Milei vuelve a apretar el gasto: fuerte recorte a provincias, programas sociales y salarios

El Gobierno de Javier Milei profundizó durante agosto su política de ajuste fiscal frente a una recaudación que comenzó a mostrar señales de debilitamiento. El gasto primario devengado cayó 10,3% interanual en términos reales durante el mes, según una estimación de la consultora Analytica elaborada sobre la base de información oficial del Ministerio de Economía.

El dato vuelve a poner en primer plano una de las principales tensiones del programa económico libertario y es que cuando la actividad no genera suficientes ingresos para sostener las cuentas públicas, el Gobierno vuelve a recurrir a la poda del gasto para preservar el superávit fiscal.

La dinámica se hizo todavía más evidente durante el bimestre julio-agosto, que registró, según Analytica, la caída promedio del gasto público nacional más pronunciada desde fines de 2024. En los primeros ocho meses del año, el gasto primario acumula una reducción real del 4,1%.

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El problema es que el ajuste llega en un contexto en el que los ingresos tributarios tampoco logran acompañar el ritmo esperado. De acuerdo con LCG, la recaudación impositiva de agosto registró una caída real de 0,2% interanual y acumula una baja del 3,7% en los primeros ocho meses de 2026.

La combinación vuelve a alimentar el círculo que atraviesa buena parte del programa económico: menor gasto, menor actividad, menor recaudación y una nueva reducción de las erogaciones para evitar que se deteriore el resultado fiscal.

El punto central está en los impuestos vinculados con la actividad económica, especialmente el IVA y Ganancias. Estos tributos dependen en buena medida del consumo, las ventas, los ingresos y las ganancias empresarias. Por eso, una recuperación económica que no logra consolidarse termina teniendo también consecuencias sobre las cuentas del Estado.

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"Los sectores más golpeados como la industria, el comercio y la construcción aportan casi el 60% de los ingresos por IVA y Ganancias", explicó Claudio Caprarulo, director de Analytica en el informe al que tuvo acceso El Destape.

Desde LCG, en tanto, anticiparon que no se espera un cambio sustancial en los próximos meses. La consultora consideró poco probable que los derechos de exportación puedan compensar el bajo crecimiento de los impuestos asociados a la actividad interna.

En agosto, las transferencias a las provincias se desplomaron 86,1% en términos reales interanuales. En el acumulado enero-agosto, la caída alcanza el 64,6%. Si se excluyen las transferencias destinadas a hospitales SAMIC, Analytica ubica la reducción acumulada en 55,2%.

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Los programas sociales, sin contar la AUH y las asignaciones familiares, también sufrieron una fuerte contracción: 40,6% real en agosto.

A esto se sumaron bajas del 19,6% en bienes y servicios y del 8% en el gasto salarial del sector público, siempre en términos reales.

La reducción de las transferencias a las provincias constituye uno de los puntos más significativos del esquema. La poda no alcanza a la coparticipación automática, sino principalmente a los envíos discrecionales, una herramienta mediante la cual la Nación puede intervenir directamente sobre la ejecución presupuestaria.

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Dentro del gasto social, las pensiones no contributivas registraron una caída real del 76,7% en agosto. Sin embargo, Analytica advierte que este resultado está fuertemente condicionado por una elevada base de comparación del año anterior.

En el otro extremo, la AUH y las asignaciones familiares registraron en conjunto un incremento real del 2,1%. La AUH creció 5,1%, mientras que las asignaciones familiares propiamente dichas retrocedieron 3,1%.

También hubo partidas que mostraron incrementos. La ejecución de la obra pública creció 60,9% real interanual durante agosto, aunque el fuerte aumento responde, en buena medida, a una baja base de comparación.

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En el acumulado del año, los subsidios económicos son una de las pocas partidas que muestran un crecimiento real significativo: aumentaron 10%. Sin embargo, el incremento se explica principalmente por los subsidios energéticos, que crecieron 26,4%, mientras que los destinados al transporte cayeron 23,3%.

La presión sobre el gasto está directamente vinculada con el compromiso fiscal asumido por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional.

Durante el primer semestre, la administración nacional no alcanzó la meta fiscal intermedia acordada con el organismo, con una diferencia estimada en unos $570.000 millones. Desde el Gobierno explicaron que el desvío estuvo relacionado con el diferimiento del pago de Ganancias, cuyo ingreso terminó concentrándose en julio.

Ese efecto de calendario permitió mejorar las cuentas durante el mes siguiente. Según informó oficialmente el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional registró en julio un superávit primario de $2,96 billones y un superávit financiero de $244.897 millones. Hasta ese momento, el resultado acumulado representaba aproximadamente 0,9% del PBI en términos primarios y 0,1% en el resultado financiero.

El Gobierno tiene ahora como objetivo cerrar 2026 con un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI, por debajo del 2,2% planteado originalmente.

La dificultad es que el margen fiscal no es demasiado amplio y la recaudación no muestra, por ahora, señales contundentes de recuperación.

El escenario deja planteada una pregunta central para los próximos meses: ¿hasta dónde puede continuar la reducción del gasto si los ingresos fiscales no recuperan dinamismo?

La respuesta del Gobierno, hasta ahora, fue profundizar la disciplina sobre las partidas que puede controlar directamente. Agosto fue la muestra más contundente: mientras la recaudación real prácticamente no creció, el gasto primario registró su mayor caída del año.

De esta manera, el superávit continúa funcionando como el principal ancla del programa económico, pero a costa de una presión creciente sobre las provincias, el funcionamiento del Estado y distintos programas de asistencia.

Fuente: Primera Edición

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