Milei ante la Argentina provincial: intendentes, gobernadores y el límite de la polarización

Ganar una elección no necesariamente significa tener poder. Y tener un gobernador tampoco garantiza controlar una Legislatura, del mismo modo que dominar el mapa de las intendencias puede convivir con una debilidad institucional en el capital política. Ese país, bastante más complejo que el que suele verse en los resultados electorales, es la que intenta describir la Dirección Nacional Electoral (Dine), a través de su Observatorio Político, en un informe titulado "Mapa de poder provincial en la Argentina".

El trabajo es un análisis comparado de la articulación territorial e institucional del país y pone números a algo que desde hace años circula entre periodistas, dirigentes y politólogos: cómo se reparte el poder real, banca por banca e intendencia por intendencia, en las 24 jurisdicciones argentinas.

El relevamiento, publicado en julio de este año, cruzó las 1.201 bancas legislativas provinciales actualmente en ejercicio con la pertenencia política de 1.275 intendentes.

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El resultado permite observar quién gobierna formalmente; pero sobre todo, con qué respaldo legislativo lo hace, cuánto territorio controla y hasta qué punto depende de negociar con opositores o aliados.

Y además, describe la novedad que significó la forma en que La Libertad Avanza construyó poder con Javier Milei, quien rompió con la secuencia histórica de los grandes partidos que primero se hacían fuerte en los territorios, luego iban por los votos, y finalmente llegaban a las bancas y a las gobernaciones.

Como esquema teórico, el informe propone un índice propio para clasificar a cada provincia según la capacidad de control del oficialismo sobre tres variables: Senado, Cámara de Diputados (o Unicameral) y las intendencias.

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En un extremo aparecen las provincias "hegemonicas", una categoría que existe cuando el oficialismo supera el 60% en al menos dos de esos tres indicadores o cuando controla más del 80% del territorio y, además, tiene mayoría simple legislativa.

En el medio se encuentra el escenario de las provincias de "diálogo", que supone niveles de control que se mueven, en términos generales, entre el 45% y el 60%.

Finalmente están las provincias en "minoría", categoría utilizada cuando el oficialismo provincial no alcanza el 45% en Diputados ni controla al menos el 35% del territorio.

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Así, el mapa queda dividido en tres grupos. Nueve provincias tienen gobiernos catalogados como "hegemónicos" (Catamarca, Formosa, La Rioja, Salta, Tucumán, Misiones, Santa Fe, Mendoza y Santiago del Estero).

Detrás, 12 aparecen dentro del universo "dialoguista" (allí están Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Y solo tres quedan clasificadas como gobiernos en "minoría" (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Juan y Neuquén)

Pero incluso dentro de las provincias consideradas hegemónicas las formas de ejercer el poder son diferentes. Por eso, el informe identifica a las "hegemonías totales", donde el oficialismo supera los dos tercios tanto en representación territorial como legislativa (en ese lugar aparecen Formosa, La Rioja, Salta y Tucumán).

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Luego están las "hegemonías de base territorial" con un piso legislativo más ajustado. Allí, el principal activo de los oficialismo es una extensa red de intendentes, pero con una mayoría parlamentaria menos contundente (Misiones, Catamarca y Santa Fe).

Finalmente aparecen las "hegemonías legislativas". Son provincias donde el oficialismo logra mayorías de dos tercios gracias a coaliciones amplias, aunque comparte una porción significativa del mapa municipal con fuerzas opositoras (Mendoza y Santiago del Estero).

Dentro de ese mapa, y comparada con el resto del país, Córdoba ofrece uno de los casos de mayor equilibrio entre territorio y representación legislativa.

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Según el relevamiento de la Dine, Hacemos Unidos por Córdoba controla el 46,33% de las 259 intendencias contabilizadas en la provincia y posee el 47,14% de las bancas de la Legislatura unicameral. La similitud entre ambas cifras describe el esquema sobre el cual gobierna Martín Llaryora, donde es la primera fuerza tanto en el territorio como en la Legislatura, pero no posee mayorías absoluta (para alcanzar ese umbral necesita 36 de las 70 bancas).

Córdoba queda dentro del universo "dialoguista". En términos institucionales, la Legislatura debería funcionar como uno de los centros de gravedad negociación, porque el oficialismo necesita construir acuerdos para determinadas leyes y no cuenta con la capacidad de imponerlas por número propio.

En la práctica, esa necesidad de negociación no siempre se traduce en una dinámica abierta, uno de los aspectos recurrentemente cuestionados por los bloques opositores.

Pero la radiografía cordobesa contiene, además, otra particularidad. El vecinalismo controla el 11,9% de las intendencias de la provincia, pero apenas el 1,43% de las bancas de la Unicameral. Es la fuerza que presenta la mayor brecha entre representación territorial y parlamentaria del país.

Las distintas expresiones vecinalistas administran 31 municipios. Es una cantidad superior a la que controla el kirchnerismo (1,54%) y también mayor a la de otras fuerzas nacionales por fuera de Hacemos Unidos por Córdoba y Juntos por el Cambio, aunque dentro de esta última categoría conviven radicales, el PRO y espacios afines a los libertarios.

La descripción ayuda a explicar por qué mirar Córdoba únicamente desde el resultado de una elección presidencial o legislativa nacional podría darnos una imagen incompleta. Y ahí aparece la mayor paradoja provincial.

La Libertad Avanza (LLA) consiguió un enorme volumen electoral en Córdoba tanto en la elección presidencial como en las legislativas nacionales posteriores. Sin embargo, ese respaldo no tiene una traducción equivalente en la estructura institucional provincial. ¿Por qué? Porque no tiene intendentes propios y tampoco legisladores provinciales reconocidos como parte del espacio.

Uno de los hallazgos más interesantes del informe es precisamente la lógica de crecimiento de LLA. Históricamente, el peronismo y el radicalismo construyeron poder siguiendo una secuencia territorial, que incluía comités, unidades básicas, dirigentes locales, concejales e intendentes. Y todo eso servía como base para luego disputar legislaturas, gobernaciones y, finalmente, poder nacional.

LLA recorrió el camino inverso. Milei llegó primero a la Presidencia (con un breve paso por Diputados). La fuerza creció luego en representación parlamentaria nacional y provincial, pero todavía conserva una implantación municipal muy inferior a su caudal electoral. En otras palabras, construyó de arriba hacia abajo.

Según detalla el informe, LLA tiene bloques legislativos propios en 16 provincias, pero muy pocas intendencias. En algunos de los distritos donde obtuvo sus mejores resultados electorales nacionales directamente no gobierna ningún municipio.

La provincia de Buenos Aires sirve para observar esa diferencia ya que ahí La Libertad Avanza cuenta con 20 diputados, equivalentes al 21,7% de la Cámara baja, y 10 senadores, también el 21,7% del Senado. Es una representación legislativa considerable que no tiene un correlato equivalente en intendentes propios.

En la Ciudad de Buenos Aires ocurre algo similar. LLA posee 14 bancas de la Legislatura porteña, el 23,3%, y es la segunda fuerza detrás de Vamos por Más. El oficialismo porteño, a su vez, gobierna la Ciudad con apenas el 20% de las bancas propias, una de las razones por las cuales la Capital Federal aparece dentro del escenario de "minoría".

En Catamarca, LLA es la segunda fuerza en Diputados con 10 bancas (el 24,39%), pero no controla ninguna intendencia.El patrón, con distintos niveles de intensidad, vuelve a observarse en Mendoza, Jujuy, Salta y Misiones.

Es representación institucional sin territorio, y constituye una anomalía respecto de la forma tradicional en que se construyó el poder subnacional. El interrogante es hasta qué punto esa anomalía representa una nueva forma de organización política o solamente una etapa transitoria de un partido que todavía no atravesó una elección ejecutiva provincial en condiciones de competir por gobernaciones e intendencias.

El relevamiento también permite observar casos que rompen cualquier interpretación lineal del poder. Neuquén es probablemente el más elocuente, donde el Movimiento Popular Neuquino perdió la gobernación después de seis décadas de control provincial, desplazado por Comunidad, el espacio encabezado por Rolando Figueroa.

Sin embargo, perder la gobernación no significó para el MPN perder su estructura territorial porque el partido conserva 13 de los 26 municipios, exactamente el 50%, incluida la capital provincial, gobernada por Mariano Gaido.

Comunidad, pese a controlar el Poder Ejecutivo, gobierna solamente ocho municipios, el 30,77%.

San Juan ofrece otra variante. Marcelo Orrego llegó a la gobernación como referente de Unidos por San Juan y terminó con el ciclo del peronismo provincial. Sin embargo, el PJ y sus aliados mantienen alrededor del 80% de las intendencias: gobiernan 15 de los 19 municipios, entre ellos distritos importantes como Rawson, Pocito y Chimbas.

Orrego administra así una provincia en la que su espacio tiene una posición minoritaria en la Legislatura (44,4%) y donde la mayor parte del territorio permanece en manos de sus adversarios.

Tierra del Fuego lleva esa disociación todavía más lejos. La alianza gobernante controla el 100% de las intendencias: los tres municipios de la isla están en manos de sectores vinculados al oficialismo.

Pero la Legislatura presenta una fragmentación extrema. Ninguno de sus bloques consigue manejar más del 20% del cuerpo. El dominio territorial absoluto convive, entonces, con una gobernabilidad legislativa mucho más débil. Por eso Tierra del Fuego queda dentro de la categoría de "diálogo" y no de "hegemonía".

Los tres ejemplos permiten comprender una de las virtudes del índice: obliga a abandonar la idea de que la gobernación, por sí sola, define quién controla políticamente una provincia.

El poder subnacional está distribuido entre Ejecutivo, Legislatura, municipios, coaliciones y estructuras partidarias que incluso pueden sobrevivir durante años después de perder una elección provincial.

El informe dedica un apartado al fenómeno, tan claro en las provincias, de que mientras la discusión pública y mediática se encuentra fuertemente nacionalizada, buena parte del poder territorial continúa obedeciendo a lógicas provinciales y municipales.

Misiones es el caso extremo. El Frente Renovador de la Concordia controla 76 de las 78 intendencias relevadas, equivalentes al 97,44% del territorio municipal. Es la mayor concentración registrada por el estudio. Y posee el 52,5% de la Legislatura.

Allí, la construcción política misionera demuestra hasta qué punto una fuerza estrictamente provincial puede sostener una estructura territorial casi monopólica sin depender de un una fuerza nacional.

Corrientes presenta una variante distinta. Allí el vecinalismo y las fuerzas locales administran el 47,3% de las intendencias. Casi la mitad del mapa municipal está gobernada por estructuras políticas que carecen de una proyección nacional significativa.

Todos estos datos cuestionan la simplificación de interpretar todos los procesos electorales bajo un único eje nacional. Los gobernadores lo saben y los intendentes, mucho más. Porque una elección municipal puede estar influenciada por la economía nacional o por la imagen del Presidente, pero mucho más por las necesidades de los vecinos, los liderazgos personales y las estructuras partidarias cuya supervivencia no depende de lo que ocurre en la Rosada.

La ciencia política utiliza los conceptos de nacionalización y subnacionalización de la competencia para describir parte de este fenómeno. La idea, simplificada, es medir hasta qué punto una fuerza política tiene un comportamiento electoral relativamente homogéneo en todo el país.

Cuando un partido obtiene porcentajes similares en varias provincias y consigue presencia institucional extendida, puede hablarse de una fuerza altamente "nacionalizada". Pero, cuando su desempeño varía drásticamente de una provincia a otra (muy fuerte en algunos distritos y casi inexistente en otros), su poder está más "subnacionalizado".

El mismo partido puede incluso funcionar, en los hechos, como 24 organizaciones diferentes, condicionadas por las características particulares de cada provincia.

Ahora bien. La discusión cobra relevancia cuando se aborda el fenómeno de LLA. El espacio de Milei posee una enorme nacionalización electoral y mediática, pero todavía debe demostrar si eso puede convertirse en una estructura territorial provincial.

Hasta ahora pudo instalar una marca política nacional capaz de competir casi en cualquier provincia, algo que a los partidos tradicionales les llevó décadas. Lo que todavía no construyó son intendentes, concejales, legisladores provinciales propios y estructuras que puedan sobrevivir más allá de Milei.

Córdoba quizá sea uno de los mejores laboratorios para observar esa tensión. El mileísmo fue electoralmente muy fuerte en la provincia y aspira a trasladar esa polarización nacional a una disputa directa contra el "cordobesismo". Pero lo intentará con cero intendentes y legisladores (Agustín Spaccessi no es reconocido orgánicamente por Milei).

Hacemos Unidos por Córdoba, y su versión nacional Provincias Unidas, en cambio, exhibe un peso electoral a nivel país considerablemente menor, pero posee una red de intendencias, comunas y legisladores construida durante décadas.

Son dos arquitecturas políticas diferentes. Mientras que una nace desde la Presidencia y pretende descender hacia provincias y municipios, la otra se construyó desde municipios, departamentos y estructura provincial, y desde allí intenta proyectarse hacia arriba.

El próximo ciclo electoral pondrá a prueba ambos modelos. Por primera vez desde que Milei llegó a la Casa Rosada, LLA intentará disputar de manera extendida gobernaciones, legislaturas e intendencias con una marca nacional consolidada y con la intención de convertir el respaldo presidencial en poder territorial.

Allí se sabrá si la secuencia invertida que permitió a Milei llegar primero al poder nacional puede completar el recorrido hacia abajo. El interrogante no es menor porque tener diputados no es lo mismo que tener intendentes. Ganar una elección presidencial en una provincia tampoco significa disponer de dirigentes capaces de competir en cada municipio. Y una marca nacional poderosa no necesariamente reemplaza la construcción territorial.

En ese sentido, el informe de la Dine funciona como una línea de largada para 2027. Permite observar cuánto territorio controla cada gobernador y cuál es el margen institucional de los oficialismos provinciales meses antes de la gran batalla electoral.

Pero, sobre todo, deja planteada una pregunta que excede a LLA: ¿cambió Milei la manera de construir poder político en la Argentina o simplemente consiguió alterar temporalmente el orden tradicional de esa construcción?

La respuesta comenzará a conocerse cuando los votos nacionales tengan que transformarse en gobernadores, legisladores, intendentes y concejales. Hasta entonces, el mapa muestra que la fuerza que gobierna la Nación y que logró mayorías electorales en varias provincias todavía tiene menos territorio del que su volumen electoral permitiría imaginar. En 2027 se sabrá si esa debilidad es apenas el punto de partida o si constituye su techo.

Fuente: La Voz

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