Murió un comisario de Mendoza y vuelve la alarma por el aumento de suicidios dentro de la Policía

Roberto Carlos Villarroel Perea, de 48 años, estaba al frente de la Comisaría 10ª de Maipú desde hacía apenas dos semanas. Fue encontrado sin vida este domingo, luego de que su pareja alertara a la Policía sobre una situación de crisis. La investigación preliminar apunta a un suicidio. Es el noveno caso que se registra entre efectivos mendocinos en el último año.

Roberto Carlos Villarroel Perea, de 48 años, estaba al frente de la Comisaría 10ª de Maipú desde hacía apenas dos semanas. Fue encontrado sin vida este domingo.

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La conmoción volvió a instalarse este domingo dentro de la Policía de Mendoza. Roberto Carlos Villarroel Perea, comisario de 48 años y titular de la Comisaría 10ª de Maipú, fue encontrado sin vida durante el mediodía en inmediaciones del barrio El Recodo, luego de que se desplegara un operativo de búsqueda a partir de una alerta de su pareja.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, la mujer habría mantenido una discusión con el efectivo y posteriormente advirtió a otros policías que Villarroel había salido de la vivienda en una situación de crisis y con la intención de quitarse la vida. A partir de ese aviso se puso en marcha la búsqueda y efectivos que se encontraban en la zona localizaron al comisario ya sin vida.

La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales correspondientes y, por ahora, la principal hipótesis es la de un suicidio. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), que intervino en los primeros momentos del procedimiento.

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Villarroel había asumido al frente de la Comisaría 10ª de Maipú hacía apenas dos semanas. Su muerte provocó una fuerte conmoción entre sus compañeros y superiores, especialmente porque se trata de un jefe policial que se encontraba en actividad y al frente de una de las principales dependencias del departamento.

Pero el caso adquiere una dimensión todavía mayor por el contexto en el que ocurre. Si se confirma el suicidio, será el noveno caso de este tipo entre integrantes de la Policía de Mendoza en el último año, de acuerdo con el seguimiento realizado a partir de los casos difundidos públicamente.

La cantidad de muertes volvió a ser motivo de preocupación durante 2026. En mayo, el fallecimiento del auxiliar Stefano Fernando Cereni Ojeda, de 27 años, encontrado sin vida en su vivienda de San Martín, llevó a siete la cantidad de policías mendocinos que se habían quitado la vida durante ese año. En aquel momento, cuatro de los casos correspondían a efectivos de la Zona Este.

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Dos meses después, otro caso elevó a ocho el número de policías fallecidos por suicidio en lo que iba de 2026. La sucesión de episodios volvió a poner bajo discusión las condiciones en las que trabajan los integrantes de la fuerza y, especialmente, las herramientas disponibles para detectar y atender situaciones de crisis antes de que lleguen a un desenlace irreversible.

La preocupación no es nueva. En noviembre de 2025, después de otro suicidio ocurrido en San Martín, se conocieron datos oficiales que contabilizaban nueve suicidios entre policías y penitenciarios durante 2024 y 2025. De esos casos, siete correspondían a policías y dos a integrantes del Servicio Penitenciario. El relevamiento señalaba además que seis de cada diez víctimas tenían menos de 35 años.

A esa estadística se sumaron reclamos de familiares de policías, que vienen cuestionando desde hace tiempo los mecanismos de asistencia y contención para los integrantes de la fuerza. En 2025, una organización que reúne a esposas y familiares de policías llegó a manifestarse frente a la Casa de Gobierno para reclamar mayor atención sobre la situación.

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Uno de los casos más recientes que había generado preocupación ocurrió precisamente en San Martín. En mayo, Cereni Ojeda, un auxiliar de 27 años que trabajaba en el Palacio de Justicia, fue encontrado muerto en su vivienda.

Ese episodio tuvo además una particularidad que reavivó el debate sobre los protocolos de prevención. Según una reconstrucción publicada entonces, poco más de un mes antes el joven había atravesado una situación en la que manifestó intenciones de autolesionarse. Su familia había dado aviso al 911 y, como medida preventiva, se le había retirado el arma reglamentaria y el chaleco balístico. También se había dispuesto la intervención de áreas de Investigaciones y Salud Mental.

El caso abrió una pregunta que excede aquella situación particular: qué ocurre después de que un efectivo es identificado como una persona en riesgo y qué mecanismos existen para acompañarlo en el tiempo.

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La Policía es una institución atravesada por situaciones de violencia, muerte, accidentes, conflictos familiares, presión laboral y exposición permanente al riesgo. A eso se suma un elemento particular: sus integrantes disponen de armas reglamentarias como parte de su trabajo cotidiano. El debate sobre salud mental dentro de la fuerza, por lo tanto, no puede separarse de esa realidad.

En los últimos años, las autoridades provinciales han admitido la preocupación por la salud mental de los integrantes de las fuerzas y han señalado que se trabaja en mecanismos de acompañamiento. Sin embargo, la sucesión de casos mantiene abierto el interrogante sobre la eficacia de esas herramientas y sobre la posibilidad de detectar a tiempo las situaciones de mayor vulnerabilidad.

En noviembre pasado, desde el Ministerio de Seguridad se había señalado que el área de Asistencia al Policía realizaba seguimiento sanitario de los uniformados y que una proporción reducida de las consultas estaba vinculada con problemas de salud mental. Al mismo tiempo, funcionarios provinciales plantearon que los suicidios forman parte de un problema social más amplio y no exclusivamente policial.

Para las familias de los efectivos, en cambio, el problema tiene características específicas dentro de la fuerza: horarios extensos, exposición a situaciones traumáticas, disponibilidad permanente, dificultades económicas y una cultura laboral en la que muchas veces pedir ayuda psicológica puede resultar difícil.

La muerte de Villarroel vuelve a colocar todas esas discusiones sobre la mesa.

Por ahora, la Justicia trabaja para reconstruir las últimas horas del comisario y determinar con precisión qué ocurrió en el barrio El Recodo. Mientras avanzan esas actuaciones, en la Policía de Mendoza queda nuevamente la pregunta que los casos anteriores tampoco lograron cerrar: cuántas señales de alarma pueden aparecer antes de que una crisis termine convirtiéndose en una tragedia.

Si vos o alguien cercano está atravesando una crisis o tiene pensamientos de hacerse daño, puede pedir ayuda. En Mendoza está disponible el 148, opción 0, y ante una urgencia de salud mental puede comunicarse gratuitamente al 0800-999-0091, las 24 horas. Ante una emergencia inmediata, llamar al 911.

Fuente: Los Andes

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