Milei desligó al Gobierno del aumento de la morosidad y descartó una ayuda estatal

El presidente Javier Milei rechazó que la política económica de su administración sea responsable del aumento de la morosidad y sostuvo que la oposición utiliza el problema con fines electorales. También defendió las tasas aplicadas en los créditos de mayor riesgo y advirtió que una intervención estatal para auxiliar a los deudores podría generar consecuencias todavía más graves.

El mandatario abordó el tema durante su discurso por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, después de conocerse que el incumplimiento en los préstamos destinados a las familias alcanzó el 12,8% en junio.

"No hay elementos para culpar a la política del Gobierno", afirmó Milei. Según planteó, la discusión sobre la dificultad de las familias para cumplir con sus obligaciones está siendo utilizada por sectores opositores de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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El jefe de Estado vinculó el crecimiento de la mora con la volatilidad política y financiera registrada durante el período electoral de 2025. En su explicación, el temor de los mercados ante un eventual triunfo del peronismo habría provocado una suba del riesgo país, del dólar y de las tasas de interés.

Milei sostuvo que, ante ese escenario, los bancos comenzaron a restringir el otorgamiento de créditos desde mediados del año pasado. Aseguró además que buena parte de los incumplimientos actuales corresponde a préstamos concedidos durante 2024 y no a las operaciones realizadas en 2025.

De acuerdo con su interpretación, la inestabilidad financiera frenó la actividad económica, congeló los ingresos y provocó una caída de los salarios reales, lo que terminó afectando la capacidad de pago de los hogares. Pese a reconocer esas consecuencias, atribuyó el origen del proceso a las acciones de la oposición y no al programa económico nacional.

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Otro de los puntos abordados por Milei fue el costo de los préstamos otorgados por entidades no bancarias. El mandatario explicó que muchas personas que no reúnen las condiciones exigidas por el sistema financiero formal terminan recurriendo a prestamistas que asumen un riesgo mayor.

En ese sentido, defendió que las tasas sean más elevadas cuando existen mayores posibilidades de incumplimiento. Bajo esa lógica, cuestionó que se califique automáticamente como usuraria a una operación solamente porque presenta un interés superior al aplicado por los bancos.

También remarcó que los créditos son acuerdos voluntarios entre particulares y rechazó que el Estado deba intervenir posteriormente para modificar sus condiciones o rescatar a quienes no pueden pagarlos.

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El Presidente volvió a utilizar el concepto de "riesgo moral" para argumentar contra una asistencia financiada con recursos públicos. Según manifestó, resultaría injusto que el conjunto de los contribuyentes cubra las pérdidas de una operación acordada entre un prestamista y un deudor.

Milei también consideró que el crecimiento del crédito destinado al sector privado debía producir naturalmente un incremento de la irregularidad. Explicó que, antes de su llegada al Gobierno, las entidades financieras concentraban buena parte de sus recursos en operaciones con el Banco Central y que luego comenzaron a modificar sus carteras para prestar más a particulares.

Durante su exposición, el mandatario aseguró que el sistema financiero trabaja en mecanismos para renegociar las obligaciones pendientes. Según señaló, se analizan refinanciaciones con una tasa del 20% y plazos de hasta tres años.

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El Gobierno también avanzaría en medidas destinadas a mejorar la información disponible al momento de conceder préstamos y reforzar la educación financiera. Milei mencionó como antecedente una normativa aprobada durante la gestión de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central.

El objetivo, explicó, sería ofrecer mayor transparencia para que las entidades puedan evaluar el riesgo y los usuarios conozcan con precisión las condiciones antes de asumir una deuda.

Los últimos datos publicados por el Banco Central muestran que la irregularidad del financiamiento otorgado al sector privado bajó levemente en junio y se ubicó en 7,6%.

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En el caso específico de las familias, la mora permaneció en 12,8% e interrumpió una serie de 19 meses consecutivos de aumentos. Pese a esa estabilización mensual, el indicador más que duplicó el registro de junio de 2025, cuando alcanzaba el 5,2%.

Los préstamos personales presentaron la situación más delicada, con un incumplimiento del 16,4%. En las tarjetas de crédito, el índice bajó hasta 12,6%, mientras que en los préstamos prendarios llegó al 7,9%.

Los créditos hipotecarios continuaron mostrando el nivel más bajo de irregularidad, con apenas 1,6%.

El Banco Central explicó que la estabilización de junio estuvo relacionada con una desaceleración del crecimiento real de la cartera irregular, el traslado fuera de balance de algunos créditos considerados irrecuperables y una expansión del financiamiento total.

Fuente: Primera Edición

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