, agentes de liquidación y compensación, proveedores de servicios de activos virtuales y otros intermediarios financieros y fintech actuando como agentes de percepción. ARCA quedaría a cargo de la aplicación y fiscalización del impuesto, con la colaboración de la CNV, el BCRA y la UIF.

Cómo se repartiría la recaudación

El kirchnerismo calcula una recaudación mínima anual cercana a los $2,89 billones. Del total, el 60% se destinaría a provincias y municipios para obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vial y de vivienda, con la posibilidad de usar hasta el 20% de esos fondos para recomponer salarios de salud y educación. Las provincias adheridas deberían, a su vez, girar a sus municipios al menos el 30% de lo que reciban.

El 40% restante se dividiría en partes iguales del 10% cada una entre hospitales nacionales y políticas de discapacidad, universidades nacionales, ANSES —con destino a jubilaciones o bonos— y PAMI.

El trasfondo político

La presentación llega en medio de un fuerte contraste de política fiscal con el Gobierno de Javier Milei, que impulsó reducciones impositivas como el RIGI —con una alícuota de Ganancias del 25% para los proyectos alcanzados— y su versión ampliada, el "Súper RIGI", con una tasa del 15%. El proyecto de Kirchner apunta, en sentido inverso, a gravar la salida de divisas para compensar la caída de las transferencias nacionales a provincias y municipios, que según sus propios cálculos retrocedieron 8,4% en términos reales entre 2023 y 2025.

De todos modos, el propio Máximo Kirchner reconoció que el principal obstáculo de la iniciativa pasa por lograr los votos necesarios en un Congreso fragmentado, aunque confía en sumar el respaldo de los diputados que responden a los gobernadores, por el destino que tendrían los fondos recaudados.

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