Mendoza se prepara para aplicar el nuevo régimen penal juvenil desde septiembre

La reforma incluye la creación de una ley provincial, la utilización de un software de gestión nacional y la incorporación de supervisores para reducir la reincidencia

El ex Cose. Imagen ilustrativa.

En marzo de este año, Diario Uno publicó el testimonio de un joven alojado en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (ex COSE) y cómo iba a ser el esquema de sanciones a partir de la reforma en la Ley Penal Juvenil que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años.

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La nueva norma redefinió penas máximas de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Y penas alternativas para condenas menores de 3 a 10 años. Más la creación de institutos especiales para que los jóvenes en conflicto con la ley reciban educación, atención y tratamiento en adicciones (algo que ya se hace en Mendoza) y la prohibición a vivir con detenidos mayores de edad.

En esa nota, la Subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, Verónica Álvarez Ocampo, admitía que Mendoza aún no estaba preparada para albergar a más chicos en conflicto con la ley.

"No, la verdad es que tendríamos que hacer una gran modificación y necesitamos gran inversión para poder tener a todos los adolescentes privados de la libertad en condiciones de habitabilidad y en condiciones óptimas para poder reinsertarlos nuevamente. Tiene que ver con una cuestión de infraestructura y de recursos humanos", decía la funcionaria

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Sin embargo, a casi cuatro meses de la sanción y promulgación de la ley, Mendoza, según anunció el propio gobierno, es la primera provincia del país en reunir las condiciones técnicas e institucionales para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil a partir del 1 de septiembre.

Y es que la provincia parte de una situación diferente a las otras jurisdicciones. Cuenta desde hace años con la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, lo que le otorga cierta ventaja frente a otras provincias que aún no tienen sistemas especializados y con la Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad (UMA).

Desde el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Universidad del Aconcagua, sostienen que desde el gobierno provincial les indicaron "que esa capacidad instalada permitirá absorber la nueva demanda sin requerir, en una primera etapa, de grandes inversiones en infraestructura".

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Uno de los talleres en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil.

El subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, explicó a Diario Uno, que como el Congreso amplió la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, "necesariamente hay que tener infraestructura por género. Además no pueden estar juntos los de 14 y 15 con los de 16 y 17 años".

Verónica Álvarez Ocampo, la titular del área de Infancia, Adolescencia y Juventudes, señaló que el predio del ex Cose tiene espacio para chicas, aunque actualmente está vacío.

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"Hace 2 años venimos haciendo mejoras en infraestructura. Anteriormente, otros años, hubo hasta 200 chicos internados en el mismo predio. Hoy tenemos 5 sectores que estamos refaccionando, que tienen con lo recreativo, patios internos, mejoras en los sanitarios y en las habitaciones", detalló la funcionaria.

Actualmente están bajo la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, 41 jóvenes de 16 y 17 años alojados con privación de la libertad en la Unidad de Internación, el espacio cerrado, con infraestructura perimetral y personal de seguridad.

Y otros 451 en la Dirección de Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad, Externación e Inclusión Social. En esta unidad se llevan adelante planes de intervención y seguimiento de adolescentes punibles, de acuerdo a las medidas impuestas por los juzgados penales juveniles. Se permiten salidas transitorias (autónomas o acompañadas) para actividades educativas, sanitarias, recreativas y deportivas.

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"Se va a judicializar penalmente a una cantidad mayor de niños y adolescentes", señalaron desde el gobierno provincial al Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia.

-Con el cambio en la ley, ¿habrá un porcentaje mayor de cantidad de chicos privados de libertad?, le consultamos a Álvarez Ocampo.

"Seguramente, y eso lo va a definir la Justicia Penal de Menores. Veremos qué ocurre en la práctica en sí con los chicos de 14 a 16 años. Hoy no los tenemos bajo este sistema, pero sí desde septiembre".

Para implementar la Ley 27.801, nuevo Régimen Penal Juvenil de Argentina, Mendoza deberá tener su propio código procesal penal juvenil para adecuarlo a la norma nacional.

"Una comisión está redactando un Código Especial de Responsabilidad Penal Juvenil. En la ley actual, que va a ser reemplazada, hay 7 delitos determinados por los cuales se imputa a un joven de 16 o 17 años. Ahora es todo el Código Penal. Pero además, la ley nacional, le da al juez distintas alternativas a la condena según el delito. Como apercibimientos, prohibición de ir a espectáculos públicos, culturales, deportivos, prohibición de acercamiento a la víctima, o uso de la tobillera electrónica, por ejemplo", detalló el subsecretario Jaliff.

La reforma promueve la utilización de dispositivos alternativos a la privación de la libertad, además del acompañamiento interdisciplinario, controles y restricciones, seguimiento educativo y abordajes en salud mental.

Por eso, decía Jaliff que el nuevo régimen no necesariamente derivará en un aumento inmediato de adolescentes encarcelados. Aunque sí habrá un incremento de jóvenes bajo supervisión judicial o institucional.

"Las estadísticas de delitos cometidos por adolescentes de 14 o 15 años son muy pocos. Lo que sí hay que reconocer, que son hechos que tienen mucha trascendencia mediática. Pero no es una cifra significativa".

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó a Diario Uno, que la figura del supervisor es nueva en la normativa nacional con un rol de asistencia personal al adolescente en conflicto con la ley.

"Mendoza tiene dentro del Ministerio de Educación e Infancias una asistencia especializada en menores que infringen la ley. Ellos ya han seleccionado una serie de perfiles".

"Los supervisores serán profesionales del ámbito de la salud, de la salud mental, del ámbito social, del derecho, que van a supervisar a los equipos de operadores que van a tener a cargo los adolescentes de entre 14 y 17 años que hayan cometido delitos", explicó Verónica Álvarez Ocampo.

"El fin es evitar la reincidencia de estos jóvenes. Entonces esta nueva figura al ser tan personalizada, le podrá dar la asistencia que requiera el joven", resumió Rus.

"Hoy trabajamos con los operadores como si fueran supervisores. Tenemos a los chicos privados de libertad y a los que viven en sus domicilios y en sus comunidades. Ahí hay un equipo que acompaña las trayectorias de esos chicos que están intervenidos y privados de la libertad", contó la funcionaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes.

Tras el convenio firmado entre la provincia y Ministerio de Justicia de la Nación, habrá una primera capacitación al personal que ya tiene la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil.

Una de las novedades operativas es la provisión de un software de gestión para el seguimiento de las causas de los menores de edad punibles. Servirá para unificar la base de datos de los adolescentes en conflicto con la ley.

"Es una base, a la que aún no tenemos acceso, pero es un tablero de gestión de datos. Pensamos que la información que requiere el juez es también la trayectoria de ese joven en razón con su situación familiar, si ha recibido asistencia de parte de la Dirección de Protección de Derechos, por ejemplo. Esta plataforma buscará una gestión óptima de esa información en favor del sistema judicial", detalló la ministra Mercedes Rus.

Fuente: Diario UNO Mendoza

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