Miles de vehículos irán a subasta en San Juan: quiénes podrán participar y qué piden los sanjuaninos
Tras la presentación del proyecto de ley para rematar vehículos radiados en operativos de tránsito, la ministra Laura Palma aclaró las condiciones para ser postor. Además, el resultado de una encuesta que revela la postura de los lectores sobre estas subastas especiales que se vienen.
El reciente ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para subastar los vehículos radiados en operativos de tránsito, cuyas ideas centrales fueron anticipadas por TIEMPO DE SAN JUAN, encendió de inmediato el debate en la provincia. La iniciativa plantea un cambio profundo para resolver el estancamiento del depósito judicial (ubicado en 9 de Julio), autorizando tanto el remate de unidades aptas como la venta de chatarra. Sin embargo, la novedad generó dudas e interrogantes sobre quiénes estarán habilitados para pujar en las subastas y si la medida podría prestarse a maniobras especulativas, como la posibilidad de que un infractor recupere su vehículo libre de deudas.
Frente a estas inquietudes, la ministra de Gobierno, Laura Palma, develó ante TIEMPO DE SAN JUAN cómo se implementará el sistema y aclaró el mecanismo de participación. La funcionaria explicó que "si se aprueba la ley, hay que hacer el decreto reglamentario; se hace un análisis de qué vehículos están en condiciones de ser subastados, los otros siguen el proceso de compactación". Asimismo, al referirse de manera directa a los requisitos para los interesados en comprar las movilidades, Palma aseguró que "el decreto va a fijar eso, pero en principio cualquier persona humana o jurídica que tenga condición fiscal habilitada podría ser postor".
La propuesta se encuadra en una situación crítica que afecta al predio oficial ubicado en el departamento nuevejulino, donde se custodian miles de unidades radiadas de la circulación. Según las estimaciones de las autoridades, el depósito alcanzó hace rato un nivel de ocupación de entre el 80% y el 85% de su capacidad total, lo que acelera la necesidad de actuar. Además del colapso de espacio, el acopio prolongado a la intemperie genera serios riesgos ambientales por el derrame de fluidos y aceite contaminante de coches acumulados desde hace años, incluyendo tandas de más de 1.800 vehículos notificados en edictos recientes. En ese contexto, la reforma a la Ley 1810-A busca clasificar los bienes mediante informes técnicos de la Secretaría de Seguridad, derivando los inservibles a la chatarra y recuperando valor económico de los funcionales para financiar salud, educación, infraestructura y asistencia social con rendición de cuentas anual.
Con la discusión instalada en la agenda pública, TIEMPO DE SAN JUAN lanzó una consulta a sus lectores para conocer su postura sobre quiénes deberían tener acceso a la compra de los vehículos en los remates. La encuesta tuvo un alto nivel de participación ciudadana y cosechó un total de 1.747 votos.
La postura mayoritaria de los participantes se inclinó de forma clara a favor de la apertura comercial sin restricciones especiales. La opción "Cualquier persona o empresa: Mercado libre y abierto para garantizar la mayor recaudación posible" obtuvo el 54,38% de los sufragios. Este resultado muestra que más de la mitad de los encuestados prefiere una competencia amplia que eleve las ofertas para incrementar los fondos que el Estado destinará a obras sociales y servicios públicos.
Por su parte, un segmento importante de los lectores priorizó el impacto social y la ayuda familiar por encima de la recaudación pura. La alternativa "Solo particulares que no tengan vehículo: Priorizar a quienes necesiten un medio de transporte de trabajo o familiar" alcanzó el 27,53% de los votos. Quienes eligieron esta variante expresaron su deseo de que el sistema funcione como una oportunidad accesible para que trabajadores y sectores vulnerables adquieran su primer medio de transporte.
La preocupación por evitar picardías o abusos por parte de infractores adeudados también quedó reflejada en el sondeo. La respuesta "Restringir de la participación a los antiguos dueños del vehículo a subastar" concentró el 13,22% de las Elecciones. Este porcentaje de votantes exige un filtro ético en la reglamentación para impedir que los propietarios que abandonaron sus rodados para eludir multas o impuestos los recompren a un precio módico.
Finalmente, una porción menor pero representativa se inclinó por el fortalecimiento del sector productivo de la provincia. La opción "Solo instituciones o PyMEs locales: Darles prioridad a proyectos productivos o entidades de la provincia" sumó el 4,87% de los respaldos, reflejando el interés de promover el desarrollo económico local a través del equipamiento a pequeñas empresas y entidades comunitarias sanjuaninas.
Fuente: Tiempo de San Juan
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