Milei-Llaryora: la negociación es evidente, el resultado está por verse

Hace dos meses y medio, la oposición a Martín Llaryora sostenía que el Panal mentía al darle trascendencia política al diálogo por plata que mantenían los funcionarios provinciales con el Ministerio del Interior que encabezaba Diego Santilli.

Hace siete semanas, cuando Santilli saltó a la Jefatura de Gabinete y Llaryora apareció en la foto de los gobernadores amigos, consideraron que se trataba de un hecho ocasional. Una picardía de dos viejos amigos peronistas.

Hace seis semanas, cuando empezaron a trascender los números que negociaban Santilli y los ministros Manuel Calvo y Guillermo Acosta, los opositores cordobeses especularon con que jamás la Nación le enviaría a Llaryora los $ 450 mil millones que esperaba el Panal.

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Pero la semana pasada no sólo llegaron esos recursos, sino que se concretó –gracias al aval nacional– un crédito de U$S 120 millones que dio aire al intendente Daniel Passerini, en plena asfixia financiera de la gestión municipal de la Capital. Ese préstamo del Deutsche Bank es costoso, y en dos años complicará a la futura gestión municipal. Pero con una diferencia: la Provincia ahora es garante.

Además, la semana pasada, dos ministros nacionales desfilaron por Córdoba con idénticas actividades: almuerzos en la Bolsa de Comercio, donde por igual defendieron la gestión de Javier Milei y exhibieron la buena relación que mantienen con la gestión Llaryora. El lunes, fue la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el miércoles, fue el ministro de Economía, Luis Caputo.

Fue tan notoria la señal de cercanía ante lo más granado del círculo rojo cordobés que Luis Juez prefirió no concurrir a ninguna de ambas actividades. Gabriel Bornoroni fue el lunes, pero no participó de la conferencia de prensa que Monteoliva esperaba compartir con él y que había sido anunciada.

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El miércoles, ninguno de los dos principales referentes de Milei en Córdoba presenció los reiterados guiños de Caputo al "Guille", el ministro de Economía Guillermo Acosta, mencionado en ocho ocasiones por "el Toto" en la Bolsa, mientras la oposición cordobesa pide informes por los reiterados viajes del funcionario al exterior.

La elocuencia de esos gestos tuvo su correlato contante y sonante: un primer ATN de $ 5 mil millones; compromiso de pago de una deuda del Consenso Fiscal por $ 35 mil millones (ya se pagaron $ 15 mil millones); el desembolso total del anticipo de coparticipación de $ 400 mil millones, y la habilitación del crédito para la Municipalidad de Córdoba.

Hay otras dos negociaciones importantes en curso. La primera tiene que ver con la devolución de ese anticipo financiero: la Provincia pretende que a fin de año se compense lo que debe devolver con lo que le sigue adeudando la Nación. Por ejemplo, las cuotas acordadas en la Corte para la Caja de Jubilaciones y que Anses no envía, entre otras cosas.

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La segunda tiene que ver con las rutas. Además de terminar de resolver cómo se evitará que la 19 se vuelva intransitable antes de que la Provincia termine de convertirla en autopista, esa conversación incluye otros tramos nacionales. Córdoba está dispuesta a tomarlos a su cargo siempre y cuando vengan con los correspondientes recursos del Impuesto a los Combustibles que hoy embolsa casi enteramente la Nación.

¿Qué significa este acercamiento? ¿Que los libertarios están tan preocupados por conservar la presidencia que no harán grandes esfuerzos por desalojar al peronismo cordobés del poder provincial? ¿Que se está gestando un acuerdo similar al que Juez asegura que sellaron en su momento Mauricio Macri y Juan Schiaretti? ¿Que Gabriel Bornoroni tendrá una campaña mucho más cuesta arriba de lo que estimaba? ¿Que Juez podrá seguir diciendo que lo traicionaron?

La interpretación de todas esas señales desconcertantes consume buena parte de la energía de la oposición a Llaryora; eso es un hecho. El radicalismo en camino a una interna también demora los planes de Rodrigo de Loredo.

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Mientras tanto, el Panal y el Palacio 6 de Julio resuelven algunos de sus numerosos problemas de caja con una asistencia nacional que siempre es menor a lo que antes recortó. Pero que llega en el momento clave.

Hay otras lecturas en la oposición cordobesa, las cuales indican que Milei necesita que el peronismo cordobés permanezca aislado del PJ nacional –y con la elección despegada, muy posiblemente en abril– para tener chances de retener la presidencia en octubre.

Axel Kicillof parece haber entendido lo mismo hace dos semanas, cuando publicó en este diario una carta pública en la que denunció la extorsión de Milei a los gobernadores: parecía una crítica al Presidente, pero también contenía un claro reproche a Llaryora. Desde ese momento, las negociaciones entre la Nación y Córdoba se intensificaron.

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Todo esto se observa a simple vista en el mundo político. El mundo que habitan los cordobeses que pondrán el voto en la urna muestra muchas otras señales: la economía provincial es una lágrima, pese a la buena cosecha. El derrumbe de la recaudación de impuestos es una señal del desplome de la actividad y del consumo masivo, y no hay siquiera indicios de que esta situación pueda revertirse en nueve meses, que es más o menos lo que falta para la elección provincial.

El Panal se dará a la tarea de responsabilizar al modelo nacional por este presente y de profundizar su perfil "productivista". Ese es el objetivo del regreso de Fernando Sibilla a la gestión provincial.

Hay otras señales que espantan. El peronismo cordobés no es el único espacio político que acomoda a los propios en diferentes áreas del Estado. Pero el hecho de que sean acomodados del peronismo algunos de los protagonistas de los hechos delictivos más conmocionantes de los últimos meses es revelador de una descomposición muy profunda.

El horror generado por el becario municipal capitalino y puntero del PJ Claudio Barrelier, presunto abusador y asesino de Agostina Vega, todavía sigue en etapa de investigación, cuando un "asesor" del legislador peronista Ernesto Ramón Flores fue detenido, acusado de ser parte de una red que abusaba de menores de 12 a 14 años.

Los detalles del caso son tan estremecedores que hasta incluyen testimonios de nenas de 11 años a las que les aplicaron anticonceptivos subcutáneos para que no hubiera riesgo de embarazo en los abusos.

El imputado José Aníbal Villarreal cobraba como asesor legislativo "en territorio", pero hacía tareas rurales para el legislador. Está imputado por abuso con acceso carnal y grooming y formaba parte del pelotón multipartidario de más de mil contratados legislativos: no hay acuerdo de cúpula para ese despropósito al amparo del poder.

Fuente: La Voz

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