Mendoza acusa el golpe de Baric y busca llevar a la Corte la disputa por Los Nihuiles

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EL DIARIO digital

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La decisión del juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, que suspendió provisoriamente los artículos del Decreto 982/2026 que otorgaban a Mendoza la totalidad de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, generó una rápida reacción en el Gobierno mendocino.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, cuestionó tanto el alcance de la resolución como la vía elegida por el Gobierno de La Pampa para plantear su reclamo. Según publicó MDZ, la funcionaria sostuvo que se trata de una medida "de muy corto vuelo".

Latorre explicó que la resolución de Baric es una "cautelar interina" y no una cautelar autónoma, debido a que todavía no se dio intervención al Estado nacional, demandado en la presentación. "Es interina porque no se le dio vista a la contraparte, que es la demandada, que es el Estado Nacional", señaló.

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La ministra también objetó que La Pampa haya acudido a la Justicia Federal de Santa Rosa. "En lugar de elegir esa vía que correspondía, eligió una cautelar autónoma para que fuera un juzgado de La Pampa, federal, pero de la provincia de La Pampa, y una fiscalía de La Pampa las que intervinieran", afirmó.

Según Latorre, la discusión debería tramitar ante la Corte Suprema de Justicia, al considerar que se trata de un conflicto entre provincias o entre una provincia y la Nación. En ese sentido, recordó que Mendoza acudió en 2022 al máximo tribunal para pedir la nulidad del Decreto 1560/1973.

"Lo que hizo la provincia de La Pampa es eludir la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia y buscar que un juez pampeano resolviera con un remedio excepcionalísimo a una discusión que lleva muchísimos años y respecto a la cual efectivamente carecen de nuevos argumentos", sostuvo.

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Latorre también relativizó el alcance temporal de la cautelar. Explicó que, de acuerdo con la propia resolución, sus efectos se mantienen hasta que el Estado nacional presente el informe requerido por el magistrado, para lo cual cuenta con un plazo de tres días.

"Es una medida cautelar de muy corta vida porque en el mismo dispositivo dice que dura hasta tanto conteste la parte demandada, a la que se le da tres días", afirmó.

La funcionaria sostuvo además que, desde la mirada del Gobierno mendocino, La Pampa busca prolongar una discusión que lleva décadas. "Lejos de defender los intereses de los pampeanos, lo único que busca es seguir dilatando y fortaleciendo una postura política, y hacer de esto una discusión política partidaria", señaló.

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La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, también cuestionó la resolución de Baric a través de sus redes sociales.

"Una cautelar dictada por juez federal de La Pampa justificando un decreto de la dictadura", escribió Casado, en referencia al Decreto 1560 de 1973, norma que estableció el esquema por el cual La Pampa comenzó a percibir el 50% de las regalías que el Estado nacional abonaba a Mendoza por el complejo hidroeléctrico. "Injustificable como la juez que suspendió el nuevo régimen penal juvenil en Buenos Aires", añadió.

En declaraciones difundidas por medios mendocinos, Casado también defendió la posición de su provincia y cuestionó el reparto vigente desde hace décadas. "Si hay justicia en Argentina, las regalías van a ser 100% mendocinas como corresponde y como lo dijo el presidente Javier Milei en el último decreto", sostuvo.

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Fernández Sagasti: "Las regalías pertenecen a Mendoza"

La repercusión también llegó desde el peronismo mendocino. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti defendió el reclamo de Mendoza sobre las regalías de Los Nihuiles y cuestionó la intervención de la Justicia Federal pampeana.

"Las regalías de Los Nihuiles pertenecen a Mendoza. Y no es una opinión mía, es lo que dice la ley: el artículo 124 de la Constitución le da a cada provincia el dominio de sus recursos naturales, y el artículo 43 de la Ley 15.336 arma el régimen de regalías hidroeléctricas justamente sobre ese criterio, dónde está la fuente que genera la energía, y esa fuente está íntegramente en Mendoza", sostuvo.

La senadora agregó que esa interpretación, según su planteo, también está respaldada por antecedentes judiciales y dictámenes de la Procuración del Tesoro. "Y por eso un juzgado federal de otra provincia no tiene ninguna injerencia en esto: si hay una disputa interprovincial, la que tiene que resolver es la Corte Suprema", afirmó.

Fernández Sagasti también planteó que deben diferenciarse dos discusiones que atraviesan la relación entre ambas provincias. "Hay algo que no hay que mezclar: una cosa es el uso del agua del Atuel, y otra muy distinta es la regalía por la energía que se genera con esa agua. Son dos discusiones jurídicas totalmente separadas", señaló.

En ese sentido, agregó: "Mendoza tiene argumentos sólidos para sostener sus derechos en las dos, y los vamos a hacer valer en cada instancia que corresponda".

La posición de Fernández Sagasti, sin embargo, no implicó un respaldo al proceso de licitación que lleva adelante el Gobierno de Mendoza junto con la Nación.

"Ahora, sostener esto no significa avalar cómo se está manejando la licitación de Los Nihuiles por parte del Gobierno de Mendoza, entregándolo mansamente a la Nación", afirmó.

La senadora sostuvo que la provincia ya había elaborado y financiado sus propios pliegos de licitación y cuestionó que se utilicen otros documentos elaborados junto al Gobierno nacional. "Defender la soberanía de nuestros recursos no es lo mismo que darle el visto bueno a ese proceso licitatorio. Mendoza ya hizo los pliegos, ya los pagó, con esos tienen que licitar Los Nihuiles, no con otros armados a las apuradas junto a Nación. Eso también es soberanía provincial", sostuvo.

Finalmente, Fernández Sagasti planteó qué destino deberían tener los recursos derivados de la explotación hidroeléctrica. "Las regalías de Los Nihuiles son de Mendoza y de los mendocinos, y tienen que traducirse en obras de infraestructura hídrica y energética, en desarrollo productivo y en energía accesible para las familias y los comercios de acá", afirmó.

"De eso se trata: que los recursos de la provincia se conviertan en desarrollo real para la gente", concluyó.

Qué resolvió Baric

La resolución del juez federal Juan José Baric hizo lugar a la medida cautelar interina solicitada por La Pampa y ordenó la suspensión inmediata de los artículos 3° y 4° del Decreto 982/2026, mediante el cual el Gobierno nacional había dispuesto que la totalidad de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles fueran percibidas por Mendoza.

El magistrado ordenó además que el Poder Ejecutivo Nacional produzca, en el plazo de tres días, el informe previo previsto por la Ley 26.854.

Para fundamentar la decisión, Baric consideró el régimen establecido en 1973 y sostuvo que el nuevo decreto produce "una modificación inmediata y sustancial del régimen existente que estaría colisionando con la autonomía provincial".

También advirtió sobre el impacto económico para La Pampa y señaló que existe un régimen jurídico vigente desde hace décadas, reconocido por la Nación, incorporado a un acuerdo interjurisdiccional y homologado judicialmente.

En otro tramo de la resolución, el juez advirtió sobre las consecuencias que podría tener la continuidad del decreto en el proceso de concesión del complejo hidroeléctrico. Si se mantiene vigente, señaló, los pliegos de la licitación establecerían el pago total de las regalías a Mendoza y posteriormente podría resultar "casi de imposible reparación" la incorporación del pago correspondiente a La Pampa.

La resolución de Baric es, por ahora, cautelar: la discusión de fondo sobre el régimen de regalías de Los Nihuiles continúa abierta.

Fuente: El Diario de La Pampa

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