Milei intensifica sus ataques a la prensa cada vez que la realidad contradice su relato

Hay una escena que resume con precisión el estado de la relación entre el Gobierno nacional y el periodismo argentino. Son las 00.55 del martes 25 de agosto de 2026. El presidente de la Nación está publicando el primero de los 21 mensajes que va a difundir contra periodistas antes de las cuatro de la tarde de ese mismo día.

Esta no es una reacción espontánea a una crisis, si no que es la continuación de una semana en la que su cuenta de X había acumulado 335 publicaciones contra la prensa, había señalado con nombre y apellido a 16 trabajadores de prensa y había cuestionado a nueve empresas de comunicación. La semana anterior a esa había sido parecida. Y la anterior también.

El detonante de la jornada del martes fue la cobertura periodística del aumento de la morosidad en Argentina. Ante datos que contradecían el relato oficial de recuperación económica, la respuesta presidencial no fue un desmentido con cifras propias, una conferencia de prensa o un comunicado oficial. Fue calificar de "imbéciles con déficit de IQ y/o unas mierdas humanas mentirosas" a los periodistas que habían informado sobre el tema. Esa es la forma que eligió el primer mandatario del país para participar del debate público.

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Un gobierno que funciona con normalidad institucional en cualquier lugar del mundo tiene herramientas para responder al periodismo, y la suelen usar. Desdeel derecho a réplica a las conferencias de prensa. También los voceros, los informes oficiales, las presentaciones judiciales cuando considera que una información es falsa y le causa un daño concreto. El Gobierno de Javier Milei tiene todo eso a disposición. De todo eso, solo usa al vocero, que últimamante cada vez que habla agranda un problema.

Las demás herramientas no las usa, y en lugar de eso el presidente dedica horas de su agenda a republicar mensajes de usuarios de su entorno que insultan a periodistas, a acuñar calificativos que sus seguidores replican como consigna y a construir un clima de hostigamiento que tiene destinatarios con nombre, apellido y lugar de trabajo conocido.

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Entre el lunes 17 y el domingo 23 de agosto apuntó públicamente contra Marcelo Bonelli, Manu Jove, Mercedes Ninci, Nelson Castro, Nancy Pazos, Víctor Hugo Morales, María O'Donnell, Diego Iglesias, María Laura Santillán, Viviana Canosa, Gustavo Sylvestre, Jorge Rial, Luciana Geuna, Roberto Navarro y Hugo Alconada Mon, entre otros.

La lista no tiene coherencia ideológica. Incluye periodistas de medios de derecha, de centro y de izquierda. Y también incluye a conductores que durante años fueron afines al espacio libertario. El criterio de selección no es una línea editorial o una postura ideológica del medio o del periodista, es haber publicado algo que al Presidente le resultó incómodo en ese momento.

Esa es la primera señal del desequilibrio que atraviesa esta gestión en su relación con la prensa. Un gobierno que ataca sin distinción a todos los medios que lo incomodan está expresando una intolerancia que, cuando proviene del poder, tiene consecuencias institucionales que van más allá del intercambio verbal.

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De las redes a la amenaza legal

La escalada del martes incorporó un elemento nuevo y cualitativamente más grave que los insultos habituales. El ministro de Economía, Luis Caputo, reclamó públicamente que la Justicia intervenga contra periodistas que publiquen información que el Gobierno considere falsa, y pidió una ley que establezca consecuencias para quienes lo hagan. El presidente Milei respaldó el planteo de su ministro.

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Es necesario detenerse en lo que eso significa. No es una declaración de campaña ni un exabrupto en un acto partidario, es una posición de política pública enunciada desde el Poder Ejecutivo.

Es, nada más y nada menos, que la propuesta de que sea el Estado quien determine qué es verdad y qué es mentira en el periodismo, y que existan sanciones legales para quienes publiquen lo que ese mismo Estado decida que es incorrecto. El mecanismo que describe Caputo, con el aval de Milei, es la definición precisa de censura institucionalizada.

No es el único episodio en esa dirección. En semanas anteriores, el Gobierno vetó el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada usando como argumento una supuesta campaña de desinformación rusa, pero aplicando el criterio de manera selectiva. Solo fueron afectados medios con línea editorial crítica al oficialismo, mientras que otros que figuraban en la misma investigación no sufrieron consecuencia alguna.

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Y está el caso de la jueza María Verónica Michelli, cuyo pliego fue bloqueado desde la Secretaría General de la Presidencia no por objeciones a su trayectoria de 32 años en la Justicia federal, sino por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien había investigado el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete. La medida derivó en una denuncia penal contra el Presidente por presunto abuso de autoridad y en una fisura interna sin precedentes, ya que la propia jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, anunció su apoyo a la candidatura de Michelli, cuyo pleigo fue aprobado por el Senado pero no fue puesta en funciones por el Presidente.

Tres episodios distintos, con una lógica común, usar los instrumentos del Estado para presionar, limitar o castigar a quienes ejercen el periodismo de manera crítica.

El desequilibrio como señal

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió los ataques y advirtió que la agresión y el insulto contribuyen a degradar el debate democrático. El señalamiento es correcto, aunque insuficiente para describir la dimensión del problema.

Lo que revelan los 335 mensajes de una semana, los 21 tuits antes de mediodía del martes, los insultos desde las redes a la madrugada, las acreditaciones vetadas, los pliegos bloqueados y la propuesta de una ley para sancionar periodistas es un desequilibrio que va más allá de las formas. Es el desequilibrio entre la energía que un gobierno dedica a hostigar a quienes lo informan y la que dedica a resolver los problemas que esos mismos periodistas están informando.

Mientras el Presidente publicaba sus primeros mensajes del martes a la medianoche, millones de argentinos figuraban en los registros financieros con deudas atrasadas. Mientras acuñaba nuevos epítetos contra la prensa, el debate sobre si los hogares llegan o no a fin de mes seguía abierto en todo el país. Esa distancia entre la agenda presidencial en las redes y la agenda real de la ciudadanía es, también, un dato periodístico. Y también le molesta.

ADEPA lamenta tener que volver a repudiar agravios presidenciales contra periodistas. En este caso, se trató de insultos contra el periodista Marcelo Bonelli, y también contra sus colegas Manu Jove y Mercedes Ninci.Desmentir, aclarar, criticar, cuestionar y discrepar son…

Hay algo que la historia argentina documenta con consistencia, el poder político es por naturaleza transitorio. Los gobiernos llegan, gobiernan y se van. El periodismo, en cambio, tiene una característica que ningún decreto puede modificar, existe antes que los gobiernos que lo atacan y continúa después. No porque sea infalible ni porque esté por encima de la crítica, sino porque la necesidad social de información verificada y de registro de los hechos no depende de quién ocupe la Casa Rosada en un momento dado.

Un gobierno que quema sistemáticamente ese vínculo no solo está dañando a los periodistas que ataca. Está dañando la calidad del debate público que una democracia necesita para funcionar.

Desmentir, aclarar, criticar y cuestionar son parte del ejercicio periodístico. Refutar con argumentos es el derecho y la obligación de cualquier gobierno. Insultar desde la cuenta presidencial a las 00.55 de la madrugada no es ninguna de esas cosas. Es otra cosa. Y esa diferencia importa.

Fuente: El Territorio

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