Misiones puso en marcha el sistema acusatorio de la Justicia Federal
Misiones puso en marcha este lunes el sistema acusatorio en el ámbito de la Justicia Federal, un cambio que modifica de manera sustancial el funcionamiento de las investigaciones penales y otorga a los fiscales federales la conducción de las causas. El acto se desarrolla en el Centro de Convenciones del Parque del Conocimiento, con la […]

Misiones puso en marcha este lunes el sistema acusatorio en el ámbito de la Justicia Federal, un cambio que modifica de manera sustancial el funcionamiento de las investigaciones penales y otorga a los fiscales federales la conducción de las causas.
El acto se desarrolla en el Centro de Convenciones del Parque del Conocimiento, con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti; del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Gustavo Barroetaveña; del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; además de autoridades de los poderes judiciales del fuero federal y provincial.
La jornada también está marcada por la asunción de la fiscal Vivian Andrea Barbosa como jefa del Distrito Misiones, una estructura que tendrá bajo su coordinación a la Unidad Fiscal Posadas y las sedes descentralizadas de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.
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El gobernador Hugo Passalacqua destacó la implementación del nuevo esquema y sostuvo que Misiones forma parte del primer grupo de provincias en avanzar con el sistema acusatorio.
"Estamos en el primer lote de provincias que ahora actuará con el nuevo sistema acusatorio, lo que permitirá que desde hoy los misioneros nos sintamos más seguros en lo que se refiere a delitos federales", señaló el mandatario.
En una entrevista publicada este lunes por PRIMERA EDICIÓN, Barbosa explicó los alcances de la transformación que comienza a regir en la provincia y remarcó que uno de los principales cambios estará en la conducción de las investigaciones.
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"Con la implementación del sistema acusatorio, se produce un cambio sustancial en lo que es la investigación de las causas penales de la Justicia Federal, la cual va a quedar a partir del lunes a cargo exclusivamente de los fiscales federales", explicó.
La fiscal señaló que el Ministerio Público Fiscal contará además con auxiliares fiscales y guardias permanentes de atención telefónica. En este esquema, el fiscal será quien tenga a su cargo "la investigación y la persecución penal" y sea "el titular de la acción penal".
También habrá modificaciones en la relación con las fuerzas de seguridad. "Vamos a trabajar estrechamente con las Fuerzas de Seguridad, ya dejarán de comunicar al juez cuando están ante un procedimiento", explicó Barbosa.
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A su vez, remarcó que los ciudadanos podrán realizar denuncias directamente ante el Ministerio Público Fiscal, que contará con una oficina de atención inicial para recibir denuncias, actuaciones de prevención y derivaciones realizadas por la Justicia provincial cuando exista competencia federal.
Para Barbosa, uno de los principales desafíos será modificar las prácticas de los distintos actores del sistema.
"Va a ser arduo el trabajo, pero insisto, lo fundamental es el cambio de estructuras mentales de los operadores del sistema de Justicia, sean los roles que nos toquen cumplir, fiscales, defensores, jueces y Fuerzas de Seguridad en cuanto a que van a trabajar estrechamente con el Ministerio Público Fiscal", sostuvo.
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Barbosa tendrá la responsabilidad de coordinar el nuevo esquema en todo el territorio provincial.
"Como Fiscal de Distrito o Coordinadora de Misiones tengo la responsabilidad de que todas, tanto la Unidad Fiscal de Posadas como las sedes descentralizadas de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú, lleven adelante la implementación del sistema federal de enjuiciamiento", explicó.
La transición desde el sistema mixto al acusatorio no tendrá un plazo fijo. La fiscal señaló que se establecerán metas para avanzar en la resolución de las causas que permanecen bajo el esquema anterior.
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"En la medida que podamos terminar las causas de transición, así las llamamos ahora a las del sistema mixto, vamos a poder abocar más personal al sistema acusatorio", indicó.
Según detalló, Eldorado y Oberá concentran actualmente el mayor caudal de causas de transición, por lo que allí se pondrá especial atención para avanzar hacia "soluciones alternativas al conflicto penal".
Barbosa explicó que una parte importante de las causas federales en Misiones está vinculada con la Ley 23.737 de estupefacientes, particularmente investigaciones por tráfico, transporte, almacenamiento, acopio y tenencia con fines de comercialización.
También mencionó el volumen de expedientes vinculados al narcomenudeo y sostuvo que el nuevo sistema permitirá diferenciar las investigaciones según su complejidad.
En casos de tenencia simple, por ejemplo, señaló que podrán aplicarse mecanismos alternativos previstos por la legislación.
"En cuanto a las causas de tenencia simple de estupefacientes, tenemos medidas alternativas para resolverlas, oportunidad por insignificancia", explicó.
La fiscal puso como ejemplo una tenencia de cinco gramos de marihuana y sostuvo que puede aplicarse el principio de oportunidad cuando las circunstancias lo ameriten.
El nuevo esquema también establece plazos más acotados para determinadas etapas del proceso.
"Los plazos del código (CPPF) son cortos", afirmó Barbosa, y puso como ejemplo el caso de una madre detenida por contrabando de estupefacientes, quien, según sostuvo, "no debería permanecer mucho tiempo detenida" y debería contar con una resolución alternativa en un período más breve.
Uno de los cambios que Barbosa destacó está relacionado con las medidas de coerción y la privación de la libertad.
"Sí, la medida más severa, la de privarle la libertad a una persona va a ser la medida excepcional", afirmó.
En ese sentido, explicó que los fiscales deberán fundamentar ante un juez por qué consideran necesaria la detención de una persona y que esa discusión se desarrollará en una audiencia con participación de la defensa.
"El fiscal cuando interviene en una prevención y detiene porque hay motivos, evidencia y sospecha suficiente como para decir 'está detenido'. Ahora informa al juez y tiene 72 horas para formalizar esa investigación y para solicitar que se declare legal la detención, pero a su vez justificar cómo y por qué quiere que permanezca detenido", detalló.
De no existir fundamentos suficientes para mantener la privación de libertad, se podrá recurrir a medidas menos gravosas, entre ellas el arresto domiciliario, la utilización de tobillera electrónica o la obligación de presentarse periódicamente.
"El juez será de garantía, el custodio de la legalidad del procedimiento", resumió Barbosa al explicar el nuevo rol de la magistratura.
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La fiscal también se refirió a la responsabilidad que asumió al frente del Distrito Misiones y a su trayectoria en la Justicia Federal.
"Ya estaba con ganas de agarrar la puerta de salida y llegó la propuesta del procurador (Casal), fue un desafío y lo asumí, me lo tomé con todo el compromiso que siempre ha sido la manera de llevar adelante mi función pública, porque no debemos olvidar que somos funcionarios públicos y estamos al servicio de la ciudadanía", expresó.
Barbosa sostuvo que mantendrá la misma impronta que tuvo durante sus años como fiscal de juicio.
"Pretendí dar una respuesta a la ciudadanía, pretendí realmente que se haga justicia en lo que hace a atribuir a cada uno lo que le corresponde por sus accionares y con este desafío voy a llevar la misma impronta, mismo compromiso y la misma voluntad de siempre de mejorar el servicio de justicia a lo que me toca, a los misioneros", afirmó.
La funcionaria también recordó su participación en los juicios por delitos de lesa humanidad y reconoció que aquella etapa marcó profundamente su carrera.
"Durante los juicios de lesa humanidad me levantaba a las 4 de la mañana, no podía dormir por las cosas que tenía que escuchar. Pero a su vez eso reforzaba mi voluntad y mi certeza de que merecían condena. Esa es mi manera de trabajar", relató.
Con la entrada en vigencia del sistema acusatorio, Misiones se incorpora así al proceso de implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal, que comenzó en junio en Córdoba. La próxima etapa será en noviembre en la capital bonaerense, mientras que las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico comenzarán el 15 de febrero de 2027.
Fuente: Primera Edición
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