Mercado Pago: qué resolvió la Justicia sobre la controversial denuncia por usura contra Galperin
La fiscalía consideró que no se acreditaron los requisitos del delito. La presentación cuestionaba las tasas y pedía suspender los cobros.
La Justicia archivó la denuncia por presunta usura contra Marcos Galperin vinculada con los préstamos de Mercado Pago. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 53 desestimó la presentación por inexistencia de delito, en coincidencia con el criterio de la fiscalía.
Según informó Noticias Argentinas, la resolución fue dictada el lunes 28 de septiembre. La decisión sobre la denuncia impulsada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano trascendió públicamente durante los últimos días.
El planteo cuestionaba los intereses aplicados a los créditos de la billetera virtual y buscaba que se suspendiera su cobro mientras se investigaban las condiciones de financiamiento.
El punto central del dictamen fiscal fue uno de los requisitos necesarios para configurar el delito de usura: el aprovechamiento de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona determinada.
De acuerdo con la información difundida por NA, la fiscalía entendió que esa circunstancia no se verificó en el caso. El juzgado compartió ese criterio y dispuso el archivo.
La figura está contemplada en el artículo 175 bis del Código Penal, que sanciona a quien, aprovechando esas condiciones personales, obtiene intereses o ventajas económicas evidentemente desproporcionadas con su prestación, o garantías de carácter extorsivo.
El análisis penal, por lo tanto, incluyó tanto las condiciones del préstamo como la existencia de ese aprovechamiento sobre una persona concreta.
Solano había presentado la denuncia inicial en agosto contra el fundador de Mercado Libre y los responsables de la política de tasas de la compañía. Posteriormente amplió el planteo y pidió una medida cautelar para frenar los cobros.
Según la presentación difundida entonces por Noticias Argentinas, el dirigente cuestionó costos anuales que, en las operaciones señaladas en su denuncia, llegaban al 1.375,94%. También comparó las condiciones de esos préstamos con otras alternativas de financiamiento.
El reclamo incluía la posibilidad de recalcular las deudas y reintegrar pagos si se determinaba que los intereses eran abusivos.
Además del planteo penal, el dictamen abordó las vías para discutir las condiciones de los créditos.
Según publicó La Nación, la fiscalía sostuvo que las controversias sobre tasas e intereses deben tramitar en el fuero civil y comercial o ante los organismos de defensa del consumidor.
Con ese criterio, el juzgado cerró el expediente penal iniciado a partir de la denuncia de Solano.
Fuente: Tiempo de San Juan
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