Mendoza puede tener la primera Ley de Ciberseguridad del país: en qué consiste el proyecto que presentó Rus

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, presentó el proyecto de Ley de Ciberseguridad. Es la primera norma de estas características en todo el país.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó el proyecto de Ley de Ciberseguridad en el Senado. La acompañó la vicegobernadora Hebe Casado y el subsecretario Leandro Biskupovich.

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La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó este jueves en la Legislatura el proyecto de Ley de Ciberseguridad, una iniciativa que busca establecer un marco legal permanente para la protección de la infraestructura digital del Estado y de los servicios públicos esenciales. La propuesta había sido anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo en la White Hat Conference 2026, a principios de junio.

La ministra presentó el proyecto de ley en el Senado provincial junto a la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; y el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner. Lo hizo acompañada por el Subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich.

Durante la exposición, la funcionaria remarcó que la provincia viene trabajando desde hace tiempo en esta materia, aunque sostuvo que ahora buscan darle rango de ley para garantizar su continuidad como una política de Estado.

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"Hoy el ciudadano común habita el mundo físico, pero también, cada vez más, el ciberespacio. Nosotros tenemos que brindar seguridad en los dos aspectos", afirmó Rus.

La ministra explicó que el avance de la digitalización obliga al Estado a proteger sistemas críticos vinculados al transporte, la salud, la educación, la seguridad y la provisión de energía, ya que un ciberataque puede afectar el funcionamiento de servicios esenciales.

Para ello, el proyecto propone establecer reglas unificadas para todos los organismos públicos, crear un Comité Ejecutivo de Ciberseguridad que coordine la estrategia provincial y fijar protocolos tanto de prevención como de respuesta frente a incidentes informáticos.

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La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó el proyecto de Ley de Ciberseguridad en la Legislatura

Además, la normativa alcanzará al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y también a determinados prestadores de servicios críticos, mientras que los municipios podrán adherir voluntariamente.

Rus recordó que los ataques informáticos son una amenaza permanente y señaló que tanto organismos públicos como empresas privadas sufren intentos de vulneración de sus sistemas. Incluso mencionó el caso del RENAPER y distintos poderes judiciales provinciales que fueron blanco de ciberataques en los últimos años.

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Además advirtió que las organizaciones privadas reciben en el país cerca de 2.800 ataques por semana por lo que reviste importancia que el Estado fortalezca su intervención en esta materia. De concretarse, Mendoza sería la primera provincia en implementar una Ley de Ciberseguridad específica en todo el país.

La funcionaria destacó además que Mendoza ya cuenta con recursos específicos para afrontar este escenario, entre ellos policías especializados en ciberdelitos y un Laboratorio Forense Digital que funciona desde septiembre de 2024.

De hecho se señala entre los fundamentos de la ley que la provincia será la primera en contemplar "el aporte de investigadores, especialistas y hackers éticos, habilitando la legalidad de la colaboración responsable, mediante canales seguros de recepción de reportes e incidentes de vulnerabilidades".

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Entre los principales aspectos del proyecto se destaca la creación del Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad, organismo que actuará como autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la elaboración y supervisión del Plan Provincial de Ciberseguridad. Asimismo, se prevé la designación de una autoridad de ejecución operativa especializada encargada de implementar las acciones cotidianas de prevención, monitoreo y respuesta, manteniendo separadas las funciones de control y fiscalización.

La iniciativa tendrá alcance sobre los tres poderes del Estado provincial y también alcanzará a empresas y proveedores que brinden servicios digitales, infraestructura tecnológica, conectividad, software o almacenamiento al Estado, quienes deberán informar de manera inmediata cualquier vulnerabilidad o incidente que pudiera afectar los sistemas provinciales.

Otro de los ejes centrales es la protección de la infraestructura crítica esencial, incorporando medidas específicas para los sistemas vinculados a salud, educación, seguridad pública, justicia, hacienda, identidad digital e interoperabilidad administrativa.

El proyecto también establece la obligatoriedad de implementar un régimen integral de gobernanza de datos para garantizar la protección de la información pública y ciudadana durante todo su ciclo de vida, desde la creación y almacenamiento hasta el intercambio seguro, archivo y eliminación definitiva.

En materia operativa, la propuesta formaliza la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad y de un Equipo de Respuesta ante Incidentes, estructuras destinadas al monitoreo permanente, la detección temprana de amenazas y la mitigación de ataques informáticos. Además, se creará un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad para centralizar información, medir tiempos de respuesta y elaborar estadísticas que permitan fortalecer el sistema.

Uno de los puntos más novedosos del proyecto es la incorporación de un Programa de Divulgación Responsable que habilitará la participación de especialistas e investigadores en seguridad informática y hackers éticos para reportar vulnerabilidades detectadas en sistemas públicos, bajo reglas de confidencialidad y protección legal para quienes actúen de buena fe.

La propuesta también contempla campañas de alfabetización y concientización digital dirigidas tanto al sector privado como a la ciudadanía, promoviendo prácticas seguras para la protección de datos personales, el uso de credenciales y la prevención de delitos informáticos y usurpación de identidad.

Asimismo, la norma prevé un régimen progresivo de sanciones para los organismos o proveedores que incumplan los estándares mínimos establecidos, especialmente en casos de ocultamiento de incidentes que afecten servicios públicos o datos sensibles.

Finalmente, el proyecto incorpora modificaciones a laLey Provincial de Administración Financiera con el objetivo de agilizar la contratación y actualización de herramientas tecnológicas destinadas específicamente a la ciberseguridad y la protección de la información estratégica del Estado.

Fuente: Los Andes

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