Milei comenzó a ejecutar su plan por Malvinas: qué dicen los decretos tras su cadena nacional

El Gobierno modificó el Presupuesto para reforzar a las Fuerzas Armadas y aceleró las sanciones contra empresas que operen sin autorización argentina.

El Ejecutivo reforzó las partidas para Defensa y fijó nuevas condiciones para petroleras, incluso para aquellas que pretendan ingresar al RIGI.

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El Gobierno nacional avanzó este viernes con parte de las medidas que Javier Milei anunció durante la cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas. A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo reforzó el presupuesto destinado a Defensa y estableció un nuevo procedimiento para acelerar las sanciones contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas y sus espacios marítimos sin autorización argentina.

Las decisiones quedaron plasmadas en los decretos 867/2026 y 868/2026, ambos firmados el jueves, el mismo día en que Milei brindó su mensaje. El primero modifica el Presupuesto 2026 y contempla mayores recursos para el Ministerio de Defensa, mientras que el segundo endurece los controles sobre las compañías petroleras y establece nuevas condiciones para aquellas que pretendan ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Las medidas se conocieron horas después de que el Presidente colocara nuevamente el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas en el centro de la agenda del Gobierno y anunciara un paquete de acciones diplomáticas, económicas, legales y vinculadas con la defensa.

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Durante su discurso, Milei sostuvo que la Argentina desplegará "todas las herramientas del Estado" frente a las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización nacional. También anunció un fortalecimiento de las capacidades militares y anticipó modificaciones en el esquema utilizado para sancionar a las empresas involucradas.

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Una de esas decisiones comenzó a instrumentarse mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, por el cual el Ejecutivo modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para este año.

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Entre los argumentos de la medida, el Gobierno señaló específicamente la necesidad de modificar las partidas correspondientes al Ministerio de Defensa para "fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas" mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento.

El DNU no está destinado exclusivamente a Defensa. La adecuación presupuestaria también contempla necesidades salariales y de inteligencia, además de un incremento del presupuesto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para financiar los proyectos y actividades que desarrolla.

El detalle de los montos modificados se encuentra en las planillas anexas al decreto. En el cuerpo principal de la norma, el Ejecutivo justificó la utilización de un DNU al considerar que la situación requería una adecuación inmediata y que seguir el trámite ordinario para la sanción de una ley podía poner en riesgo la prestación de determinados servicios esenciales.

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Por tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno dispuso además darle intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez o invalidez antes de que sea tratado por las cámaras.

La segunda medida quedó plasmada en el Decreto 868/2026 y apunta directamente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en los espacios marítimos correspondientes a las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur sin autorización de las autoridades argentinas.

La norma parte de la Ley 26.659, sancionada en 2011 y posteriormente modificada, que establece las condiciones para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

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La legislación prohíbe que personas o empresas desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina y también alcanza a quienes tengan participación directa o indirecta en esas compañías o les presten servicios.

Quienes incumplan esas disposiciones pueden ser inhabilitados por un período de entre cinco y veinte años. En caso de poseer concesiones hidrocarburíferas dentro del país, estas también pueden revertirse al Estado nacional o a las provincias, dependiendo del territorio en el que estén ubicadas.

El Ejecutivo argumentó que en el último tiempo se profundizaron las actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos circundantes a las islas y consideró necesario establecer un procedimiento administrativo más rápido para determinar eventuales responsabilidades.

Uno de los principales cambios será que la Cancillería pasará a ser la autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Según los fundamentos oficiales, la concentración de esas facultades permitirá coordinar los procedimientos administrativos sancionatorios con la estrategia diplomática argentina sobre Malvinas.

Todos los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional tendrán además un plazo de cinco días hábiles para comunicar a Cancillería cualquier hecho del que tomen conocimiento y que pueda constituir una violación de esa legislación.

Cuando existan indicios suficientes, se abrirá un sumario y la persona o compañía investigada contará con diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas. Finalizada esa instancia, la autoridad de aplicación deberá emitir una resolución fundada que podrá disponer el archivo de las actuaciones o aplicar las sanciones correspondientes.

Otro de los puntos centrales del Decreto 868 relaciona la política sobre Malvinas con el RIGI, creado por la Ley Bases para promover grandes inversiones mediante beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios y garantías de estabilidad normativa.

Las empresas que pretendan adherirse tendrán que presentar una declaración jurada en la que aseguren que tanto el Vehículo de Proyecto Único (VPU) como las personas o sociedades que tengan participación directa o indirecta cumplen y continuarán cumpliendo las disposiciones de la Ley 26.659.

El Ejecutivo argumentó que resultaría contradictorio sancionar a una empresa por participar de actividades hidrocarburíferas no autorizadas en Malvinas y, al mismo tiempo, concederle los beneficios fiscales y cambiarios previstos dentro del régimen de grandes inversiones.

La declaración jurada tampoco será suficiente por sí sola. Antes de resolver una solicitud de adhesión al RIGI deberá intervenir obligatoriamente la autoridad encargada de aplicar la Ley 26.659 para determinar si el interesado o alguna persona con participación directa o indirecta está involucrado en las conductas prohibidas.

El mismo criterio se extenderá a quienes pretendan obtener permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones hidrocarburíferas dentro de la Argentina. Esos interesados también tendrán que declarar que no realizan ni realizarán las actividades alcanzadas por las prohibiciones.

Las decisiones publicadas este viernes forman parte del paquete presentado por Milei durante la cadena nacional. Uno de los ejes de su discurso estuvo puesto en la explotación de los recursos naturales en los espacios marítimos que la Argentina considera parte de su territorio y en las herramientas que utilizará el Gobierno frente a las compañías involucradas.

El Presidente también anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el objetivo de modificar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra empresas vinculadas con operaciones no autorizadas.

En materia de Defensa, Milei anunció mayores recursos para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y mencionó entre los objetivos del Gobierno el avance de la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego, además del fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y control en el Atlántico Sur.

En el inicio de su mensaje, el mandatario ratificó el reclamo argentino sobre las islas. El Decreto 868 recoge, en ese sentido, la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que establece la soberanía "legítima e imprescriptible" de la Argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y define su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía como un objetivo permanente e irrenunciable.

Fuente: Los Andes

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